Para entender mejor
Juan Miguel Ramírez Sánchez, alcalde de Celaya, Guanajuato, ofreció una disculpa pública por el homicidio del periodista Alejandro Martínez Noguez, fundador del medio El Hijo del Llanero Solititito, cuando iba a bordo de una patrulla custodiada por dos policías.
La disculpa pública, a la cual no asistieron los familiares del reportero, es parte de las recomendaciones hechas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg).
“Aceptamos la recomendación que nos hace la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato: se ofrece una disculpa pública al gremio periodístico, entiendiendo la aflicción que pudo haber ocasionado lo sucedido”, señaló el alcalde.
Martínez fue asesinado el domingo 4 de agosto de 2024 cuando regresaba de cubrir un evento en la ciudad de Villagrán. Antes de la agresión, ya había recibido amenazas y contaba con medidas de seguridad.
De acuerdo con la Prodheg, el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Ignacio Rivera Peralta, violó los derechos del periodista al asignarle escoltas y trasladarlo en un vehículo de seguridad, lo cual no formaba parte de las medidas de protección emitidas por el Mecanismo Federal en 2023.
El alcalde morenista aseguró que en su administración el personal de seguridad se conduce en su actuar conforme a la normativa aplicable y observando los protocolos vigentes, por lo que pidió al gremio periodístico y a la sociedad confiar en que se efectuarán las “acciones conducente inmediatas e idóneas para evitar futuras violaciones a derechos humanos y su no repetición”.
Las otras recomendaciones hechas al gobierno de Celaya están la compensación a las víctimas indirectas del comunicador; iniciar una investigación; se capacite al personal de seguridad y se hagan las gestiones para implementar un protocolo de actuación.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según el conteo de la organización Artículo 19, fueron asesinados al menos 47 periodistas. El mismo número de homicidios de comunicadores que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y uno menos que en el sexenio de Felipe Calderón.
El informe destaca que en el periodo que va desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2024 se registraron 3 mil 408 agresiones contra la prensa. Esto equivale a un promedio de una agresión cada 14 horas a lo largo del anterior sexenio.
Ya con Claudia Sheinbaum en el poder se han registrado tres homicidios de reporteros: Calletano de Jesús Guerrero en Teoloyucan, Estado de México, Mauricio Cruz Solís, joven periodista de Michoacán, y Patricia Ramírez González, reportera de espectáculos en Colima.
Las pruebas contra Trump por intentar anular el resultado electoral en 2020 fueron “suficientes para obtener y mantener una condena”, escribió el fiscal especial Jack Smith en un informe divulgado parcialmente.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, habría sido condenado por intentar anular ilegalmente el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió, si no hubiera sido reelegido con éxito en 2024, afirmó el hombre que dirigió las investigaciones del gobierno estadounidense.
Las pruebas contra Trump fueron “suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio”, escribió el fiscal especial Jack Smith en un informe divulgado parcialmente.
Trump respondió diciendo que Smith estaba “trastornado” y que sus hallazgos eran “falsos”.
El presidente electo fue acusado de presionar a funcionarios para revertir el resultado electoral de 2020, difundir deliberadamente mentiras sobre fraude electoral, y tratar de explotar los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Trump negó las acusaciones.
Trump, que era presidente en el momento de los presuntos crímenes, pasó cuatro años fuera del cargo, pero fue reelegido con éxito para la Casa Blanca en noviembre. Regresará a la presidencia el 20 de enero.
Después de su éxito en la votación de 2024, las diversas cuestiones legales con las que había estado luchando se han evaporado en gran medida. El caso sobre interferencia electoral ahora fue desestimado.
Smith dice en el informe que “respalda plenamente” los méritos de presentar la acusación y defiende la solidez del caso.
El fiscal especial continuó diciendo que fue sólo el hecho de que la Constitución de Estados Unidos prohíbe el procesamiento de un presidente en ejercicio lo que puso fin al caso.
“Pero para la elección del señor Trump (en 2024) y su inminente regreso a la presidencia, la oficina evaluó que las pruebas admisibles eran suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio”.
