La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) confirmó el asesinato de 11 personas en la comunidad Morelia, en el municipio de Chicomuselo, una zona disputada por grupos del crimen organizado.
La dependencia dio a conocer que comenzó con las investigaciones correspondientes contra quien o quienes resulten responsables por los 11 homicidios ocurridos en las últimas horas.
Asimismo, indicó en un comunicado que se llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos y se realizó la identificación con los familiares.
“El Grupo Interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) a través del Fiscal del Ministerio Público de Chicomuselo realizaron el levantamiento de los cuerpos haciendo un reconocimiento médico de los mismos y efectuando la diligencia de identificación de cadáveres con los familiares”, señaló el comunicado de la dependencia.
Agregó que el Grupo Interinstitucional lleva a cabo patrullajes en la región “para garantizar la paz en la zona”.
Chicomuselo es un municipio disputado por grupos del crimen organizado. El pasado mes de enero, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) explotó ilegalmente una mina de barita.
Según pobladores, esto ocasionó que creciera la tensión en la zona ante la presencia del Cártel de Sinaloa y provocó enfrentamientos que duraron varias horas.
Ante el temor de nuevos ataques, el 5 de enero habitantes de Nuevo Morelia salieron del lugar tomando algo de ropa, documentos y dejando atrás lo que fue imposible llevar con ellos: Su parcela, animales y sus muertos.
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Pese a que pobladores de Chicomuselo denunciaron un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado que dejó más de 20 muertos, la Fiscalía señaló que “prevalecía la tranquilidad” en el municipio.
De acuerdo con El Sabueso de Animal Político, el pasado mes de febrero se contabilizaron al menos tres mil 780 personas desplazadas en el municipio de Chicomuselo por la violencia e inseguridad que padecen algunas comunidades rurales en Chiapas.
La cifra podría llegar a los 5 mil si se sumaban Socoltenango y la Concordia.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el 8 de febrero que la cifra “no era significativa” y los calificó como “muy pocos”.
El número de tres mil 780 desplazados fue confirmado por el secretario de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, en una entrevista con N+, de Televisa, transmitida el mismo día de los dichos de AMLO.
Consultado por El Sabueso, el coordinador del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, Luis Alonso Abarca González, estimó que podrían ser más de 5 mil los desplazados de los municipios Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia, zonas sur y de la sierra de Chiapas.
En ese momento dijo que las cifras oficiales se quedaban cortas porque hay población que se desplaza silenciosamente, huyendo de la violencia por enfrentamientos armados entre grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de conflictos por territorio agrario dentro de las comunidades.
La industria agrícola tiene la tasa más alta de muertes en el lugar de trabajo, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estado Unidos.
El año pasado, Hugo vio morir a un amigo en un vasto campo de batatas.
Su cuerpo sin vida quedó apoyado contra el neumático de un camión, uno de los pocos lugares donde había sombra en la granja donde trabajaban en Carolina del Norte.
“Lo obligaron a trabajar”, recordó Hugo. “Él seguía diciéndoles que se sentía mal, que se estaba muriendo. Una hora más tarde, se desmayó”.
Hugo, que no es su nombre real, ha pasado la mayor parte de su tiempo en Estados Unidos como trabajador agrícola migrante, un empleo remunerado generalmente con el salario mínimo o incluso menor y en el que las condiciones laborales pueden ser extremas.
La BBC aceptó utilizar un seudónimo porque expresó su preocupación de que pudiera sufrir represalias por hablar sobre el incidente.
Hugo salió de México en 2019 con una visa para trabajar en Estados Unidos. Dejó atrás a una esposa y dos hijos para perseguir el “sueño americano”, sin saber si regresaría o cuándo.
Su amigo, el que murió en la finca, se llamaba José Arturo González Mendoza.
Era la primera vez que Mendoza, de 29 años, viajaba a Estados Unidos por motivos de trabajo. Murió en sus primeras semanas en la finca en septiembre de 2023. También había dejado a su esposa e hijos en México.
“Venimos aquí por necesidad. Eso es lo que nos hace venir a trabajar y dejar atrás lo que más queremos, nuestras familias”, afirma Hugo.
Desde agricultores y procesadores de carne hasta cocineros y empleados de la construcción, los migrantes a menudo realizan trabajos peligrosos y las muertes en el lugar de trabajo suelen pasar desapercibidas para el público.
Sin embargo, durante el último año el tema ha estado en el centro de atención debido a múltiples muertes de alto perfil y a una crisis migratoria en la frontera que ha amplificado la retórica contra los migrantes.
El calor era intenso el día que murió Mendoza. Las temperaturas rondaban los 32°C. No había suficiente agua potable para los trabajadores y la granja sólo permitía un descanso de cinco minutos durante los turnos de una hora.
El único lugar para escapar del calor era un autobús sin aire acondicionado, que estaba estacionado en un campo abierto.
Estos detalles los recoge un informe del Departamento de Trabajo de Carolina del Norte, que multó a la granja Barnes Farming Corporation este año por sus condiciones de trabajo “peligrosas”.
El informe confirmó la muerte de Mendoza en la finca y mencionó que la gerencia “nunca” llamó a los servicios de salud ni brindó primeros auxilios.
En las horas previas a su fallecimiento, Mendoza “se sintió confundido, demostró dificultad para caminar, hablar y respirar, y perdió el conocimiento”, señala el reporte.
Otro trabajador agrícola finalmente llamó a los servicios de emergencia, según el informe, pero Mendoza sufrió un paro cardíaco y murió antes de que llegaran.
La representación legal de la granja dijo en un comunicado a la BBC que se toman “muy en serio” la salud y la seguridad de sus trabajadores y están impugnando las conclusiones del Departamento de Trabajo.
