El reclutamiento y asesinato de César, un adolescente, sacude Iguala
A principios de febrero, César asistió a su escuela, la Secundaria Técnica 213 Bandera Nacional, en Iguala, Guerrero, y como siempre fue amable con sus compañeros, quizá un tanto reservado. Nada diferente a lo habitual. Al día siguiente, su cadáver fue abandonado en un camino de terracería en los márgenes de la ciudad, cuando sus familiares apenas intentaban hacer el reporte oficial de su desaparición.
El adolescente cursaba el tercer año del grupo G, en el turno vespertino de esta secundaria, ubicada cerca de las instalaciones de la feria de esta ciudad de la zona Norte de Guerrero. En su escuela lo describen como un chico tranquilo, educado, que cumplía con los trabajos y las tareas escolares.
Por eso las circunstancias de su muerte generan la indignación de quienes lo conocieron, pero también de quienes no, pues el rasgo que más debería pesar es que era un menor de edad, casi un niño.
El cadáver de César tenía heridas de balas y las manos mutiladas, las cuales dejaron sobre un par de cartulinas con texto, a un costado del resto de su cuerpo. Uno de esos textos, hay evidencias, lo escribió el propio adolescente en su cautiverio.
Con el hallazgo del cadáver circuló un video de la privación ilegal del menor. César está con el torso desnudo, donde tiene heridas. Primero dice su nombre y enseguida hace algunas supuestas confesiones a pregunta expresa de alguien que le interroga con voz distorsionada, que serían la razón de su muerte.
Menciona también unos nombres, uno de un presunto líder criminal, otro de la persona con quien supuestamente trabajaba de manera directa, y dos más de los compañeros con quienes habría cometido “acciones ilícitas”, por las que recibiría dos mil pesos y el resto cinco mil.
Asesinato de César, un mensaje de brutalidad
La difusión en redes sociales del video de brutalidad extrema, con la saña implícita, son elementos de un crimen atroz, para generar psicosis.
En la parte final del video, César es grabado cuando transcribe de una hoja de papel a una cartulina verde fluorescente, que lo usaron para generar psicosis, para que no hicieran la feria municipal de Iguala, una celebración anual en la que los gobiernos municipal y estatal ponen un interés especial. La cartulina está manchada de sangre; el adolescente sangraba de los brazos y tenía marcas de golpes en la espalda.
De acuerdo con Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia de América Latina y El Caribe, el crimen atroz responde a una secuencia de circunstancias de las que pudo ser víctima el menor: “víctima de reclutamiento, posteriormente víctima de desaparición, de tortura, de mutilación y de asesinato, que podría terminar con la victimización o la revictimización institucional, acusándolo de que se merecía morir por que estaba en un grupo”.
La tarde del martes 11 de febrero, cuando hallaron su cadáver, unos familiares acudieron a la escuela secundaria a solicitar sus documentos personales para presentar la denuncia de desaparición, pero por la tarde supieron que el cadáver que abandonaron cerca del asentamiento El Tomatal era el de César.
Una persona que conoció al adolescente dijo que su familia no tenía cómo cubrir los gastos de su funeral, que debió comenzar anoche.
Pérez García comenta que uno de los riesgos que suelen enfrentar los jóvenes en diferentes países de América Latina con contextos de violencia criminal, es el reclutamiento forzado por grupos de interés para quienes “son desechables cuando ya no son útiles”.
El asesinato de César fue difundido por la prensa estatal el pasado 12 de febrero, justo cuando la organización Tejiendo Redes Infancia de América Latina y El Caribe conmemora, desde 2002, el Día de las Manos Rojas, “un grito global contra el reclutamiento forzado de niños soldados”. Con esta actividad buscan exponer que es un problema que persiste en México desde hace unos 20 años, contextualizado en una supuesta estrategia de seguridad contra el crimen organizado.
La organización señala que esta práctica “se configura como un crimen internacional que propicia un aumento en la violencia y el trágico efecto dominó en el que las víctimas se convierten en perpetradoras”.
Mientras que el Fondo de las Naciones Unidas (Unicef) en 2024 calculó que cada día cinco niñas y niños son reclutados como soldados.
La organización presta atención en que el Estado Mexicano ha incumplido con su responsabilidad de prevenir y castigar el reclutamiento forzado de niñas y niños, porque ha obviado las recomendaciones enviadas por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitidas desde 2011.
En el caso de Guerrero, la violencia contra los menores, que podría configurarse dentro de éstos y otros patrones de violencia tampoco son novedosos, porque han ocurrido más casos como el de César, quienes terminan señalados como responsables de las circunstancias que son víctimas. El 12 de febrero, por ejemplo, la prensa local difundió el asesinato a balazos de dos menores de 12 y 14 años en la comunidad de Xochitempa, municipio de Chilapa.
En el contexto particular de Iguala, después que fue pública la muerte del menor a quien en el video le atribuyen dejar mensajes contra la realización de la feria del municipio, el Ayuntamiento difundió a través de las redes sociales oficiales el siguiente mensaje: “¡Todo está listo para celebrar con orgullo a nuestro símbolo patrio en la Feria de la Bandera 2025!”.
