
Los antropólogos Olivia Domínguez y Luis Antonio Guerrero, damnificados del sismo de 2017, promueven una iniciativa que ya habían presentado ante las autoridades para modificar el sonido de la alerta sísmica. Argumentan que el timbre actual, asociado a las tragedias de 1985 y 2017, genera miedo, más que prevención, y subrayan que al ser una herramienta de vida debe cumplir de manera efectiva con su propósito.
La iniciativa —publicada en la plataforma Change.org bajo el título “Cambiar el sonido de la alerta sísmica en la Ciudad de México”—, explica Domínguez en entrevista con Animal Político, no busca eliminar el sistema de alertamiento, sino renovarlo después de cada gran tragedia.
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“No es cada vez que tiemble, es cada vez que haya una tragedia. Habían pasado 33 años del sismo del 85 al de 2017. Entonces, las tragedias por sismo no son tan recientes. No tendría que estar cambiando la alerta cada temblor”, expone.
La antropóloga, integrante de la agrupación Damnificados Unidos de la Ciudad de México, sostiene que el actual timbre de la alerta genera una reacción negativa en la población. “Nos hemos dado cuenta de que los sonidos tienen una suerte de impregnarse siempre en la memoria corporal. Hay una cuestión somática. La alerta, el sonido de una alerta, en realidad es un reflejo condicionado”, señaló.

Según Domínguez, “a muchas de las personas afectadas no solamente les da miedo, y a mucha gente que tiene estrés postraumático, que ha lidiado con pérdidas familiares, enfermedades o trabajo, el sonido no le representa más que miedo. Creemos que nos inactiva, en vez de activarnos”.
La antropóloga advirtió que mantener el sonido actual de la alerta puede tener consecuencias graves: “Si esa memoria auditiva te remite a una tragedia, reaccionas como en aquella tragedia. Reaccionas con miedo, te inmovilizas. Hay personas que al escuchar la alerta, incluso cuando se activa sola, se han aventado por una ventana o han sufrido un infarto.
Sobre las críticas que han recibido, sostuvo: “Hay mucha gente que se toma a broma la petición. Dicen: ‘¿Qué quieren, las mañanitas o una canción de cuna?’. No es el sonido bonito ni melódico, fuerte como tiene que ser, alertante, pero otro”.
Y subrayó: “Nosotros creemos que la alerta es muy importante, no estamos diciendo ‘quítenla’. Es una herramienta de vida. Pero creemos que debe ser efectiva. Eso es lo fundamental: que sea efectiva y que nuestro cuerpo reaccione como tiene que reaccionar”.
“Es una idea que teníamos desde hace mucho tiempo, solo que tanto Luis Antonio Guerrero como yo resultamos damnificados por el sismo del 2017. Entonces, estos ocho años han sido de mucha batalla para poder regresar a casa”, explicó Olivia Domínguez.

Los expertos destacan que la alerta por sí sola no salva vidas, sino que depende de la capacidad de la población para reaccionar de manera correcta ante ella, aprovechando los segundos de anticipación que brinda el sistema.
Cuando un sismo se origina en la costa, los sensores detectan su magnitud y envían la señal a través de radiofrecuencia a altavoces, receptores y medios de comunicación, permitiendo alertar a la población con 60 a 120 segundos de anticipación, según la distancia del epicentro.
Desarrollada tras el terremoto de 1985, la alerta sísmica cuenta con 14 mil 491 altavoces instalados en la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala. Forma parte de un sistema integral de prevención que requiere conocer los edificios, ubicar salidas de emergencia, tener una mochila de emergencia y participar en simulacros para reducir riesgos y salvar vidas.

El 19 de septiembre de 2017, exactamente 32 años después del terremoto de 1985, un sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Axochiapan, Morelos, sacudió a la Ciudad de México y a varios estados del centro del país. El movimiento ocurrió a las 13:14 horas, poco después del simulacro conmemorativo de 1985, lo que aumentó el desconcierto y el impacto psicológico de la emergencia.
El temblor dejó un saldo de más de 360 personas fallecidas, cientos de heridos y graves daños en viviendas, escuelas, hospitales y edificios públicos, particularmente en la capital, Puebla y Morelos. En la Ciudad de México, al menos 40 inmuebles colapsaron y miles más resultaron con afectaciones estructurales, dejando damnificadas a miles de familias.
La antropóloga recordó que en 2017 la alarma sonó al mismo tiempo que se daba el movimiento telúrico. “No hubo un tiempo para el alertamiento, que es la función que tiene justamente este dispositivo. Entonces, en ese momento, ya era demasiado tarde”.

