El Ministerio Público señaló a Germán “N” encargado del despacho de seguridad pública en Chilpancingo, Guerrero, de formar parte del grupo del crimen organizado “Los Ardillos”, y de ser él, quien secuestró al alcalde, Alejandro Arcos Catalán, en un rancho de Quechultenango y ordenar su asesinato, tras oponerse a nombrar a miembros de este grupo en su gabinete.
De acuerdo con el medio Amapola, durante su audiencia, que duró 12 horas, el MP dijo que quien hasta hace unas horas era el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal respondía a los intereses de ese grupo criminal.
El inculpado, dijeron, “tiene jerarquía dentro de ese grupo de personas”.
Pidieron la prisión preventiva, antes de vincularlo a proceso, porque Reyes era peligroso para los testigos y las personas que formularon la acusación.
Reiteraron: “goza de un nivel jerárquico dentro de ese grupo y de toma de decisiones”.
El único elemento que tiene la FGE para hacer la implicación entre el presunto culpable de asesinato de Arcos Catalán y Los Ardillos es el testimonio de un testigo muerto.
De acuerdo a lo indagado, un testigo muerto, un correo electrónico anónimo y comentarios en las redes sociales son parte del eje que sostiene las acusaciones la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de Germán “N”, detenido la tarde de ayer.
A las 17:30 horas de este martes 12 de noviembre, se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación en contra del acusado, quien fuera teniente del Ejército y Fuerza Aérea, y se desempeñó como fiscal especial de delitos graves en la FGE.
Al acusado, después de doce horas y media de audiencia se le dictó prisión preventiva y se ordenó su reclusión en la cárcel de Chilpancingo, en un área especial, dado que su desempeño como fiscal especial de delitos graves y abordar casos de alto impacto lo pondría en riesgo en la prisión.
El acusado solicitó la ampliación del tiempo para formular su defensa antes de la vinculación a proceso, es decir, 144 horas. La segunda audiencia tendrá lugar a las 10 de la mañana del 18 de noviembre.
De acuerdo con los testimonios recabados por el Ministerio Público, Alejandro Arcos Catalán y 11 colaboradores suyos salieron esa mañana del domingo 6 de octubre en tres camionetas con dirección a Petaquillas y llegar hasta Tepechicotlán para atender a los afectados de las lluvias ocasionadas por el huracán John.
Partieron a las once de la mañana de El Churrasco, ubicado a la salida sur de Chilpancingo, el punto de reunión. Los 12, incluido Alejandro Arcos, salieron a bordo de tres camionetas. El alcalde manejaba una de ellas: la Gran Cherokee y con él iban dos colaboradores. Seis escoltas iban a bordo de una Robust de la Volkswagen y otros dos colaboradores en la Amarok, también de la Volkswagen.
A las once llegaron al entronque de Tepechicotlán, lugar en el que Alejandro se bajó de la Gran Cherokee y dijo a sus escoltas que él se iba a ir solo a dejar apoyos a unas familias de Tepechicotlán en la camioneta Robust y que ellos realizaran por su cuenta actividades y esperaran indicaciones.
Estos testigos coincidieron en que recorrieron Tepechicotlán sin Alejandro y realizaron actividades hasta que recibieron la llamada de un hermano de Alejandro, alrededor de las cinco de la tarde, quien les indicó que se regresaran, que los veía en El Churrasco; les dijo que había un cadáver decapitado y solicitaba que lo acompañaran al Servicio Médico Forense (Semefo) a identificar a su hermano.
Lo que ocurrió a Arcos Catalán cuando dejó a sus colaboradores en Tepechicotlán y él se fue solo en la Robust lo contó el testigo Cándido Pila Domitilo, a quien hallaron muerto en avanzado estado de descomposición en su domicilio en la colonia Obrera, en Chilpancingo, el pasado 6 de noviembre.
Cándido Pila fue un testigo voluntario, quien habría llegado por su propia cuenta a la FGE después de vivir lo siguiente. El pasado 27 de octubre, Cándido vendía chicles y dulces afuera de la iglesia de Petaquillas, fue a este pueblo de Chilpancingo porque llevaba días sin ventas en la ciudad.
Ahí, dos personas que no hacían ningún esfuerzo por ocultar sus armas lo increparon por su osadía de ponerse a vender en ese lugar. “¡Viejo puto! ¿A quién anda vigilando?”, contó que fue cómo lo abordaron, según el testimonio que registró la FGE. Los dos sujetos se identificaron como policías comunitarios y le exigieron 500 pesos por dejarle seguir con su venta. En eso llegó hasta ellos un tipo que supo le decían El Michoacano, quien dio la orden a los policías comunitarios de llevárselo. “¡Súbelo a la camioneta, que sepa lo que es trabajar!”, le habrían dicho.
