Autoridades de Sinaloa están rebasadas en materia de desaparición forzada por falta de agentes: Derechos Humanos
El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, señaló que la autoridad está rebasada en materia de desaparición forzada de personas, pues la Fiscalía General del Estado reconoció la falta de agentes del ministerio público e investigadores tras la crisis de seguridad que se vive.
“La autoridad había reconocido antes del 9 de septiembre que les faltaban MP, que le faltaban investigadores, o sea estaban rebasados y esta situación pues se ha profundizado, si antes era un promedio de tres personas las que no regresaban a su hogar cada 24 horas pues ahora es el doble, entonces con eso podemos imaginarnos que está rebasada la autoridad en esta materia de desaparición forzada”, expresó Loza Ochoa en entrevista este lunes al salir de una reunión con integrantes de colectivos de personas que buscan a seres queridos desaparecidos.
Falta presupuesto a Fiscalía del estado
Añadió que se tienen que redoblar las exigencias y lamentó que no se hubiera incrementado el presupuesto para la fiscalía, en particular la especializada, ya que va en detrimento del Laboratorio de Genética Forense.
“Hasta del mismo Panteón Ministerial que ahora le llaman Centro de Resguardo Temporal, del trabajo que hace la Fiscalía, pues yo allá he acompañado a los familiares en las manifestaciones que han estado realizando, incluso el jueves de la semana pasada nos reunimos ahí en la Comisión con 12 de los colectivos locales precisamente para buscar de qué manera empujamos este asunto para que sea más efectivo el trabajo de la Fiscalía Especializada”, indicó Loza Ochoa.
Agregó que en la actual crisis de violencia que se vive en la entidad se habla de más de 915 desapariciones forzadas registradas.
“Ni la misma autoridad tiene registrado todo lo que se considera de estas 915, lo tienen más los colectivos de familiares”, continuó Loza Ochoa.
Dio a conocer que al asumir la presidencia de la CEDH por una segunda ocasión lo que más se está atendiendo en primer lugar es lo que arroja la crisis de seguridad a partir del pasado 9 de septiembre, porque hay la crisis de las personas desplazadas por la violencia que se vuelve hasta un problema más difícil de calcular.
“Históricamente por ejemplo yo había participado en cinco recomendaciones cuando se dio originalmente el problema en el 2009 al 2012, luego del 2015 al 2017, estoy hablando por lo de Cosalá, Concordia y luego lo que se da en Tepuche ahí cerca de Culiacán y luego lo último allá del municipio de Sinaloa y Mocorito, son cinco recomendaciones, esto seguramente nos va reclamar una nueva recomendación por lo que estamos viviendo, pero necesito un poco más de tiempo”, reiteró.
Violencia en Sinaloa
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señaló que su plan de seguridad está funcionando, pero la crisis todavía no está resuelta.
Señaló que desconoce si en el estado existe un acuerdo entre grupos del crimen organizado, pues en Culiacán tanto el lunes y el martes no se registraron homicidios.
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“Para nosotros si hay o no hay acuerdo entre ellos ese es otro tema, pero para nosotros es que la operación funciona. No queremos decir que está resuelto el asunto tampoco, por uno o dos días, no queremos ser… esperemos que las cosas se vayan controlando, el operativo está funcionando, todos los días lo examinamos”, dijo el gobernador.
Tras cinco meses de una crisis de inseguridad que azota a Sinaloa, se han registrado 835 homicidios y la desaparición de 952 personas, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado.
Desde el domingo 9 de septiembre de 2024 a la fecha, también se han robado 2 mil 942 vehículos en todo Sinaloa, según datos de las denuncias formales presentadas ante la fiscalía estatal.
De acuerdo a registros periodísticos, tan solo en Culiacán suman 19 víctimas colaterales de hechos violentos por la crisis de seguridad, 10 de ellos fallecieron.
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El mandatario firmó una orden ejecutiva sancionando a los funcionarios de la CPI que investigan a EE.UU. y sus aliados.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que sanciona a la Corte Penal Internacional (CPI), acusándola de “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel”.
La medida impone restricciones financieras y de visado a las personas y sus familias que colaboren en las investigaciones de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses o aliados. Trump firmó la medida mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitaba Washington.