Olivia Domínguez perdió su vivienda en la colonia Narvarte en el sismo de 2017. “Era nuestro departamento, lo estábamos remodelando. Con el sismo perdimos las paredes… tuvieron que ser demolidas porque las afectaciones fueron muy graves”.
Ese 19 de septiembre estaba en cama, con hepatitis. “Tuve que movilizarme, salirme en pijama y ya no poder volver a guardar cama. A partir de ese momento fue mover cosas, ir a protestas. Fue un tiempo muy complicado que se alargó por varios años”.
Indicó que ha planteado el tema del cambio de la alerta sísmica desde hace años, sin resultados. “En algunas de las mesas que hemos tenido como agrupación de Damnificados Unidos de la Ciudad de México lo mencionamos varias veces, pero siempre era como: ‘Ahorita lo vemos, porque hay cosas más importantes’. Nunca lo han tomado muy en serio. Teníamos que darle formalidad también”.
En esta ocasión prevén entregar físicamente las firmas recabadas. “Pensamos llevar el 19 de septiembre la lista de las firmas a la oficina de gobierno de la Ciudad de México y entregarla por Oficialía de Partes”.
Domínguez considera que este 2025 es un año clave: “Pasan los años, vienen los sismos y vienen los simulacros. Además, este año es muy especial por los 40 años del sismo del 85. Creo que muchos vamos a tener esa memoria fresca y creemos que es el momento para hacer el cambio”.
Puedes consultar y firmar la iniciativa aquí: Cambiar el sonido de la alerta sísmica en la Ciudad de México