En esa camioneta iban El Michoacano, El Jimmy y El Junior, por lo que pudo escuchar cuando se hablaban entre ellos. A Cándido, según contó, se lo llevaron a un rancho a Quechultenango porque en esos momentos “el patrón los había mandado llamar”. En el camino de Petaquillas a ese rancho, Cándido escuchó que había sido Germán Reyes Reyes quien había ordenado a El Michoacano a privar de la libertad y asesinar a Alejandro Arcos, supuestamente porque se había opuesto a nombrar a más personas del grupo de Los Ardillos en su gabinete. Los hechos habrían ocurrido en ese mismo rancho.
En el rancho, El Patrón se enojó porque llevaron a Cándido hasta ese lugar y ordenó que lo sacaran de ahí y los sujetos, los supuestos policías comunitarios, obedecieron; lo devolvieron a la iglesia y lo amenazaron para que no dijera nada de lo que vio y escuchó.
Ese mismo 27, la FGE tuvo el testimonio de Cándido porque él mismo se presentó a hacer su declaración de lo que había visto y escuchado.
Resulta que Cándido Pila Domitilo fue hallado muerto, en estado de putrefacción, el pasado 6 de noviembre en su domicilio en la calle Xicoténcatl, número 6 de la colonia Obrera. Los vecinos tenían días que reportaban que en ese domicilio salían olores fétidos. El hombre, quien al parecer tenía 45 años, vivía solo. Se preocuparon porque llevaban días sin verlo y por esos olores nauseabundos que salían de su vivienda.
De acuerdo con el reporte policíaco, Cándido tenía unos cinco días de fallecido. Las autoridades no han informado de las circunstancias de su muerte.
De acuerdo con los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público en la audiencia, un policía municipal mediante un correo electrónico anónimo acusó a Germán Reyes Reyes de haber ordenado la muerte de Alejandro Arcos. Dijo que él lo escuchó dar la orden por teléfono.
Este correo electrónico llegó a la representación social dos horas después de que se anunció la detención de Reyes Reyes. El policía, de quien se desconoce detalles, explicó que no quería hablar antes porque temía por su seguridad, pero que una vez que el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública fue detenido, se animó a hacer esta denuncia.
Indicó en el correo electrónico que dos días antes del asesinato escuchó al encargado de despacho hablar por teléfono. En esa llamada ordenaba a alguien juntar a “El Michoacano y a otros cabrones” porque quería la cabeza de Alejandro Arcos, porque se negó a nombrar a un secretario de Obras Públicas que tenía el visto bueno de Los Ardillos.
Otras pruebas presentadas por la FGE en la audiencia fueron comentarios o señalamientos que hicieron usuarios en redes sociales. Los imprimieron y los presentaron como evidencias.
De forma breve, Reyes contó que cuando los elementos se presentaron y le dijeron a qué iban se puso a su disposición. Compartió que conocía a ambos elementos porque él fue fiscal especial de delitos graves. Dijo que cuando salió de su despacho ya como detenido se percató que afuera de la Secretaría también había elementos de la Guardia Nacional.
En la audiencia, denunció que lo detuvieron a las 13:15 horas en una camioneta Suburban color blanca, sin placas y que antes de llevarlo al juzgado, lo que ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde, lo trajeron dando vueltas por las calles de la ciudad.
Su abogada exigió que se declarara la nulidad de cualquier investigación llevada a cabo entre las 1:15 de la madrugada y al momento de iniciar la audiencia, porque negaron su detención. Lo anterior porque el Registro Nacional de Detenciones reportó la aprehensión a la 1:15 de la madrugada.
La audiencia inicial de formulación de imputación contra el inculpado comenzó a las cinco y media de la tarde de ayer (martes 11) y se decretó un receso casi inmediatamente para dar lugar a que llegaran reporteras y reporteros, porque en uso de sus garantían el inculpado pidió presencia de los medios de comunicación.
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Antes, el Ministerio Público y la jueza de la Sala 1 del Juzgado de Control y Enjuiciamiento ya se habían enfrascado en una discusión sobre la posibilidad de que la audiencia fuera pública o privada.
El Ministerio Público pidió que fuera privada por la gravedad de los hechos y la jueza argumentó que por lo mismo debía ser pública para que la sociedad estuviera enterada. “La sociedad tienen derecho a saber qué es lo que está pasando en Chilpancingo”, dijo.
