Christian Von Roehrich, exdelegado de Benito Juárez acusado de estar implicado en una red de corrupción inmobiliaria, fue detenido en McAllen, Texas, cuando intentaba cruzar, de manera ilegal, a Estados Unidos.
De acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, el exfuncionario fue deportado de manera inmediata por la garita de Reynosa, Hidalgo, en Tamaulipas.
Se espera que en las próximas horas sea trasladado al Reclusorio Norte, en la Ciudad de México.
Christian Von Roehrich está acusado por la Fiscalía de la Ciudad de México del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.
Agentes de @PDI_FGJCDMX se trasladan a Reynosa, Tamaulipas, a fin de aprehender al ex alcalde en Benito Juárez, Christian "N". Fue deportado luego de que intentó ingresar a los EUA. Agradecemos la colaboración de autoridades de ese país y @FGRMexico. En breve más información
— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 21, 2023
Según la fiscalía, Christian Von Roehrich posiblemente realizó actividades financieras ilícitas y encabezó una red de corrupción conformada por funcionarios de la demarcación que otorgaban permisos ilegales de construcción, extorsionaban a empresarios y hacían desalojos violentos.
Desde diciembre de 2022, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) pidió a las autoridades federales emitir una ficha roja y una alerta migratoria en contra de Von Roehrich, a quien acusa de participar en un esquema de corrupción con desarrollos inmobiliarios.
De acuerdo con la acusación de la fiscalía, el exdelegado de la Benito Juárez se benefició con la compra de dos departamentos a cambio de otorgar los permisos de construcción del lujoso complejo City Towers Green & Black.
Además, según la fiscalía, funcionarios panistas de la demarcación pidieron a un grupo empresarial que pagara anualmente una pista de hielo y ejecutara servicios sin cobrarles.
En 2014, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de Ciudad de México (PAOT) alertó acerca de probables irregularidades en diversas construcciones de la Benito Juárez. En ese entonces, el delegado era el panista Jorge Romero, por lo que la PAOT le solicitó verificar el estatus de dichas construcciones; sin embargo, todo permaneció igual.
Fue hasta 2021 que el caso estalló debido a una lavadora mal instalada en uno de los edificios con denuncias de irregularidades y fallas en su construcción.
La Fiscalía de la CDMX comenzó a indagar y detectó que uno de los propietarios de la inmobiliaria que construyó dicho edificio era Nicias Aridjis, exdirector de Obras de la Benito Juárez y a quien investigaban porque tenía un par de propiedades que no aparecían en su declaración patrimonial.
Tras realizar más diligencias, la fiscalía detectó que un grupo de funcionarios del PAN, incluido Von Roehrich, recibió de varias empresas constructoras propiedades en calidad de sobornos, a cambio de obtener permisos de construcción que en algunos casos eran ilegales.
Hasta el momento, según la fiscalía local, ya suman 130 propiedades presuntamente vinculadas a este caso.
Por el caso de corrupción inmobiliaria hay otros tres exfuncionarios de la Benito Juárez detenidos.
Ismael “N” se desempeñó como contralor interno, asesor de la entonces jefatura delegacional, director de Recursos Materiales y Servicios Urbanos y director general de Administración. José Ramón “N” fue subdirector de Servicios Generales en la Benito Juárez, y Alejandro “N”, subdirector de Servicios Generales.
Países como Argentina, Venezuela, Brasil y Uruguay recibieron a decenas de miles de italianos, y en los últimos años la solicitud de ciudadanía italiana había aumentado significativamente, según el gobierno.
Italia anunció un cambio en las reglas y restricción de los criterios sobre quiénes tienen derecho a la ciudadanía de ese país.
Tras la aprobación el viernes de un decreto-ley en el Consejo de Ministros, solo personas que tengan al menos un padre, madre, abuelo o abuela nacido en Italia -y que nacieron y viven en el extranjero- podrán optar por la nacionalidad italiana.
Anteriormente, no existía ese límite generacional: cada interesado en obtener la nacionalidad solo debía comprobar un vínculo con alguien nacido en Italia después de 1861 (cuando el reino de Italia fue creado).
Esta medida afecta principalmente a argentinos, uruguayos, brasileños y venezolanos, cuyos países recibieron decenas de miles de inmigrantes italianos entre la segunda parte del siglo XIX y la primera del siglo XX.
Solo el año pasado, 30.000 argentinos recibieron la ciudadanía italiana, según cifras oficiales.