El incidente ocurrió a plena luz del día. Existen múltiples videos grabados por transeúntes desde diversos lugares. Pero incluso los hechos básicos están siendo cuestionados.
La muerte a disparos de Renee Nicole Good en Mineápolis a manos de un agente de ICE, siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, está dejando al descubierto las profundas divisiones en la política estadounidense y amenaza con avivar un debate ya conflictivo sobre la política migratoria.
El incidente ocurrió a plena luz del día. Existen múltiples videos grabados por transeúntes desde diversos lugares. Sin embargo, incluso los hechos básicos están siendo cuestionados.
Casi inmediatamente después del incidente comenzaron a formarse dos versiones completamente diferentes. Cualquier ambigüedad en los videos compartidos en línea fue aprovechada: se utilizaron diferentes ángulos y capturas de pantalla para impulsar una narrativa particular.
Y en el escenario público, funcionarios estatales y federales discreparon abiertamente.
Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Renee Good fue la culpable. Al alejarse de los agentes de ICE “utilizó su auto como arma” en un “ataque terrorista doméstico”, dijo Noem.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a una “agitadora profesional” y a un “movimiento radical de izquierda, violento y de odio” en una publicación en su plataforma en redes Truth Social.
Los demócratas a nivel nacional, así como autoridades estatales y locales de Minnesota, presentaron un panorama completamente diferente.
Jacob Frey, alcalde demócrata de Mineápolis, dijo que un agente federal utilizó fuerza letal en forma “temeraria”. También exigió a los agentes de inmigración que abandonen la ciudad. “ICE, ¡lárgate de una maldita vez!”, afirmó Frey.
El gobernador de Minesota, Tim Walz, calificó el incidente de “totalmente predecible” y “totalmente evitable”, argumentando que fue consecuencia directa del aumento de agentes federales de inmigración en Minneapolis y sus alrededores en los últimos días.
“Llevamos semanas advirtiendo que las peligrosas y sensacionalistas operaciones de la administración Trump son una amenaza para nuestra seguridad pública”, declaró el miércoles.
Esta clara división entre el gobierno federal y los funcionarios locales se ilustró aún más el jueves por la mañana, cuando la Oficina de Aprehensión Criminal de Minesota anunció que el Departamento de Justicia y el FBI ya no cooperarían en la investigación del incidente.
Las agencias federales, informó la Oficina, serán las únicas responsables de la investigación sobre el uso de fuerza letal por parte del agente de ICE.
Que Minesota se haya convertido en el epicentro de un creciente conflicto sobre la aplicación de la ley migratoria en los últimos meses es a la vez previsible e irónico.
Es irónico porque la muerte de Good ocurrió a pocos kilómetros de donde, en 2020, la policía de Mineápolis mató a George Floyd durante un intento de arresto, lo que desencadenó protestas del movimiento Black Lives Matters en todo el país, incluyendo algunas en esta ciudad que se tornaron violentas.
Walz puso en alerta a la Guardia Nacional del estado y advirtió a los cientos de manifestantes que han salido a las calles que no recurran a la violencia.
El papel central de Minesota en este último estallido no sorprende, ya que marca la culminación de un conflicto, una controversia y un escándalo que se venían gestando durante meses.
El reciente aumento en acciones migratorias se produce después de que Trump ridiculizara a la numerosa población inmigrante somalí del estado -la mayoría de los cuales son ciudadanos estadounidenses- tras la condena de miembros de la comunidad por fraude en la distribución de la ayuda federal por la epidemia de COVID-19.
“Cientos de miles de somalíes están estafando a nuestro país y destrozando ese otrora gran estado”, declaró Trump en noviembre. “No vamos a tolerar este tipo de atentados contra la ley y el orden por parte de personas que ni siquiera deberían estar en nuestro país”.
Bajo presión, Walz abandonó su candidatura a la reelección la semana pasada ante el aumento de acusaciones de corrupción en los servicios sociales estatales, como la asistencia infantil y la ayuda alimentaria.
El incremento de acciones migratorias en el estado es solo el ejemplo más reciente del uso de funcionarios federales por parte de la administración Trump para atacar a comunidades sospechosas de tener altas tasas de inmigrantes indocumentados. El uso de la fuerza durante esta operación tampoco es un incidente aislado.
El incidente de Minesota fue al menos el noveno caso de disparos vinculados a operaciones migratorias desde septiembre; todos involucraron a personas que fueron atacadas mientras se encontraban en sus vehículos, según el New York Times.
La intensidad con la que se han llevado a cabo las acciones migratorias en una lista cada vez mayor de ciudades en todo Estados Unidos, ha provocado protestas y demandas de funcionarios demócratas para una mayor supervisión, rendición de cuentas y moderación por parte de agentes del orden.
El muerte de Good ya ha dado a estos esfuerzos una nueva urgencia entre sus defensores.
Los funcionarios de la administración Trump, por su parte, siguen adelante y citan el mandato que dicen haber recibido de los votantes en las elecciones presidenciales de 2024. Alegan además que la drástica reducción de entradas de indocumentados a Estados Unidos es evidencia de que sus esfuerzos han resultado eficaces.
Y refutaron enérgicamente el argumento de que el video del incidente en Minneapolis sea prueba de un uso indebido de fuerza letal.
“La manipulación es desproporcionada y no la tolero”, escribió el vicepresidente J.D. Vance en una publicación en X. “Este hombre estaba haciendo su trabajo. Ella intentó impedir que lo hiciera”.
Si bien calificó el incidente de trágico, añadió que “la responsabilidad recae sobre esta mujer y todos los radicales que enseñan a la gente que la inmigración es la única ley con la que los alborotadores pueden interferir”.
Walz, en sus siguientes declaraciones públicas, se apresuró a rebatir ese argumento: “Personas en puestos de poder ya emitieron juicios, desde el presidente hasta la vicepresidenta y Kristi Noem, y dijeron cosas que son verificablemente falsas, verificablemente inexactas”.
“Determinaron el carácter de una madre de 37 años que ni siquiera conocían”, concluyó.
Parece que incluso las pruebas en video están abiertas a la interpretación en este momento. Cada persona ve las mismas imágenes y saca conclusiones decididamente diferentes, que con frecuencia, quizás como era de esperar, refuerzan sus posiciones previamente establecidas.
El abismo en la política estadounidense parece tan inmutable como desalentador.
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