Durante la audiencia, la jueza manifestó su extrañeza porque la FGE mencionó los nombres de los testigos, si antes expuso que eran confidenciales.
Tal es el caso del nombre del principal testigo y las circunstancias bajo las cuales declaró voluntariamente. Persona que fue hallada muerta y la parte acusadora no mencionó que su testigo principal dejó de existir.
Este martes, la jueza que atendió la audiencia inicial de formulación de imputación contra Germán Reyes Reyes tuvo una tarde azarosa. Atendió al mismo tiempo dos audiencias, en las que mandaba a receso continuamente para aprovechar el tiempo.
La audiencia sobre el caso del inculpado del crimen de Alejandro Arcos duró doce horas y media. Comenzó a las cinco y media de la tarde del martes y concluyó a las seis de la mañana del miércoles. La otra audiencia que atendió la jueza concluyó hasta las siete de la mañana.
Fue una jornada agotadora para los asistentes a la audiencia de Reyes Reyes. Aunque la jueza iba y venía entre dos salas, lo que le permitía estar en constante movimiento, al final, se advirtió que el cansancio y el sueño estaban por vencerla, como les ocurrió a varias de las personas presentes en esta audiencia.
Uno de los primero agotados, por cierto, fue el mismo imputado. Alrededor de las dos de la madrugada, la jueza notó que Germán Reyes cabeceaba y le era difícil mantener los ojos abiertos. Para dar oportunidad a que se despejara e hidratara, la jueza suspendió la audiencia. Dijo que el inculpado debía estar en sus cinco sentidos al escuchar las formulaciones en su contra, porque su libertad, era el tema que estaba en juego. Entonces se suspendió la audiencia y varias personas hicieron lo mismo que el inculpado, mojaron su cara y tomaron bebidas energizantes.
En cada suspensión, la jueza no descansaba. Iba a la otra sala a atender la segunda audiencia.
Unos 40 minutos después se reanudó la audiencia. En total, tuvo ocho recesos, uno de ellos, el segundo, fue de más de dos horas, para dar tiempo a que la defensa del inculpado se empapara del expediente.
En la parte inicial, la jueza determinó designarle un defensor de oficio a Reyes Reyes, porque se percató que su abogada particular, la que pidió a los reporteros omitir su nombre porque ha recibido amenazas, no tenía buena defensa, pues, desconocía el procedimiento.
La abogada había pedido anular las investigaciones de la FGE ocurridas entre la 1:15 de la madrugada y antes de la audiencia. “No es procedente la nulidad de los actos de investigación”, exclamó la jueza.
Reyes pidió mantener a su abogada, que asumía las consecuencias de tal decisión, pero la jueza le pidió que atendiera las determinaciones del Juzgado. Se nombró al defensor público y para dar tiempo a que este conociera el expediente se decretaron dos horas, lo que se prolongó casi tres. Cuando se reanudó la audiencia, la abogada antes cuestionada ya tenía otros dos abogados como parte del equipo, por lo que ya no fue necesario el defensor de oficio, a quien le dieron las gracias sin tener ninguna actuación.
En estas elecciones que él mismo tildó de “las más importantes de la historia del país”, los expertos coinciden que se jugaba también el desenlace de sus cuentas pendientes con la Justicia.
Este martes Donald Trump no solo competía por la presidencia de Estados Unidos. Los expertos coinciden que se jugaba también el desenlace de sus cuentas pendientes con la Justicia.
Ahora que Trump logró un contundente triunfo ante Kamala Harris que le permite un épico regreso a la presidencia de Estados Unidos, los analistas adelantan que esto probablemente resultará en la desestimación de los dos casos penales federales que enfrenta, el congelamiento de los casos penales estatales hasta que deje el cargo y retrasos adicionales en sus diversos procesos civiles pendientes.
A continuación te explicamos cuál es el panorama de las cuatro causas penales que enfrenta y cuál es su evolución más probable.
Es un caso estatal y el más urgente.
En mayo un jurado popular declaró a Trump culpable de los 34 delitos que se le imputaban por falsificar registros contables para encubrir el pago de un soborno por US$130.000 a la actriz de cine porno Stephanie Cliffords, conocida como Stormy Daniels, con fines electorales, ante la campaña para las presidenciales de 2016.
Fue por unanimidad, como se requería para alcanzar el veredicto. Y así, Trump se convirtió en el primer expresidente de EE.UU. condenado en un juicio penal.
La sentencia estaba inicialmente prevista para el 11 de julio, pero tras el fallo con el que Tribunal Supremo concedió una amplia inmunidad penal a los presidentes por sus actos oficiales, el juez Juan Merchán, del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, les dio plazo a las partes para presentar alegaciones y fijó una nueva fecha: 18 de septiembre.
