Agricultores amplían bloqueos en Querétaro e Hidalgo pese a acuerdo sobre maíz anunciado por el gobierno federal
Pese a que el gobierno federal anunció un acuerdo para entregar apoyos a productores de maíz y un ordenamiento del mercado, asociaciones de campesinos mantienen bloqueadas algunas vialidades y casetas en estados como Guanajuato, Sinaloa, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo.
En un comunicado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó que todavía se registran carreteras, autopistas y plazas de cobro, por las movilizaciones de productores agrícolas y campesinos.
“Se mantiene el bloqueo en el Arco Norte Km 079+835, en ambos sentidos de la circulación, así como el km 80 (Tula 1) y en el km 195 (Sanctórum), en ambas direcciones”.
Añadió que en Querétaro hay cierres carreteros en:
- Autopista México-Querétaro, plaza de cobro Palmillas, reducción de carriles en ambos sentidos.
- Autopista Querétaro-Irapuato km 64, cierre a la circulación en ambos sentidos.
- Autopista Guamúchil – Guasave, Puente Sinaloa. Cierre a la circulación en ambos sentidos
Añadió que en el estado de Tlaxcala, la carretera Los Reyes, México-Zacatepec-Puebla se encuentra abierta a la circulación, sin embargo, hay presencia de manifestantes en las laterales de la misma vía.
Acusan simulación por parte del gobierno
Ayer, el Movimiento Agrícola Campesino calificó como una “simulación” el acuerdo al que llegó el gobierno federal con algunos productores de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, y llamó a sus integrantes a que “no se dejen engañar”.
El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, informó en la conferencia mañanera que se había acordado la entrega de apoyos federales y estatales a productores, consistentes den 950 pesos por tonelada de maíz, para alrededor de 90 mil agricultores en el Bajío.
El movimiento demandó 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz al gobierno federal, consideró que no se trata de un “capricho” y reprochó al secretario que presuma un diálogo con el sector, “cuando no se escucha al que trabaja la tierra”.
Cierres en Guanajuato y Michoacán
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que se encuentran tomadas la plaza de cobro de Ecuandureo y la caseta de Panindícuaro, en la autopista Maravatío-Zapotlanejo, además se permite el paso libre en la caseta de Zinapécuaro.
Mientras que en Guanajuato, los productores mantienen un bloqueo intermitente en la autopista Salamanca- Celaya, a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda, en el municipio de Juventino Rosas.
La Secretaría de Seguridad de Guanajuato señaló que solo este punto se encuentra bloqueado para los automovilistas en el estado, por lo que recomendó evitar la zona. En redes sociales, usuarios reportaron filas kilométricas de vehículos y usuarios varados en la zona.
Cierre en Guanajuato afecta visita de turistas
Por su parte, la alcaldesa de Guanajuato, Samantha Smith, reconoció que, de continuar los bloqueos carreteros en el estado, afectará la llegada de visitantes al séptimo Festival del Día de los Muertos que inicia este miércoles en la capital. No obstante, confió en que se alcancen acuerdos que permitan liberar las vías.
“Creo que hoy (los agricultores) han logrado su cometido: que su causa, que es una causa de todos los mexicanos, sea escuchada y se puedan garantizar mejores precios. Esperemos que se puedan llegar a acuerdos sustanciales para que, en la medida de lo posible, se liberen las carreteras”, dijo.
Asimismo, comentó que se harán operativos especiales para trasladar a las comitivas de ciudades hermanas de la capital que fueron invitadas para el Festival.
“Las comitivas de ciudades hermanas, tanto de (Fengdu) China, como de Salinas, California; además de que estarán por aquí autoridades de San Luis Potosí, nuestra Secretaría de Turismo y estaremos haciendo operativos especiales con ellos, sobre todo para garantizar los traslados”, dijo.
Bloqueos en Sinaloa y Morelos
Productores agrícolas tomaron este jueves la caseta Cuatro Caminos, en el municipio de Guasave, como parte de sus protestas para exigir una mesa de diálogo con autoridades agrícolas del gobierno federal.
El grupo pelea una negociación de precios de garantía y apoyos por tonelada. El grupo mantenía abierto un carril por cada sentido de la autopista Benito Juárez y dejaban pasar sin pagar el peaje a todo vehículo.
En el lugar esperaban la llegada de productores de Ahome y del líder Baltazar Valdez Armentía.
En tanto, agricultores de la zona oriente de Morelos también mantienen un bloqueo en la autopista Siglo XXI, para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum que aumente los apoyos al maíz y se paguen apoyos de hasta 7 mil 200 pesos por tonelada.
En ese sentido, los productores habían dicho que la liberación de las vías tomadas y el levantamiento del paro eran acciones “en señal de buena voluntad y con la intención de abrir los canales que se han cerrado”.
“Queremos ser muy claros con todos ustedes: Esto no es el objetivo final, pero sí es el inicio”.
Enfatizaron que los 950 pesos que ofrecen por tonelada no son un acuerdo, sino una imposición que no soluciona nada.
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El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
¿Qué dice el tratado?
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Debería reformarse el tratado?
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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