AICM cierra puntos de venta de taxis Sitio 300 en Terminal 1
El Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) cerró el servicio de los taxis de la empresa Sitio 300 en la Terminal 1 y en la Terminal 2 al intentarlo hubo oposición de los afectados, informó este martes la autoridad de la terminal aérea.
Los puntos de venta cerrados en la Terminal 1 del AICM estaban localizados en las puertas 7 y 8, precisó en un comunicado.
“Se corroboró que el personal de la mencionada agrupación de taxistas, que se encontraban dentro de dichos locales comerciales, no contaba con TIA (tarjetas de identificación aeroportuaria) vigente y activa para permanecer en los puntos de venta dentro de estas instalaciones federales, ni permiso vigente alguno”, explicó el AICM.
Lee: AICM demanda a taxistas de Sitio 300 por adeudo de 60 mdp
“Una vez que se retiró dicho personal, se procedió a tapiar los puntos de venta.
“En la Terminal 2, durante una diligencia similar, se presentaron conatos de violencia, los cuales fueron oportunamente mitigados por personal de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y seguridad del aeropuerto, en acompañamiento para vigilancia y resguardo del perímetro de elementos de la Secretaría de Marina- Armada de México, todo ello ante notario público y observadores de la CNDH”, agregó la terminal aérea.
La demanda del AICM contra taxis del Sitio 300
En octubre pasado, el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) presentó una demanda de concurso mercantil contra los taxistas agrupados en Sitio 300 para recuperar alrededor de 60 millones de pesos (mdp) que esa empresa adeuda a la terminal área desde el año 2020.
A través de un comunicado, el AICM anunció que dicha demanda se presentó contra Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre, Sitio 300 A.C.
Así, el AICM agregó que Sitio 300 no le ha pagado la renta y contraprestaciones por el uso de instalaciones de este aeropuerto.
“Es importante señalar que desde el año 2020 el Sitio 300 no ha pagado al aeropuerto las rentas y contraprestaciones que corresponden por la ocupación de diversos puntos de venta, así como el acceso a zona federal”, detalló.
Por tanto, el monto que busca recuperar el AICM es de alrededor de 60 millones de pesos (mdp), más los intereses que indica le debe Sitio 300.
Además, el AICM agregó que buscará realizar un convenio con la empresa y llegar a un acuerdo.
“El AICM reitera su disposición al diálogo para encontrar una alternativa a esta situación, poner orden en el servicio de Sitio 300 y, al mismo tiempo, dar certeza a las familias que dependen de permisionarios y operadores de que se mantendrá su fuente de trabajo”, indicó.
Multas a taxistas del AICM en 2017
En 2017, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó sobre multas por 23.6 millones de pesos a sitios de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por ponerse de acuerdo para elevar las tarifas, incurriendo en prácticas monopólicas, en perjuicio de los usuarios.
Entre los sitios multados estaba Sitio 300.
“La Comisión acreditó que los agentes económicos sancionados realizaron un acuerdo con el objeto y efecto de fijar, elevar, concertar o manipular el precio al que era ofrecido el servicio de taxi, conducta que actualiza el supuesto previsto en la fracción I del artículo 9 de la anterior Ley Federal de Competencia Económica”, apuntó la Cofece.
En su comunicado, la Comisión explicó que los transportistas pueden determinar y modificar sus tarifas, sin necesidad de la aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Sin embargo, en el caso de los sitios de taxis sancionados, se pusieron de acuerdo para contratar un estudio, que justificara un aumento coordinado de sus tarifas. Además, compartieron información estratégica, que “en condiciones normales de competencia” las empresas no comparten entre sí.
“El 11 de abril de 2011, las agrupaciones mencionadas, mediante sus representantes, firmaron un acuerdo en el cual decidieron contratar de manera conjunta a Santaló Estudios y Proyectos (SEPSA) para que elaborara un estudio tarifario, cuyo objetivo era determinar los precios que en el futuro debían registrar y cobrar por el servicio de taxi para mejorar sus ingresos”, relató Cofece.
“Para ello, los sitios entregaron a la consultora información estratégica que en condiciones normales de competencia las empresas no comparten, como sus costos de operación, tarifas, ganancias, número de unidades y estadísticas de ventas, entre otras”, agregó.
Se estima que la práctica en que incurrieron los sitios de taxi afectó a cuando menos 12 millones de personas, apuntó la Comisión, y que el daño al mercado, calculado en función del sobreprecio que pagaron los usuarios entre agosto de 2011 y diciembre de 2015, fue de 771 millones 713 mil pesos”, indicó la Comisión.