Pero Trump pidió que la sentencia se retrasase, alegando que un fallo tan cercano a la cita en las urnas sería una forma de interferencia electoral. Merchán se lo concedió, estableciendo como fecha última el 26 de noviembre.
La falsificación de registros comerciales puede castigarse con hasta cuatro años de cárcel, aunque en el caso de Trump los expertos en leyes no se ponen de acuerdo sobre el desenlace más probable.
Algunos apuntan a que el juez Merchán podría dictar una pena de prisión por las especificidades de su caso, como que Trump fue hallado en desacato 10 veces y el objetivo del pago fue influir en unas elecciones.
Otros aseguran que lo más probable es que imponga una condena leve o vuelva a retrasar la fecha de la sentencia hasta después de que Trump dejase la Casa Blanca.
“Si gana las elecciones, no habrá una sentencia significativa”, le dijo hace unas semanas Karen Friedman Agnifilo, quien fue jefa de la división de juicios del fiscal de distrito de Manhattan, a la cadena estadounidense ABC.
“Un presidente en ejercicio no se vería obligado a ingresar en la cárcel, por lo que en teoría, si es condenado a prisión, podría cumplirlo una vez dejado el cargo”, le dijo a ese mismo medio Jeffrey Cohen, profesor de Derecho del Boston College.
Es un caso federal. Lo está llevando el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, Washington.
Desde 2020 Trump sostiene que le robaron aquellas elecciones ganadas por Joe Biden, pero el fiscal especial Jack Smith, nombrado específicamente por el Departamento de Justicia, no lo acusa por esa afirmación que se ha probado sin fundamento.
La acusación se centra en sus presuntos esfuerzos para alterar el resultado e impedir la certificación de la victoria de Biden.
Según el acta judicial que se hizo público en octubre, Smith acusa a Trump de cuatro delitos: conspiración para defraudar al gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles.
Si bien la “conspiración de Trump para permanecer en el cargo” comenzó el 13 de noviembre de 2020, dice el documento, él ya la venía preparando desde antes.
De acuerdo a la acusación, los esfuerzos de Trump para revertir el desenlace electoral de hace cuatro años incluyeron mentir a funcionarios estatales para inducirlos a ignorar los recuentos de votos y fabricar votos en siete estados en los que quiso cambiar el resultado: Pensilvania, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, Wisconsin y Nuevo México.
También lo señalan de intentar reclutar al entonces vicepresidente, Mike Pence, en su papel de presidente del Senado, para obstruir la certificación de la elección.
Además, la acusación responsabiliza al entonces presidente del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
“El acusado también sabía que solo le quedaba una última esperanza para impedir la certificación de Biden como presidente: la gran multitud enfurecida que tenía delante. Así que durante más de una hora, el acusado pronunció un discurso diseñado para enardecer a sus partidarios y motivarlos a marchar hacia el Capitolio”, se lee en el acta publicada en octubre.
Trump se declaró inocente de los cargos.
Han pasado 15 meses de ello y, tras múltiples retrasos por las maniobras dilatorias de la defensa, no hay una fecha fijada para el juicio.
La jueza de distrito Tanya Chutkan está considerando cómo debe proceder el caso a la luz del fallo de julio del Supremo sobre la inmunidad de Trump. Mientras, ha establecido fechas clave del procedimiento que van más allá de las elecciones. La siguiente es el 19 de diciembre.
El republicano prometió quitar del cargo al fiscal Smith si se alzaba con la victoria, aunque podría no tener que echar mano de esa carta, logrando que el Departamento de Justicia retire los cargos.
Y es que una antigua política de este departamento impide el procesamiento de un presidente en ejercicio, con lo que los casos federales en su contra podrían quedar en nada una vez asuma el cargo.
Si bien el fiscal Smith podría tratar de avanzar con el procesamiento en los dos meses que hay de las elecciones a la toma de posesión, los expertos creen que tiene pocas probabilidades de revivir el caso.
Los expertos concuerdan, pues, en que el caso terminaría diluyéndose. Lo que no está tan claro es la forma exacta en la que eso ocurriría.
Es el segundo caso penal federal que enfrenta Trump.
Trump está imputado por los documentos confidenciales que se llevó a Mar-a-Lago, su mansión de Palm Beach (Florida), y que retuvo allí tras dejar la presidencia, en enero de 2021.
El 8 de agosto de 2022 agentes del FBI recolectaron en la residencia más de 20 cajas que incluían más de un centenar de documentos marcados con distintos grados de clasificación: desde “confidencial” hasta “top secret“.
