La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) confirmó el asesinato de 11 personas en la comunidad Morelia, en el municipio de Chicomuselo, una zona disputada por grupos del crimen organizado.
La dependencia dio a conocer que comenzó con las investigaciones correspondientes contra quien o quienes resulten responsables por los 11 homicidios ocurridos en las últimas horas.
Asimismo, indicó en un comunicado que se llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos y se realizó la identificación con los familiares.
“El Grupo Interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) a través del Fiscal del Ministerio Público de Chicomuselo realizaron el levantamiento de los cuerpos haciendo un reconocimiento médico de los mismos y efectuando la diligencia de identificación de cadáveres con los familiares”, señaló el comunicado de la dependencia.
Agregó que el Grupo Interinstitucional lleva a cabo patrullajes en la región “para garantizar la paz en la zona”.
Chicomuselo es un municipio disputado por grupos del crimen organizado. El pasado mes de enero, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) explotó ilegalmente una mina de barita.
Según pobladores, esto ocasionó que creciera la tensión en la zona ante la presencia del Cártel de Sinaloa y provocó enfrentamientos que duraron varias horas.
Ante el temor de nuevos ataques, el 5 de enero habitantes de Nuevo Morelia salieron del lugar tomando algo de ropa, documentos y dejando atrás lo que fue imposible llevar con ellos: Su parcela, animales y sus muertos.
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Pese a que pobladores de Chicomuselo denunciaron un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado que dejó más de 20 muertos, la Fiscalía señaló que “prevalecía la tranquilidad” en el municipio.
De acuerdo con El Sabueso de Animal Político, el pasado mes de febrero se contabilizaron al menos tres mil 780 personas desplazadas en el municipio de Chicomuselo por la violencia e inseguridad que padecen algunas comunidades rurales en Chiapas.
La cifra podría llegar a los 5 mil si se sumaban Socoltenango y la Concordia.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el 8 de febrero que la cifra “no era significativa” y los calificó como “muy pocos”.
El número de tres mil 780 desplazados fue confirmado por el secretario de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, en una entrevista con N+, de Televisa, transmitida el mismo día de los dichos de AMLO.
Consultado por El Sabueso, el coordinador del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, Luis Alonso Abarca González, estimó que podrían ser más de 5 mil los desplazados de los municipios Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia, zonas sur y de la sierra de Chiapas.
En ese momento dijo que las cifras oficiales se quedaban cortas porque hay población que se desplaza silenciosamente, huyendo de la violencia por enfrentamientos armados entre grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de conflictos por territorio agrario dentro de las comunidades.
Se estima que miles de soldados rusos regresan del frente en Ucrania con problemas de salud mental, pero los profesionales del sector creen que no hay un sistema eficaz para brindarles apoyo psicológico.
“La mayoría de los soldados no quieren ir a terapia”, asegura Tatyana (nombre ficticio), una psicóloga voluntaria del proyecto Hogar Familiar, financiado por el Estado ruso.
A menudo le dicen que no podría entender por lo que ellos han pasado porque no estuvo en el frente, o temen que no sea capaz de soportar sus relatos de la guerra, le explica al Servicio Ruso de la BBC.
Agrega que, en lugar de someterse a terapia, prefieren salir a beber con amigos.
Se estima que miles de soldados rusos están regresando del frente en Ucrania con problemas de salud mental, como el trastorno de estrés postraumático (TEPT).
Pero los profesionales de esta rama señalan que, en los tres años y medio transcurridos desde que el Kremlin lanzó su invasión a gran escala, las autoridades no han logrado establecer un sistema eficaz de apoyo psicológico para los veteranos.
Como explica Tatyana, la transición de regreso a la relativa calma de la vida civil puede desencadenar una agresividad incontrolable en algunos excombatientes.
“Mi colega tuvo un paciente que entró en una cafetería y empezó a golpear a los clientes porque estaban allí sentados relajándose”, relata.
Y puntualiza que “existe ese conflicto interno: ‘aquí soy una buena persona, amable, y allí estaba matando gente'”.
También recuerda haber trabajado con un comandante que obligaba a sus subordinados a permanecer durante días en un hoyo sin comida ni agua, un método que consideraba necesario para imponer disciplina.
“Cuando volvió a casa con su familia, se preguntaba: ‘Dios mío, ¿cómo pude tratar así a estos chicos?'”, relata.
En el transcurso de todo un año, indica Tatyana, solo ocho soldados acudieron a ella en busca de apoyo psicológico, y varios de ellos acabaron desistiendo y recurriendo al alcohol.
Moscú no ha revelado cuántos soldados participan actualmente en los combates.
Sin embargo, en diciembre de 2023, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que había 617.000 soldados en el frente. Otros 490.000 fueron desplegados el año siguiente.
Según el Centro de Psiquiatría Bekhterev de Rusia, entre el 3% y el 11% de los soldados que pasan por el frente podrían sufrir trastorno de estrés postraumático (TEPT).
En el caso de una herida grave, la probabilidad de desarrollar un trastorno aumenta al 14-17%, según el mismo organismo.
Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, el Ministerio de Salud ruso ha establecido unas 2.700 oficinas de orientación médico-psicológica en todo el país para proteger la salud mental de los veteranos y sus familias.
También existe un programa financiado por el Estado que ofrece apoyo, además de algunas redes de voluntarios.
Pero todos estos esfuerzos son insuficientes y los centros que prestan asistencia psicológica son demasiado pequeños o carecen de personal, señala Yana (nombre ficticio), psicóloga que trabaja en una de estas oficinas de apoyo.
