A 10 años del surgimiento de los grupos de autodefensa en Michoacán, han nacido falsas guardias comunitarias y la actividad criminal en la zona de Tierra Caliente ahora la encabeza un cártel distinto al que el movimiento civil armado combatió en 2013.
Las autodefensas iniciaron para enfrentar la violencia generada por Los Caballeros Templarios, pero después de un periodo de relativa tranquilidad —señalan pobladores— el acecho volvió y esta vez es dirigido por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De los 32 pueblos donde se formaron grupos de autodefensa, solo en cinco se mantienen estas fuerzas civiles: Tepalcatepec, Coahuayana, Aquila, Los Reyes y Peribán.
Ana Delia Valencia Chávez, habitante de Tepalcatepec e integrante del movimiento de autodefensas, señala que este periodo ha marcado su vida y la de mucha gente.
En el kiosko de la plaza principal de Tepalcatepec, la también madre de familia afirma: “Nadie puede valorar la vida si no se vive con libertad y hoy en día lo estamos viendo”.
Ana Delia recuerda el 24 de febrero de 2013 en el municipio, donde viven unas 42 mil personas.
“Ese día, la gente gritaba incansablemente que querían ya vivir en paz. En este municipio, valoramos mucho la vida, pero más la unión de la gente”, destaca.
Afirma que durante el levantamiento en armas en la localidad vivieron una etapa de mucho duelo y miedo, pero también de gran esperanza.
“Nos hartamos de ver que, de la noche a la mañana, amanecían el montón de jovencitas y jovencitos muertos en las cajuelas de los carros, sin motivo ni razón”.
Las desapariciones, las extorsiones, los secuestros, los despojos de propiedades y otros delitos de alto impacto eran el común denominador de cada día.
Tepalcatepec fue el primer municipio completo que se levantó en armas, junto con la tenencia Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, de Buenavista.
A los pocos días y con el correr de las semanas, otras localidades, principalmente de Tierra Caliente, también conformaron sus grupos de autodefensa.
En total, las agrupaciones de 32 pueblos fueron reconocidas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien mandó a la Policía Federal a respaldar las acciones de la lucha civil armada.
Antes de ello y de la firma del Acuerdo para la Seguridad y el Desarrollo para Michoacán, que encabezó el entonces comisionado Alfredo Castillo Cervantes, el Consejo General de Autodefensas y Guardias Comunitarias dio a conocer el levantamiento de un pueblo más.
El 13 de enero de 2014, Héctor ‘Teto’ Zepeda Navarrete comenzó el grupo de autodefensas del municipio de Coahuayana, donde la lucha civil armada aún continúa.
La decisión de Zepeda surgió tras el asesinato de su hermano Julio, quien fue atacado por sicarios al servicio de Los Caballeros Templarios.
Zepeda y pobladores que se le unieron, cansados del grupo criminal, tomaron la presidencia municipal de ese lugar ubicado en la región de la sierra y costa de Michoacán.
Contrario a otros casos, para Zepeda ha sido imposible regresar a sus actividades previas: compraventa de autopartes y mecánica automotriz. Si bien su familia ha conservado el negocio, él optó por contratar gente para que lo atienda y actualmente pasa la mayor parte de su tiempo al frente del cuerpo de seguridad de Coahuayana, municipio de 14 mil 500 habitantes colindante con Colima.
Hoy, Zepeda acusa que las autoridades, lejos de perseguir a los criminales, persiguen a quienes hacen su tarea de brindar seguridad. Más aún, insiste en que esa lucha no tiene fin, ya que antes enfrentaban a Los Caballeros Templarios y ahora es el Cártel Jalisco el que ataca y acecha.
A nivel estatal, la violencia ha sido una constante en Michoacán. Tan solo en 2022, el estado registró 2 mil 423 homicidios dolosos, lo que lo ubicó como la cuarta entidad del país con más crímenes de este tipo.
En estos 10 años desde que se formaron las autodefensas, varios de sus integrantes han sido ligados con grupos criminales y una agrupación incluso fue blanco de un arresto masivo.
Se trata de Pueblos Unidos, que dieron a conocer su conformación en 2019 y prometían cuidar al sector agrícola.
Ese grupo inició en el municipio de Ario de Rosales; después se extendió a Taretan y casi de manera simultánea a Nuevo Urecho. Sus representantes de ese entonces informaron que su lucha era contra el cártel de Los Viagras y con esa bandera tomaron más municipios.
Pero no tenían ni un año de operación cuando las autoridades de seguridad detectaron que esos grupos se convirtieron en células al servicio del crimen organizado, según se informó.
Para entonces, Pueblos Unidos ya enfrentaba acusaciones por secuestros, desapariciones, extorsiones, cobro de piso, robo de vehículos y homicidios.
El 15 de agosto pasado, 167 integrantes de ese grupo fueron detenidos por fuerzas federales y estatales. Pueblos Unidos fue identificado como un grupo armado al servicio de Cárteles Unidos.
Los reportes oficiales señalan que el grupo armado se trasladaba en 28 camionetas y un vehículo blindado sobre la carretera libre que comunica Salvador Escalante con Uruapan. El convoy fue interceptado por personal de Guardia Nacional, Ejército y Guardia Civil.