La Cofece ordenó informar a las autoridades del AICM sobre este asunto de los sitios de taxis, “toda vez que el contrato que el Aeropuerto tiene celebrado con cada una de estas agrupaciones establece como causal de rescisión la realización de prácticas monopólicas absolutas. De ser el caso, y si el Aeropuerto tuviera que licitar la adjudicación de nuevos contratos para este servicio, tendría que pedir una opinión previa a la COFECE sobre este proceso”.
Relacionado
Activistas y venezolanos en EE.UU. aseguran que las medidas de Trump criminalizan a los migrantes venezolanos y lamentan que la suspensión del TPS ponga en riesgo a sus beneficiarios.
Cuando el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato, ciudadanos de 17 países disponían de un Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.
En la lista figuraban países como Afganistán, Somalia o Camerún, y otros de América Latina como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
De momento, Trump sólo ha acabado con la protección migratoria de uno de esos países: Venezuela.
La decisión del gobierno Trump obligará a 348.202 venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023 a abandonar Estados Unidos antes del 7 de abril, a menos de que encuentren otro estatus migratorio para legalizarse o introduzcan peticiones de asilo para no ser deportados.
El anuncio provocó indignación entre los venezolanos en Estados Unidos, que días antes recibieron la noticia de que Trump también había ordenado la suspensión del parole, otro permiso humanitario que benefició a miles de venezolanos durante el gobierno de Joe Biden.
“No sólo nos sentimos traicionados, nos sentimos usados”, dijo Adelys Ferro, una activista venezolana y estadounidense que dirige la organización Venezuelan American Caucus en Miami.
La mañana del lunes 3 de febrero, Ferro encabezó una rueda de prensa de activistas venezolanos para condenar la eliminación del TPS en El Arepazo, un restaurante emblemático en Doral, el municipio de Miami que alberga la mayor comunidad de venezolanos en el sur de Florida.
“El compromiso de campaña del presidente Trump era primero contra los criminales, luego contra los indocumentados y ahora contra los migrantes, sin importar su estatus”, lamentó.
“¿Qué pasará con los que no pueden volver a Venezuela, pero tampoco podrán quedarse en Estados Unidos sin un trabajo legal?”, cuestionó Mayra Marchán, activista de la organización de ayuda humanitaria All For Venezuela.
“¿Cómo van a hacer cuando pierdan la cobertura del seguro o no puedan llevar a sus hijos a la escuela por temor a que los deporten?”.
Aquella convocatoria no solo atrajo a activistas y reporteros. También a beneficiarios del TPS que buscaban orientación para evitar sumarse a los 11 millones de indocumentados que carecen de un estatus legal en Estados Unidos y que son blanco de la política de deportaciones masivas de Trump.
“No sé qué voy hacer, pensaba que había hecho las cosas bien”, dijo a BBC Mundo un venezolano con TPS que pidió mantenerse anónimo y asistió como oyente a la convocatoria.
“Jamás pensé que me iba a sentir tan perseguido en Estados Unidos como en Venezuela”.
“Mejoras notables”
Al final de la rueda de prensa, todos en El Arepazo se preguntaban cuáles son las condiciones que han mejorado en Venezuela como para decidir enviar a los beneficiarios del TPS de vuelta a un país al que, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos califica de “dictadura” y con el que ha mantenido una tensa y hostil relación, sobre todo durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
La asignación de este alivio migratorio depende del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, que concede esa protección a extranjeros que corren riesgos al volver a sus países de origen.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos contempla cuatro escenarios que justifican el TPS: conflictos armados, desastres naturales, limitaciones en el país de origen para recibir a sus connacionales o condiciones “temporales y extraordinarias” que impiden el regreso seguro de los ciudadanos.
La decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que fue publicada en el Registro Federal reconoce que se mantienen “ciertas condiciones” que justifican el TPS en Venezuela.
Sin embargo, asegura que hay “mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten que estos nacionales regresen de forma segura a su país de origen”.
Tres meses antes, el entonces secretario de Seguridad Nacional en el gobierno Biden, Alejandro Mayorkas, concluyó exactamente lo contrario.
Anunció la extensión del TPS porque Venezuela “continúa enfrentando una grave emergencia humanitaria debido a una crisis política y económica, así como violaciones y abusos de derechos humanos y altos niveles de criminalidad y violencia”.
La decisión, publicada en octubre del año pasado, indicaba que todos esos factores tenían impacto en “el acceso a alimentos, medicinas, atención médica, agua, electricidad y combustible, y ha llevado a altos niveles de pobreza”.