Yana se opone a la invasión de Ucrania y al principio pensó que sería difícil trabajar con hombres que habían participado en los combates; pero al final sintió que su ayuda podía marcar la diferencia.
“Son personas peligrosas y yo puedo hacer que sean menos peligrosas”, le cuenta al Servicio Ruso de la BBC.
Pero hay otro reto, asegura: operar en un entorno cada vez más represivo en el que cualquier crítica a lo que el Kremlin llama “operación militar especial” es ilegal.
Tanto los terapeutas como los pacientes suelen tener miedo de hablar con franqueza.
“A todos nos da miedo hablar”, afirma Yana. “Si hablas con alguien que no comparte tus ideas, puede haber consecuencias. Alguien podría delatarte y ya tu vida se arruinó”, sentencia.
Recuerda cómo algunos pacientes la ponían a prueba durante las sesiones, haciendo comentarios casuales sobre la guerra mientras observaban cuidadosamente su reacción.
Muy pocos de sus pacientes civiles apoyan abiertamente la guerra, asegura. La mayoría simplemente quiere que termine.
Cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, no solo envió soldados profesionales al frente; entre sus filas también había criminales convictos que aceptaron combatir a cambio de reducciones de condena.
Muchos fueron reclutados por el mercenario Grupo Wagner, fundado por el fallecido Yevgeny Prigozhin. A los presos se les prometía clemencia y un indulto total a cambio de seis meses de servicio en combate. Según dijo el propio Prigozhin, se alistaron alrededor de 50.000 reclusos.
Sin embargo, en enero de 2024 el papel de Wagner en el reclutamiento había disminuido, y el Ministerio de Defensa ruso asumió el control.
Las condiciones cambiaron significativamente: los presos que se ofrecían como voluntarios ahora debían servir durante todo lo que se prolongara la guerra.
De hecho, estén condenados o no, la mayoría de los soldados ahora están sujetos a contratos sin fecha de finalización.
Desde que se declaró la movilización masiva en septiembre de 2022, el servicio militar se ha vuelto, en la práctica, indefinido. La baja solo se concede en casos de heridas graves, vejez o nuevas condenas penales.
Y estas condenas son cada vez más frecuentes.
Según una investigación del medio independiente Verstka, al menos 242 personas han muerto y otras 227 han resultado heridas en crímenes cometidos por veteranos de guerra entre febrero de 2022 y agosto de 2024 en Rusia. Los casos van desde asesinatos hasta agresiones sexuales y palizas.
A principios de 2025, el Instituto Jurídico de los Urales -dependiente del Ministerio del Interior- publicó un estudio sobre el “impacto de la operación militar especial en el crimen en Rusia”.
Concluyó que, desde que comenzó la guerra, los delitos graves y violentos han aumentado de forma significativa en todo el país.
Matvey (nombre ficticio), psicólogo en una clínica de tratamiento de adicciones en una región rusa, cuenta que él y sus compañeros esperaban un aumento de casos de abuso de alcohol relacionado con el TEPT entre los soldados que regresaban.
Según las directrices clínicas del Centro Bekhterev, las personas expuestas a traumas extremos -como el combate- tienen un alto riesgo de desarrollar problemas de adicción.
En 2024, el personal militar representaba el 10 % de todos los casos tratados por adicción en el Centro Serbsky, el principal hospital psiquiátrico de Rusia.
A pesar del claro vínculo entre trauma y adicción, las opciones de tratamiento eficaces siguen siendo escasas.
Matvey explica que los pacientes suelen permanecer en su centro como mucho dos semanas, un período de “cuidados paliativos” más que de tratamiento efectivo.
Métodos como la terapia de procesamiento cognitivo, que requiere al menos 12 sesiones, son prácticamente inexistentes.
“Para la mayoría, la terapia resulta demasiado dolorosa o demasiado abstracta como para comprometerse con ella”, afirma Matvey.
“Nuestros pacientes pueden darse cuenta de que algo no está bien, pero el problema es tan terrible, tan traumático y doloroso, que no quieren tocarlo”, indica.
Y agrega: “Creo que el tratamiento del TEPT debería ser más o menos obligatorio”.
El presidente Putin planteó a principios de 2024 la idea de hacer obligatoria la terapia para los soldados que regresan, pero hasta ahora no se ha implementado ninguna política en ese sentido.
Incluso si existiera voluntad política, el país enfrenta una grave escasez de especialistas calificados.
Las estimaciones sobre el número de psicólogos en ejercicio en Rusia varían ampliamente, entre 57.000 y más de 100.000.
Según la Organización Mundial de la Salud, eso equivale a apenas entre 4 y 5 psicólogos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de los estándares internacionales.
A pesar de todos los obstáculos sistémicos, algunos psicólogos aseguran que su trabajo no ha sido en vano.
Yana continúa atendiendo a civiles, refugiados y familiares de soldados, de los cuales bastantes lidian con TEPT y ansiedad aguda.
En apenas 10 a 12 sesiones, afirma, muchos pacientes comienzan a sentirse seguros nuevamente.
“Es algo positivo, porque la mayoría no podría permitirse ayuda psicológica de otro modo”, señala.
Tatyana considera que se necesita hacer mucho más para ayudar a los veteranos de combate.
“No tenemos una organización unificada en todo el país”, afirma.
Y sentencia: “La gente se queda sola, buscando voluntarios o tratando de arreglárselas por su cuenta si quiere trabajar con un psicólogo”.
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