De acuerdo a lo señalado por el gobierno de Italia, la decisión tiene como objetivo establecer límites más precisos y “evitar abusos” como los negocios en torno a la obtención del pasaporte.
“La ciudadanía debe ser algo serio”, señaló Antonio Tajani, ministro de Relaciones Exteriores de Italia.
Las autoridades informaron que las nuevas reglas, propuestas por el ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, no afectan a quienes ya tienen la ciudadanía italiana.
Por otro lado, Italia tiene más de 60.000 casos pendientes de reconocimiento de la ciudadanía. Todos aquellos que hayan iniciado el trámite antes del 27 de marzo de 2025 a la medianoche seguirán estando regidos por la legislación anterior, informó Tajani.
Tajani aclaró que el principio de ius sanguinis —o “derecho de sangre”, usado por muchos países como criterio para definir quién tiene derecho a la ciudadanía— no dejará de existir, sino que estará restringido hasta la segunda generación de descendencia.
El gobierno informó que, además del decreto-ley aprobado, habrá una segunda fase de esta reforma con dos proyectos de ley que enviarán al Parlamento.
Con ellos se buscará que los italianos “residentes en el exterior mantengan vínculos reales con Italia en el largo tiempo”.
Esas personas deberán “ejercer (alguno de) los derechos y deberes de ciudadano al menos una vez cada 25 años”, afirmó el ministro.
Entre esos derechos y deberes, Tajani mencionó haber votado, haber renovado el pasaporte o la cédula de identidad, o haber pagado impuestos si tenía que hacerlo.
“También será necesario que las personas nacidas en el extranjero registren su partida de nacimiento antes de los 25 años de edad. De lo contrario, ya no podrán solicitar la ciudadanía italiana”, expresó el ministro.
Por otro lado, “los descendientes de italianos obtendrán la ciudadanía automáticamente si nacen en Italia o si antes de su nacimiento uno de sus progenitores ciudadanos ha residido al menos dos años continuos en nuestro país”, informó Tajani.
Otra forma de que los hijos de aquellos que obtuvieron la ciudadanía italiana por ser descendientes de un italiano puedan convertirse en ciudadanos italianos será que se vayan a vivir dos años a Italia (salvo que hayan nacido en ese país).
El gobierno de Italia prometió revisar “los procedimientos para el reconocimiento de la ciudadanía”, y para ello anunció que los trámites de ciudadanía dejarán de hacerse en los consulados, sino que se harán en una oficina específica en Roma.
El gobierno de Giorgia Meloni espera que esa oficina funcione plenamente dentro de un año.
“Los consulados se concentrarán en la prestación de servicios a aquellos que son ciudadanos, no más en la ‘creación’ de nuevos ciudadanos”, señala un comunicado del ministerio.
“Se proporcionarán más actualizaciones a medida que estén disponibles”, señala el comunicado.
La medida podría tener un impacto significativo en Sudamérica, especialmente en Brasil y Argentina, países que recibieron grandes oleadas de inmigración italiana a finales del siglo XIX y principios del XX.
Los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano muestran un “importante aumento de los reconocimientos de ciudadanía” en estos lugares.
Desde finales de 2014 hasta finales de 2024, el número de ciudadanos italianos residentes en el extranjero aumentó de aproximadamente 4,6 millones a 6,4 millones, un incremento de 40%.
Según el ministerio, en Argentina el número de reconocimientos aumentó de alrededor de 20.000 en 2023 a 30.000 al año siguiente.
En Brasil, el total aumentó de 14.000 en 2022 a 20.000 el año pasado.
Venezuela tuvo casi 8.000 reconocimientos de ciudadanía italiana en 2024.
El gobierno italiano estima que, potencialmente, el número de descendientes de italianos en todo el mundo que podrían solicitar la ciudadanía se sitúa entre 60 y 80 millones, según la legislación vigente.
El gobierno italiano sostiene que la reforma “alinea los criterios para el reconocimiento de la ciudadanía italiana” con los de otros países europeos y “liberará recursos para hacer más eficientes los servicios consulares, permitiéndoles centrarse exclusivamente en quienes realmente lo necesitan, por su vínculo concreto con Italia”.
“El sistema actual afecta negativamente a la eficiencia de las oficinas administrativas o judiciales italianas, que se ven sometidas a presión por parte de quienes se trasladan a Italia únicamente para intentar acelerar el proceso de reconocimiento de la ciudadanía, fomentando además fraudes o prácticas irregulares”, concluye el ministerio.
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