Durante la última década, 7,89 millones de personas emigraron de Venezuela, el mayor éxodo en la historia de la región, según Naciones Unidas, debido a la crisis económica y política de los últimos años.
Aunque al menos 85% de ellas se instalaron en América Latina, miles de venezolanos entraron irregularmente a Estados Unidos a través de la frontera sur durante el gobierno de Biden, una situación que ha sido condenada por Trump y otros dirigentes republicanos.
Antes de asistir a la convocatoria en El Arepazo, la activista Mayra Marchán dijo que recibió un mensaje de un conocido en Venezuela preguntándole si ya había enviado un kit quirúrgico que le había solicitado para la cirugía de su hija, una joven de 18 años que tiene un tumor cerebral.
“Si no les hacemos llegar eso, no tienen cómo operarla. A ese país vamos a regresar a 300.000 personas”.
Durante el segundo semestre del año pasado, el gobierno de Maduro reconoció haber detenido a 2.000 personas durante las protestas contra los resultados electorales, luego de que fuera proclamado ganador pese a que la oposición reivindicara el triunfo de Edmundo González de acuerdo a los datos del 80% de las actas de votación.
“La mayoría de esos venezolanos que salieron huyendo por una crisis humanitaria sin precedentes, hoy sienten la angustia de una persecución política dentro de Estados Unidos”, dijo la activista venezolana Helene Villalonga.
Muchos en Doral creían que con Trump iban a estar más protegidos y que sería más factible el cambio político que desean en su país.
“En Venezuela no ha mejorado la situación, es todo lo contrario. No entendemos cuáles son los cambios de circunstancias para que un venezolano regrese a Venezuela”, afirmó Villalonga.
En medio de un acercamiento inesperado con el gobierno Maduro, Trump logró este lunes 10 de febrero deportar a 190 venezolanos que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, a las afueras de Caracas, en dos aviones de la aerolínea estatal venezolana Conviasa.
Tras recibir a un emisario de Trump, Richard Grenell, y liberar a seis detenidos estadounidenses, Maduro aseguró que estaba dispuesto a aceptar los vuelos de deportados si el mandatario estadounidense levantaba las sanciones contra su gobierno y habló de que se había dado el “primer paso” para una agenda de entendimiento.
La deportación de migrantes es una de las políticas cruciales de Trump. Y para ejecutarla, necesita llegar a acuerdos con los países de origen para que reciban los vuelos.
Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, descartó que la visita del enviado especial a Caracas constituya una muestra de reconocimiento político al gobierno de Maduro.
“No hay conversaciones para reconocer a Maduro. De hecho, no lo reconocemos”, dijo Rubio durante una gira por Centroamérica a principios de febrero.
La sombra del Tren de Aragua
La decisión de Noem señala que es “contrario al interés nacional” permitirle a los venezolanos beneficiarios del TPS que permanezcan en Estados Unidos.
En una entrevista con el canal de noticias Fox News, la secretaria aseguró que la decisión de su predecesor de extender el TPS para los venezolanos “implicaba que ellos iban a poder permanecer aquí y violar nuestras leyes por otros 18 meses y nosotros detuvimos eso”.
“Vamos a seguir un proceso, evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluyendo a miembros del TdA”, dijo en referencia al Tren de Aragua, la banda de crimen organizado venezolana que se gestó en una cárcel del estado homónimo.
Adelys Ferro recordó que, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, apenas 600 personas han sido identificadas como sospechosas de tener vínculos con el Tren de Aragua en Estados Unidos.
“Y ninguno de ellos tiene TPS. ¿Saben por qué?”, dijo ante los periodistas. “Porque una persona que tiene TPS debe poner sus huellas en un registro biométrico, pasar una revisión de sus antecedentes penales y tiene que probar dónde vive”.
“Estamos siendo señalados y nos convertimos en un objetivo por cómo nos vemos”, aseguró.
“Nos preocupa la creciente estigmatización de la que somos víctimas”, advirtió Helene Villalonga. “Es cierto que existe un grupo llamado Tren de Aragua, pero no podemos permitir que generalicen y asocien a toda la comunidad venezolana con estos delincuentes”.
- “Es muy duro saber que corro el riesgo de volver a Venezuela por perder el TPS”: el migrante que huyó del Tren de Aragua y busca protección en EE.UU.
- “Estoy pensando en irme de EE.UU.”: la desesperanza de los migrantes que llegaron legalmente al país ante las restricciones impuestas ahora por Trump
- Los mapas que muestran en qué países de América Latina están los migrantes venezolanos, el mayor éxodo de la historia de la región