Parte del material del informe de Smith ya se conocía gracias a una presentación pública en octubre, que daba detalles de los supuestos esfuerzos de Trump para revertir su derrota.
Pero el informe, que fue presentado por el Departamento de Justicia (DoJ por sus siglas en inglés) al Congreso, brinda más detalles sobre por qué Smith siguió adelante con el caso y finalmente lo cerró.
• Justifica el caso contra Trump acusándolo de “esfuerzos sin precedentes para retener ilegalmente el poder” mediante “amenazas y fomento de la violencia contra sus supuestos opositores“.
• Los “esfuerzos criminales” de Trump incluyeron acusaciones de fraude electoral que él sabía que eran falsas, agrega.
• El informe detalla los “desafíos importantes” que enfrentaron los investigadores, incluido el uso de redes sociales por parte de Trump para atacar a testigos, tribunales y empleados del Departamento de Justicia.
• Al negar que el caso tuviera motivaciones políticas, Smith dice: “La afirmación del señor Trump de que mis decisiones como fiscal fueron influenciadas o dirigidas por la administración (del presidente Joe) Biden u otros actores políticos es, en una palabra, ridícula”.
• Smith reflexiona además en una carta adjunta: “Aunque no pudimos llevar a juicio los casos que imputamos, creo que el hecho de que nuestro equipo defendiera el estado de derecho es importante”.
El documento de 137 páginas fue enviado al Congreso después de la medianoche del martes, tras un período de tira y afloje legal que culminó con una jueza allanando el camino para la publicación de la primera parte del informe de Smith.
La jueza, Aileen Cannon, también ordenó realizar una audiencia a finales de semana para decidir si se debe publicar la segunda parte del informe, que se centra en acusaciones separadas de que Trump guardó ilegalmente documentos gubernamentales clasificados en su casa en Florida.
En una publicación en su sitio web Truth Social, Trump mantuvo su inocencia, burlándose de Smith al escribir que el fiscal “no pudo hacer que su caso fuera juzgado antes de las elecciones, que gané de manera aplastante”.
Trump añadió: “¡¡¡LOS VOTANTES HAN HABLADO!!!”
Smith fue designado en 2022 para supervisar las investigaciones del gobierno estadounidense sobre Trump. El Departamento de Justicia elige fiscales especiales en los casos en que existe un posible conflicto de intereses.
En el caso sobre interferencia electoral, Trump fue acusado de conspirar para anular el resultado de los comicios de 2020, que perdió ante Joe Biden.
Tanto este caso como el de documentos clasificados resultaron en cargos penales contra Trump, quien se declaró inocente y trató de presentar los procesamientos como motivados políticamente.
Pero Smith cerró los casos después de la elección de Trump en noviembre, de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Justicia que prohíben el procesamiento de un presidente en ejercicio.
El informe explica: “La opinión del departamento de que la Constitución (de EE.UU.) prohíbe continuar acusando y enjuiciando a un presidente es categórica y no gira en torno a la gravedad de los crímenes de los que se le acusa, la solidez de las pruebas del gobierno o los méritos de la acusación, algo que la oficina respalda plenamente.”
Agrega que los fiscales se encontraron en una encrucijada: “Los resultados electorales (de 2024) plantearon por primera vez la cuestión del procedimiento legal cuando un ciudadano privado que ya ha sido acusado es elegido presidente”.
La publicación del martes se produce después de un período de idas y venidas legales, durante el cual la jueza Cannon suspendió temporalmente la publicación del informe completo de Smith por temor a que pudiera afectar los procedimientos contra dos asociados de Trump acusados junto a él en el caso de documentos clasificados.
Walt Nauta, asistente personal de Trump, y Carlos De Oliveira, administrador de su propiedad Mar-a-Lago, están acusados de ayudar a Trump a ocultar los documentos.
A diferencia del caso de Trump, los suyos aún están pendientes y sus abogados argumentaron que la publicación del informe podría influir en un jurado y un juicio futuros.
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