En total son más de 10.000 documentos que por ley pertenecen al gobierno de EE.UU., así como unas 90 carpetas vacías con marcas que indicaban que contenían material clasificado o que debían ser devueltas al personal de secretaría de la Casa Blanca o a un asistente militar.
Por ello, el republicano enfrenta siete cargos: uno en virtud de la Ley de Espionaje, así como cargos de obstrucción de la justicia, destrucción o falsificación de registros, conspiración y declaraciones falsas.
Sin embargo, desde que la jueza de distrito Aileen Cannon asumió el control del caso en junio de 2023, muchas de sus decisiones se han salido tanto de la norma que han avivado las preguntas sobre su favoritismo hacia Trump.
“Tenemos una jueza excelente en Florida. Es una jueza brillante. No la conozco. Nunca hablé con ella. Pero es valiente y brillante”, ha dicho de ella el propio acusado.
El 15 de julio la jueza Cannon dictaminó que el fiscal Smith fue nombrado de forma inconstitucional para el cargo y, tras desestimar los cargos, decidió archivar y dar por cerrado el procedimiento.
Ante ello, el fiscal Smith presentó un recurso ante un tribunal de apelaciones, argumentando que la jueza “pone en peligro la forma en la que el Departamento de Justicia funciona desde hace tiempo y pone en duda cientos de nombramientos en todo el Poder Ejecutivo”.
Sin embargo, los expertos adelantan que con Trump en la Casa Blanca, lo más probable es que el fiscal no tenga más remedio que retirar la apelación.
En caso de que decidiera proseguir, Smith tendría que lograr convencer al tribunal de Apelaciones de que revoque la decisión de la jueza Cannon y el equipo de Trump ya ha planteado una defensa construida sobre la inmunidad presidencial, que podría convertirse en la base de una futura apelación.
Como en el otro caso federal ya mencionado, Trump también podría conseguir que el Departamento de Justicia retire los cargos.
En este caso estatal Trump enfrenta —junto con otros acusados— cargos por conspirar para subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia, como parte de una trama mayor para mantenerse en la Casa Blanca.
Los fiscales presentaron originalmente 41 cargos contra 19 acusados en agosto de 2023.
Desde entonces, cuatro acusados se declararon culpables y el juez que está al frente del caso, Scott McAfee, del Tribunal Superior del condado de Fulton, anuló nueve de los cargos, aunque la mayor parte del auto de procesamiento sigue intacto.
La evidencia clave es la conversación telefónica de Trump con el secretario del estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que el republicano le pidió que “encontrara” los votos que necesitaba para imponerse en el estado.
El caso está en suspenso hasta diciembre, cuando un tribunal de apelaciones sopesará si se debe permitir a la fiscal de distrito Fani Willis y su equipo sigan liderando el caso.
Y es que Trump y otros acusados alegan que la relación personal de Willis con el fiscal especial Nathan Wade, a quien ella contrató para ayudar a llevar el caso, crea un conflicto de intereses. El juez McAfee optó por no descalificarla, pero el equipo de Trump apeló la decisión.
Los argumentos orales está programados para el 6 de diciembre.
Si el tribunal de apelaciones desestima la impugnación, esto podría allanar el camino para que el juez McAfee fije una fecha para el juicio. Aunque los expertos apuntan a que lo más probable es que el equipo de defensa lo apele en otras instancias, generando más retrasos.
Si, por el contrario, el tribunal decide que hay que retirar a la fiscal y su oficina del caso, eso también traería retrasos. Es que, para empezar, habría que buscar otro fiscal.
Los expertos aseguran que, a diferencia de los cargos de subversión electoral presentados por el fiscal especial Jack Smith, el caso de Willis estará aislado de cualquier posible intromisión de Trump.
Así, no podría perdonarse a sí mismo ni a sus aliados ante una condena a nivel estatal, ni quitar del cargo a los fiscales del condado de Fulton que presentaron los cargos.
En cualquier caso, los expertos prevén que el caso quedaría congelado mientras Trump sea presidente.
Durante una audiencia en diciembre del año pasado, cuando el juez McAfee le preguntó al abogado de Trump, Steve Sadow, cuándo podría enfrentar un juicio su cliente, este le respondió: “La respuesta a eso es que creo que bajo la cláusula de la supremacía y sus deberes como presidente de Estados Unidos, el juicio no podría tener lugar hasta después del fin de su mandato”.
“Lo más probable es que ambos casos penales estatales (el de Georgia y el de Stormy) se suspendan y se reanuden cuando expire su mandato”, le dijo Barbara McQuade, ex fiscal federal, al medio NBC News.
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