Asesinan en Fresnillo, Zacatecas, a sobrino de David y Ricardo Monreal
Personas armadas asesinaron a Jorge Antonio Monreal Martínez, sobrino del legislador Ricardo Monreal y del gobernador David Monreal. Se trata del segundo miembro de la familia asesinado en menos de una semana.
Los hechos ocurrieron en la comunidad de Plateros en Fresnillo, Zacatecas.
El hecho fue confirmado por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno quien también indicó el reforzamiento de seguridad en el municipio para dar con los responsables.
“Fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno están fortaleciendo los operativos en la comunidad de Plateros, en donde lamentablemente se registró el homicidio de Jorge Antonio Monreal Martínez”.
La víctima se desempeñaba en el área de Desarrollo Social del ayuntamiento de Fresnillo.
Esta mañana el gobernador David Monreal recibió a 800 solados procedentes de Jalisco, Nayarit y Aguascalientes quienes se integrarán al 97 Batallón de Infantería para realizar labores de seguridad.
Tras el asesinato de su sobrino, el mandatario publicó que no habrá impunidad y que se sigue buscando la pacificación del estado.
“Ante los trágicos sucesos de esta semana, en los que ciudadanos y familiares fueron asesinados, les expreso a las y los zacatecanos que no habrá impunidad; seguiremos luchando por la pacificación en Zacatecas. Tengan confianza, junto al presidente López Obrador lo lograremos”.
Asesinan a sobrino y cuñado de Ricardo Monreal
Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, y cuñado del senador Ricardo Monreal, fue asesinado a balazos por hombres armados.
Los hechos ocurrieron la mañana de este 7 de febrero sobre la avenida prolongación Sonora, en la colonia Tecnológica.
De acuerdo con los reportes, Pérez Guardado estaba trabajando con personal de la dependencia que encabezaba cuando llegaron sujetos armados a bordo de una motocicleta y le dispararon en varias ocasiones.
Tras los hechos, se hizo un reporte al Sistema de Emergencias 911 y al lugar llegaron elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno para resguardar el área e implementar un operativo de búsqueda.
El secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Muguerza, informó sobre lo acontecido a través de sus redes sociales: “Hace unos momentos se registró una agresión en contra de un funcionario público del municipio de Fresnillo en el que perdió la vida”.
Juan Pérez Guardado era hermano de María de Jesús Pérez Guardado, esposa del senador Ricardo Monreal cuyo hermano, Saúl Monreal, es alcalde de Fresnillo.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el municipio de Fresnillo, en Zacatecas, continúa a la cabeza como la ciudad con la mayor percepción de inseguridad del país, con 96.4%.
En 2023, en Zacatecas se registraron 977 víctimas de homicidio doloso, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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El presidente Noboa nombró a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador tras la suspensión de Abad por 150 días.
A solo tres meses de las elecciones en las que el presidente de Ecuador buscará renovar su mandato, el gobierno de Daniel Noboa desplazó a la vicepresidenta, Verónica Abad, de su cargo.
La decisión llega después de que el Ministerio de Trabajo suspendiera de manera temporal a Abad, que además es embajadora de la paz de Ecuador ante Israel, por haberse demorado en un trámite diplomático.
Para los abogados constitucionalistas consultados, la decisión es “absoluta y abiertamente inconstitucional” debido a la legitimidad de origen del cargo de vicepresidente que es el voto directo de una mayoría de ecuatorianos.
“Es llamativo que, a través de un sumario administrativo, una funcionaria designada por el presidente –que es la ministra de Trabajo– sancione a otra funcionaria que fue elegida a través del voto popular”, le dice a BBC Mundo Sebastián López, doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
La cartera de Trabajo anunció el sábado que suspendía a la vicepresidenta por 150 días por “abandono de trabajo” al no haberse presentado en la embajada de Ecuador en Turquía el 1 de septiembre como estaba dispuesto, sino el 9 de ese mes.