En el operativo, fueron capturados 164 adultos y tres menores de edad, a quienes les aseguraron 142 armas largas y 44 más cortas. También les incautaron los 29 vehículos.
Un día después, los tres menores fueron vinculados a proceso por un juez federal y, el 21 de agosto, también fueron vinculados a proceso los 164 adultos, a quienes les fincaron cargos por delitos federales.
Principalmente, se les acusó de portación y posesión de armas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con las agravantes de actuar en grupo y de portar más de dos armas de fuego.
El Departamento de Seguridad Nacional de EU empezó a informar a extranjeros con permiso de entrada al país bajo el programa de parole humanitario que este ha sido cancelado.
A cientos de miles de inmigrantes a quienes se les dio un permiso especial para ingresar a Estados Unidos se les está notificando que deben abandonar el país de inmediato.
“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comenzó a enviar notificaciones de terminación a los extranjeros con permiso de entrada a Estados Unidos (EE. UU.) bajo el programa de parole de la era Biden para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV)”, informó esa entidad gubernamental en un comunicado, el jueves.
“Los mensajes les informaron a los inmigrantes ilegales que su parole había sido cancelado y que su autorización de empleo, basada en el parole, había sido revocada, con efecto inmediato. Estas notificaciones se enviarán a las direcciones de correo electrónico proporcionadas por los solicitantes”.
Bajo el mecanismo del parole humanitario, un grupo de ciudadanos de esos cuatro países estaban temporalmente protegidos de la deportación.
El DHS dijo que a más de medio millón de personas de los cuatro países se les permitió permanecer en Estados Unidos durante dos años bajo las órdenes emitidas por el entonces presidente Joe Biden.
Se espera que la instrucción enfrente desafíos legales de quienes se oponen al programa de deportación masiva del presidente Donald Trump.
Durante su mandato, Biden amplió la protección, que se denomina parole humanitario y se remonta a la Guerra Fría, debido a las condiciones en cada uno de los cuatro países.
El parole humanitario es una figura legal con una larga historia y ha sido utilizada por gobiernos de distinto signo en múltiples ocasiones a lo largo de las últimas siete décadas, recordó el Comité Internacional del Rescate, una organización fundada en 1933 por Albert Einstein para ayudar a refugiados a conseguir protección en otras tierras.
El DHS había dicho anteriormente que hasta finales de noviembre de 2024, un total de 531.670 personas recibieron un permiso para permanecer en Estados Unidos bajo el programa, y que, como resultado, los cruces ilegales de ciudadanos de los cuatro países habían disminuido en un 98%.
Sin embargo, no está claro exactamente cuántas personas se verán afectadas por la nueva medida, ya que algunos de los inmigrantes de esos países pudieron haber adquirido un estatus legal para permanecer en Estados Unidos bajo otros programas de visas.
El gobierno de Biden había dicho que los inmigrantes, cada uno de los cuales requería un patrocinador que estuviese en Estados Unidos, fueron evaluados y verificados. Sin embargo, el gobierno de Trump no estuvo de acuerdo.
La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, calificó el programa de la era Biden de “desastroso” y en un comunicado dijo que abrió la puerta a reclamaciones fraudulentas y delitos y que socavaba a los trabajadores estadounidenses.
El programa se convirtió en un tema durante la campaña presidencial del año pasado, particularmente cuando Trump y sus aliados centraron la atención en ciudades como Springfield, Ohio, que en los últimos años ha visto una gran afluencia de inmigrantes haitianos, a muchos de los cuales se les permitió permanecer en el país bajo el programa.
Trump y otros líderes hicieron declaraciones incendiarias sobre los inmigrantes haitianos, como, por ejemplo, que comían mascotas, sin ningún tipo de evidencia.
Sin embargo, el compañero de fórmula de Trump, el ahora vicepresidente JD Vance, defendió lo que describió como “crear una historia” para resaltar los altos niveles de inmigración y lo que llamó “el sufrimiento del pueblo estadounidense”.
El presidente Trump canceló la orden del parole humanitario de Biden con una orden ejecutiva propia poco después de que asumiera el cargo en enero.
En mayo, el Tribunal Supremo confirmó la suspensión del programa del parole humanitario mientras continuaba una batalla legal en los tribunales de primera instancia.
El Departamento de Seguridad Nacional ha prometido ayuda para los viajes y un “bono de salida” de US$1.000 a los migrantes sin permiso para estar en Estados Unidos que abandonen voluntariamente el país.
El jueves, en su cuenta en la red social X, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, lo reiteró:
“Nuestro mensaje a los inmigrantes ilegales es claro: VAYÁNSE YA. El contribuyente estadounidense ofrece generosamente a quienes se encuentran en el país ilegalmente $1.000 y un vuelo gratis a casa a través de la aplicación CBP Home.
La autodeportación es la mejor manera, la más segura y la más eficiente en costos, de salir de Estados Unidos y evitar ser arrestado. Si no se va ahora, lo encontraremos, lo arrestaremos y lo deportaremos”.
*Con información del periodista de la BBC Mike Wendling
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