El tribunal, con sede en La Haya, dijo el viernes que “condena” la medida y dijo que Estados Unidos pretende “dañar su labor judicial independiente e imparcial”.
“La Corte respalda firmemente a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas las situaciones que se le presenten”, dijo en un comunicado.
“Seguiremos brindando justicia y esperanza a millones de víctimas de atrocidades en todo el mundo”, añadió.
En noviembre pasado, la CPI emitió una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en Gaza, lo que Israel niega. El tribunal también emitió una orden de arresto contra un comandante de Hamás.
Una hoja informativa de la Casa Blanca que circuló el jueves por la mañana acusaba a la CPI, con sede en La Haya, de crear una “vergonzosa equivalencia moral” entre Hamás e Israel al emitir las órdenes al mismo tiempo.
La orden ejecutiva de Trump dice que las recientes acciones de la CPI “sientan un precedente peligroso” que pone en peligro a los estadounidenses al exponerlos a “acoso, abuso y posible arresto”.
“Esta conducta maligna a su vez amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la importante labor de seguridad nacional y política exterior del gobierno de Estados Unidos y de nuestros aliados, incluido Israel”, dice la orden.
Añade que “ambas naciones [Estados Unidos e Israel] son democracias prósperas con ejércitos que se adhieren estrictamente a las leyes de guerra”.
No son las primeras sanciones
Estados Unidos no es miembro de la CPI y ha rechazado repetidamente cualquier jurisdicción del organismo sobre funcionarios o ciudadanos estadounidenses.
La Casa Blanca acusó a la CPI de imponer restricciones al derecho de Israel a la legítima defensa, y de ignorar a Irán y a los grupos antiisraelíes.
Trump ha criticado repetidamente a la corte y tomó varias medidas para sancionar al organismo durante su primer mandato.
En 2020, impuso sanciones a los funcionarios de la CPI que estaban investigando si las fuerzas estadounidenses habían cometido crímenes de guerra en Afganistán. Esas sanciones fueron levantadas por la administración del presidente Joe Biden.
El mes pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de sancionar a la CPI, pero el proyecto de ley fracasó en el Senado. La CPI se fundó en 2002, tras la disolución de Yugoslavia y el genocidio de Ruanda, para investigar presuntas atrocidades. Más de 120 países han ratificado el Estatuto de Roma, que constituyó la CPI, mientras que otros 34 lo han firmado y podrían ratificarlo en el futuro.
Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma. La CPI es un tribunal de última instancia y está destinada a intervenir únicamente cuando las autoridades nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
Durante su mandato, el presidente Biden también criticó la orden de arresto de la CPI contra Netanyahu, calificando la medida de “escandalosa” y diciendo que no había equivalencia entre Israel y Hamás.
Trump insiste en su propuesta sobre Gaza
La firma de Trump de su última orden ejecutiva se produce después de que el martes, durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí, anunciara un plan para que Estados Unidos “se apodere” de Gaza, reasiente a su población palestina y convierta el territorio en la “Riviera del Medio Oriente”.
Después de que los líderes árabes y la ONU condenaran la idea, el presidente estadounidense la reiteró en su plataforma de redes sociales Truth Social el jueves.
“Israel entregaría la Franja de Gaza a Estados Unidos al concluir los combates”, escribió Trump.
Repitió que el plan implicaría reasentar a los palestinos y que no se desplegarían soldados estadounidenses.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles que cualquier desplazamiento sería temporal.
El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que los habitantes de Gaza se irían por un período “interino” mientras se lleva a cabo la reconstrucción, según la propuesta.
Trump firmó la orden que sanciona a la CPI mientras Netanyahu continuaba su visita en Washington, donde se reunió con legisladores republicanos y demócratas en el Capitolio.
El primer ministro israelí también le entregó a Trump como regalo un buscapersonas dorado.
Este es una referencia a la operación mortal de Israel contra la milicia libanesa Hezbolá en septiembre del año pasado, utilizando dispositivos de comunicación con trampas explosivas.
Decenas de personas murieron y miles resultaron heridas en los ataques.
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