En su lugar, el presidente designó este lunes a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador. Moya, que en campaña había sido pensada para ocupar el cargo de ministra de Economía y Finanzas, estaba al frente de la secretaría de Planificación.
Para los analistas, la decisión del presidente de nombrar a una nueva “vicepresidenta encargada” para reemplazar a Abad debe ser leída en clave electoral.
Esto sería, dicen, porque Noboa, que buscará renovar su mandato en febrero, no quiere que Abad asuma en su lugar cuando él tenga que dimitir para empezar su campaña.
Abad asegura que en el último año Noboa no ha hecho otra cosa que inhabilitarla por varias vías para que no asuma la presidencia durante la campaña, tal como dispone la Constitución de Ecuador.
“Denuncio que [el presidente Noboa] ha vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas”, expresó Abad en un video difundido en sus redes oficiales este domingo.
Los motivos de la suspensión
Si bien el gobierno argumentó que esta decisión responde al cumplimiento del artículo 150 de la Constitución, que establece las normas para la renuncia del presidente o vicepresidente, los motivos parecen más políticos que institucionales.
La desconfianza de Noboa hacia Abad quedó expuesta a finales de 2023, cuando el presidente la nombró embajadora por la paz en Israel en un intento de mantenerla fuera del país y limitar su influencia en Ecuador.
“Es cuestionable que a través de un sumario administrativo se pretenda minar la legitimidad de una autoridad electa a través del voto popular directo”, dice el especialista en derecho Sebastián López.
En aquel momento, Abad señaló que su nombramiento como diplomática al mismo tiempo que debía ejercer el puesto de vicepresidenta no era más que una estrategia de Noboa para “alejarla” del poder.
Abad ha declarado que Noboa la ha presionado en más de una oportunidad para que renuncie a su cargo, mientras que desde el entorno de Noboa aseguran que no confían en ella para la posible sucesión temporal de la presidencia durante la campaña electoral.
Abad debía presentarse ante la embajada de su país en Turquía, país al que fue trasladada por razones de seguridad en medio del incremento de las tensiones por el conflicto de Israel en Gaza en Medio Oriente.
En ese contexto es que el Ministerio de Trabajo la sanciona por no presentarse en la fecha requerida.
“El presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara para el 6 de enero de 2025”, declaró Abad en un video que difundió en redes sociales.
Abad indicó en más de una oportunidad que se sentía perseguida y que había recibido presiones para renunciar, por eso pidió a la Asamblea que revise la resolución del Ministerio de Trabajo.
“La reciente suspensión de mi cargo como vicepresidenta es un claro reflejo de un gobierno que se ha desviado de su propósito, que ha optado por el camino de la represión y el miedo, en lugar de la transparencia y el respeto a la voluntad popular”, señaló.
Qué caminos abre la decisión
Para los especialistas en derecho, la decisión del gobierno abre un camino incierto en la política ecuatoriana que podría definirse en los próximos días.
Entre las posibilidades la vicepresidenta tiene la opción de cuestionar constitucionalmente, a través de una “acción de protección”, la decisión adoptada por el Ministerio de Trabajo.
“Pero me parece que los tiempos no le van a ser suficientes, a pesar de que tiene un mecanismo de impugnación”, dice el doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Para el especialista, el recurso puede ser inefectivo porque hasta que finalmente se concrete la medida habrán pasado los 150 días de sanción y deberán presentarse a una nueva elección.
La vicepresidenta desplazada apunta a responsabilizar al Estado en el plano internacional. Es decir, un cuestionamiento ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, algo que ya tiene antecedentes.
“Ecuador tendrá una responsabilidad y una condena internacional, pero muy poco de esto le importa al presidente actual”, opina el especialista.
“Lo que más me preocupa como profesor de Derecho Constitucional es cómo se ha trastocado el sentido constitucional y cómo se ha abusado de la institucionalidad”.
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