“Muchos de los miembros del equipo trabajaron en Barnes durante años y regresaron nuevamente para esta temporada de cultivo, debido al compromiso de la granja con la salud y la seguridad”, dijeron.
Pero Hugo no regresó. Dice que ahora trabaja para una empresa de soldadura.
“A muchos de nosotros nos pasan cosas malas”, dice. “Sé que a mí también me podría pasar”.
La industria agrícola tiene la tasa más alta de muertes en el lugar de trabajo, seguida de la del transporte y la construcción, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estado Unidos.
A principios de este año, varias muertes consecutivas pusieron de relieve algunos de estos peligros.
Seis trabajadores latinoamericanos murieron en Baltimore cuando el puente que estaban reparando durante la noche se derrumbó a finales de marzo.
Semanas después, ocho trabajadores fallecieron cuando un autobús que transportaba a trabajadores agrícolas mexicanos a los campos se estrelló en Florida.
En su intervención en la Convención Nacional Demócrata, el gobernador de Maryland, Wes Moore, recordó el incidente de Baltimore y rindió homenaje a los trabajadores que murieron “arreglando baches en un puente mientras dormíamos”.
Tanto Mendoza como Hugo tenían visas H2A, que les permitían trabajar temporalmente en la agricultura estadounidense. El número de trabajadores nacidos en el extranjero que dependen de este tipo de visas ha aumentado durante los últimos años.
Entre 2017 y 2022, los titulares de visas H2A se incrementaron un 64,7%, lo que equivale a casi 150.000 trabajadores.
Alrededor del 70% de los trabajadores agrícolas nacieron en el extranjero y más de las tres cuartas partes son hispanos, según el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas.
“La migración es la fuente clave de trabajadores para muchos empleos en Estados Unidos”, dice Chloe East, profesora de Economía de la Universidad de Colorado en Denver, quien es especialista en políticas migratorias.
“Sabemos con certeza que los trabajadores nacidos en el extranjero están aceptando este tipo de trabajos peligrosos que los estadounidenses no quieren”.
Una investigación federal de 2020 sobre trabajadores agrícolas con visa H2A en Florida, Texas y Georgia describió condiciones similares a la “esclavitud moderna”. Como resultado de la investigación, 24 personas fueron acusadas de trata, lavado de dinero y otros delitos.
“El sueño americano atrae a personas desesperadas en todo el mundo, y donde hay necesidad, hay avaricia por parte de aquellos que intentarán explotarlas”, dijo el fiscal federal interino David Estes en un comunicado de prensa en aquel momento.
Los migrantes que ingresan irregularmente al país pueden tener incluso menos protección si son contratados para trabajar, dicen los expertos. Y casi la mitad de los trabajadores agrícolas son indocumentados, según el Centro de Estudios Migratorios.
“Los trabajadores migrantes indocumentados se concentran en los trabajos más peligrosos, arriesgados y poco atractivos en Estados Unidos”, advierte un artículo publicado en International Migration Review, una revista especializada en migración.
Uno de los trabajos más peligrosos en la industria agrícola es la producción lechera.
Los riesgos incluyen la sobreexposición a productos químicos venenosos o maquinaria peligrosa. Los pozos de estiércol generan gases tóxicos mortales, que pueden causar ahogamiento.
Los animales también pueden ser una amenaza.
Olga, quien se mudó a Estados Unidos desde México cuando era adolescente, es una trabajadora migrante indocumentada de una granja lechera en Vermont. Ella asegura que vio a su hermana casi muerta mientras trabajaba.
“Básicamente, una vaca la pisoteó y ella estaba muriendo. Tenía la lengua fuera”, recuerda Olga.
La joven de 29 años dice que aunque el incidente dejó a su hermana con un brazo y dos costillas rotas, el administrador de la finca exigió que regresara al trabajo casi de inmediato.
No fue hasta que presentó una nota del médico que demostraba que su hermana no podía trabajar que “el jefe la dejó en paz”, dice Olga. Su hermana ya no trabaja en la agricultura.
Olga, sin embargo, todavía lo hace. Afirma que trabaja “12 horas al día, todos los días”. “No hay aumentos, no hay descanso y ni siquiera pagan a tiempo”, señala. “Te pagan cuando quieren”.
A principios de este verano, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos implementó nuevas reglas diseñadas para hacer que las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas temporales sean más seguras.
Estas medidas incluyen protección frente a las represalias de los empleadores contra los trabajadores que se organizan para defender sus derechos y la prohibición de que los empleadores retengan los pasaportes y documentos de migración de los trabajadores.
Pero así como las autoridades han tratado de tomar medidas enérgicas contra el abuso de los migrantes, la retórica contra ellos, alimentada por debates políticos sobre niveles récord de migración irregular a través de la frontera entre Estados Unidos y México, se ha sumado a las dificultades que enfrentan.
En múltiples ocasiones, Donald Trump se ha referido a la migración irregular como una “invasión” y ha llamado “animales”, “narcotraficantes” y “violadores” a quienes cruzan la frontera hacia Estados Unidos.
“Me hace sentir triste, dijo Olga. “Deberían ver las condiciones en las que estamos para sobrevivir en este país”.
Las restricciones fronterizas promulgadas por el presidente Joe Biden en junio también pueden empeorar las condiciones de seguridad, dijo la profesora East.
La investigadora indicó que leyes migratorias más estrictas pueden hacer que los trabajadores tengan miedo de defender los protocolos de seguridad.
“La mayoría de la gente se queda callada porque tiene miedo de que se aprueben todas las leyes”, dice Hugo. “No te puedes quejar”.
Hugo afirma que últimamente ha notado más discriminación y recuerda una experiencia reciente en la que el dueño de una tienda se negó a venderle agua porque tenía dificultades para hablar inglés.
“La gente nos trata mal”.
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