Después difundieron un recorrido del alcalde Erik Catalán Rendón, junto a servidores públicos estatales, en las instalaciones de la feria. “Con el firme compromiso de ofrecer un espacio seguro y familiar, se confirmó la coordinación interinstitucional para la realización de la Feria de la Bandera 2025, gracias al respaldo total de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda”, se lee en el mensaje que acompaña el video.
En este contexto, Pérez García deja una pregunta elemental alrededor del caso de César. “¿En dónde estuvo el Estado? Tenía la obligación de estar y no estuvo”.
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El mandatario firmó una orden ejecutiva sancionando a los funcionarios de la CPI que investigan a EE.UU. y sus aliados.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que sanciona a la Corte Penal Internacional (CPI), acusándola de “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel”.
La medida impone restricciones financieras y de visado a las personas y sus familias que colaboren en las investigaciones de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses o aliados. Trump firmó la medida mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitaba Washington.
El tribunal, con sede en La Haya, dijo el viernes que “condena” la medida y dijo que Estados Unidos pretende “dañar su labor judicial independiente e imparcial”.
“La Corte respalda firmemente a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas las situaciones que se le presenten”, dijo en un comunicado.
“Seguiremos brindando justicia y esperanza a millones de víctimas de atrocidades en todo el mundo”, añadió.
En noviembre pasado, la CPI emitió una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en Gaza, lo que Israel niega. El tribunal también emitió una orden de arresto contra un comandante de Hamás.
Una hoja informativa de la Casa Blanca que circuló el jueves por la mañana acusaba a la CPI, con sede en La Haya, de crear una “vergonzosa equivalencia moral” entre Hamás e Israel al emitir las órdenes al mismo tiempo.
La orden ejecutiva de Trump dice que las recientes acciones de la CPI “sientan un precedente peligroso” que pone en peligro a los estadounidenses al exponerlos a “acoso, abuso y posible arresto”.
“Esta conducta maligna a su vez amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la importante labor de seguridad nacional y política exterior del gobierno de Estados Unidos y de nuestros aliados, incluido Israel”, dice la orden.
Añade que “ambas naciones [Estados Unidos e Israel] son democracias prósperas con ejércitos que se adhieren estrictamente a las leyes de guerra”.
No son las primeras sanciones
Estados Unidos no es miembro de la CPI y ha rechazado repetidamente cualquier jurisdicción del organismo sobre funcionarios o ciudadanos estadounidenses.
La Casa Blanca acusó a la CPI de imponer restricciones al derecho de Israel a la legítima defensa, y de ignorar a Irán y a los grupos antiisraelíes.
Trump ha criticado repetidamente a la corte y tomó varias medidas para sancionar al organismo durante su primer mandato.
En 2020, impuso sanciones a los funcionarios de la CPI que estaban investigando si las fuerzas estadounidenses habían cometido crímenes de guerra en Afganistán. Esas sanciones fueron levantadas por la administración del presidente Joe Biden.
El mes pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de sancionar a la CPI, pero el proyecto de ley fracasó en el Senado. La CPI se fundó en 2002, tras la disolución de Yugoslavia y el genocidio de Ruanda, para investigar presuntas atrocidades. Más de 120 países han ratificado el Estatuto de Roma, que constituyó la CPI, mientras que otros 34 lo han firmado y podrían ratificarlo en el futuro.
Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma. La CPI es un tribunal de última instancia y está destinada a intervenir únicamente cuando las autoridades nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
Durante su mandato, el presidente Biden también criticó la orden de arresto de la CPI contra Netanyahu, calificando la medida de “escandalosa” y diciendo que no había equivalencia entre Israel y Hamás.
Trump insiste en su propuesta sobre Gaza
La firma de Trump de su última orden ejecutiva se produce después de que el martes, durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí, anunciara un plan para que Estados Unidos “se apodere” de Gaza, reasiente a su población palestina y convierta el territorio en la “Riviera del Medio Oriente”.
Después de que los líderes árabes y la ONU condenaran la idea, el presidente estadounidense la reiteró en su plataforma de redes sociales Truth Social el jueves.
“Israel entregaría la Franja de Gaza a Estados Unidos al concluir los combates”, escribió Trump.
Repitió que el plan implicaría reasentar a los palestinos y que no se desplegarían soldados estadounidenses.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles que cualquier desplazamiento sería temporal.
El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que los habitantes de Gaza se irían por un período “interino” mientras se lleva a cabo la reconstrucción, según la propuesta.
Trump firmó la orden que sanciona a la CPI mientras Netanyahu continuaba su visita en Washington, donde se reunió con legisladores republicanos y demócratas en el Capitolio.
El primer ministro israelí también le entregó a Trump como regalo un buscapersonas dorado.
Este es una referencia a la operación mortal de Israel contra la milicia libanesa Hezbolá en septiembre del año pasado, utilizando dispositivos de comunicación con trampas explosivas.
Decenas de personas murieron y miles resultaron heridas en los ataques.
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