Con 33 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el Congreso de Chiapas aprobó la reforma al 4° constitucional, la cual elimina el párrafo en donde protege la vida desde la concepción, por lo que podría despenalizar el aborto.
Tras la orden que envió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a legislar para despenalizar el aborto durante su siguiente periodo ordinario de sesiones, es decir, antes del 30 de junio del próximo año.
El dictamen enviado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud, relativo a los derechos de las mujeres y personas gestantes, se presentó en el pleno por lo que la reforma aprobada quedó de la siguiente manera:
“El Estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en la legislación penal del estado de Chiapas”.
La Constitución de Chiapas decía lo siguiente:
“El estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano tiene desde el momento de la concepción, entra bajo la protección de la Ley y se reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, salvo las excepciones que establezca la legislación penal”.
Durante la sesión ordinaria del Congreso, la diputada del Partido Verde, Rosa Linda López Sánchez, declaró que el estado estará haciendo historia al aprobar la reforma constitucional en materia de derecho de las mujeres ya que la reformar la constitución del estado, “representa una luz para todas las personas que sin claudicar han luchado por los derechos de las mujeres y personas gestantes”.
“Es necesario aceptar que la actual disposición constitucional atenta contra el derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar e interrumpir o continuar un embarazo. A su vez, se vulneran los derechos al libre desarrollo de la personalidad a la salud, igualdad y no discriminación y a la autonomía reproductiva”, comentó López Sánchez.
La morenista Faride Abud García, señaló que tienen una medida para aquellas mujeres que quedaron en el tema, pero sobre todo a las mujeres que injustamente pagan por sus propios derechos humanos.
“Los derechos humanos son prerrogativas inherentes, incluso, que tienen con la finalidad a tener una vida digna, tienen diversas características como todo lo que conlleva a una vida vulnerable”, comentó.
La legisladora petista, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, recordó el caso de Esmeralda, quien fue víctima de violación sexual y el Estado la criminalizó.
“No permitamos que nos roben la palabra ‘vida’, nosotras también estamos a favor de la vida. ¿Y la vida de las mujeres? ¿Qué me dicen de Esmeralda? Que fue víctima de violación, que ha vivido una cadena de violencia estructural, cultural, víctima de estigmatización, una niña de 14 años que debería estar jugando, viviendo su adolescencia, crecer y vivir libre y feliz. Pero fue víctima de violencia sexual y después del Estado, de la indolencia y del conservadurismo, pues con total desconocimiento de su embarazo, tuvo un aborto espontaneo y fue criminalizada, perseguida por el sistema de salud y le judicial”, reiteró.
La panista Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, dijo que es derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y a la defensa de los derechos sexuales, pero que se encuentra convencida de que a la vida del ser humano se le debe proteger en todas las etapas.
Te podría interesar: Aprueban eliminar delito de aborto en comisiones del Congreso de CDMX
“Debemos hacerlo desde diferentes puntos de vista: el primero tendría que señalarse desde el punto de vista ético, una reforma de este tipo podría ser interpretada como una relativización de la dignidad humana (…) Sugiriendo que el valor de la vida depende de su etapa de desarrollo o de las circunstancias personales y sociales de las personas gestantes”, dijo en tribuna
Continúa la búsqueda de cuatro menores que desaparecieron en Ecuador en confusas circunstancias. El país está conmocionado con la falta de respuestas en un incidente donde participó una patrulla militar.
Ismael, Josué, Saúl, y Steven salieron a jugar un partido de fútbol el 8 de diciembre y no regresaron a sus casas.
La desaparición de los menores de entre 11 y 15 años ha conmocionado al país ante la falta de información y la presunta participación de militares.
En los últimos días ha aumentado la presión sobre el gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para que entregue información sobre el caso, tras dos semanas de silencio.
Noboa dijo este lunes que es prematuro hablar de una “desaparición forzada”, como la familia de los jóvenes, organizaciones de derechos humanos y opositores están calificando el caso.
Mientras, la Asamblea Nacional llamó a comparecer al ministro de Defensa y a dos mandos de las Fuerzas Armadas para esclarecer lo ocurrido.
El mandatario dijo en una entrevista radial que sugirió a una comisión que los cuatro chicos “sean considerados como héroes nacionales”.
“No vamos a encubrir a nadie”, agregó, y señaló que se está analizando “en qué período hubo un operativo militar, en qué período desaparecieron”.
Este lunes hubo un plantón en las afueras de la Fiscalía de Guayaquil, en el que participaron decenas de personas que exigían conocer el paradero de los menores.
“¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!’, gritaban los manifestantes, que exigen saber “¿Dónde están los 4 de Guayaquil?”.
Luis Arroyo, padre de Ismael y Josué, dos de los cuatro desaparecidos, expresó que estaban “totalmente devastados”.
Relató a la prensa local que había varios niños en la calle, cuando dos vehículos con personas vestidas de militares trataron de detenerlos. Los menores huyeron, pero cuatro de ellos fueron alcanzados por la patrulla, entre ellos, sus dos hijos.
Entre lágrimas, la madre de Ismael y Josué dijo que su instinto le decía que sus hijos están vivos y que tiene sus uniformes escolares planchados para que los niños vayan a la escuela tan pronto como regresen.
Durante el fin de semana el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, adjudicó la desaparición de los menores a “grupos delincuenciales”.
Quienes cuestionan a las Fuerzas Armadas buscan “hacerle el juego al crimen organizado” y “censurar a la institución”, puntualizó.
Sin embargo, este lunes, Loffredo reconoció que los menores fueron detenidos por una patrulla con 16 agentes que pasaban por el Mall del Sur.
Los militares “observan a ocho personas que estaban presuntamente robándole a una mujer”, explicó.
“Se bajan los miembros de la patrulla, neutralizan y aprehenden a tres personas y una cuarta es entregada por la ciudadanía que lo había cogido”, señaló el ministro en declaraciones a la radio City.
“Esta es lamentablemente la manera en que aprehenden a estos cuatro chicos”.
Loffredo confirmó que la patrulla militar que intervino tiene su base en Taura.
“Debe ser que camino a la base es cuando toman la decisión de dejar libres a estos niños”.
Organizaciones de derechos humanos exigen que el caso se investigue como desaparición forzada y que los militares involucrados en el hecho sean procesados penalmente.
Pero el presidente Noboa dijo que se necesitaba un “análisis técnico” antes de que el incidente pudiera calificarse de desaparición forzada.
La Fiscalía General de Ecuador, por su parte, abrió una investigación y señaló en su cuenta de la red social X que las indagaciones estarán a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza en Quito.
La agencia Associated Press informó que revisó las imágenes de cámaras de seguridad que muestran el momento en que dos menores son capturados por hombres vestidos con uniformes militares y subidos a una camioneta.
Ambos son puestos boca abajo en la camioneta y a uno de ellos, un militar le da un puñetazo en la cabeza, informó la agencia.
Estas imágenes, agregó, fueron entregadas a la Fiscalía, a la Unidad Antisecuestros de la Policía y a la Asamblea Nacional por la empresa pública municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil.
Uno de los padres de los menores le dijo a la prensa local que mientras esperaba que los chicos regresaran a casa, recibió una llamada de un hombre desconocido que le dijo que fuera a buscar a los niños en el camino que va hacia la localidad de Taura, una vía que comunica con una base militar.
El padre agregó que pidió hablar con su hijo y que este le dijo por teléfono: “Los militares nos cogieron, nos metieron palo, nos están acusando de un robo, nos dejaron botados. Por favor ven, sálvame”.
Tras alertar a las autoridades, los familiares dicen haber recibido una segunda llamada con la voz de un hombre que decía: “La mafia se los llevó“.
Ecuador vive en un estado permanente de militarización, luego que a comienzos de 2024, y en medio de una de las mayores crisis carcelarias que ha enfrentado el país, el gobierno de Noboa sacara a los militares a las calles para luchar contra el crimen organizado.
En aquel momento, el mandatario dijo que las Fuerzas Armadas tendrían la misión de apoyar las labores policiales para mantener el orden y la seguridad, y elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”, con lo que pasó a catalogar a las bandas como grupos “terroristas”.
Aunque el gobierno informa de una disminución del 17% en el número de homicidios a nivel nacional, las denuncias de extorsiones, secuestros y asesinatos por parte de las bandas criminales continúan.
Ecuador está entre los países con mayores tasas de homicidios per cápita en América Latina, en medio de una violencia que el gobierno atribuye a la acción de grupos criminales.
Noboa buscará la reelección en los comicios del 9 de febrero para gobernar el país por un período completo (2025-2029) tras haber ganado los comicios extraordinarios de 2023, después de la salida anticipada del expresidente Guillermo Lasso.
El país ya ha entrado en período de campaña electoral y en ese contexto, el caso de los cuatro menores desaparecidos podría convertirse en una piedra en el camino para las aspiraciones del mandatario, especialmente cuando las encuestas difundidas hasta ahora, arrojan que la contienda apunta a ser un nuevo cara a cara entre el actual presidente y la candidata presidencial del correísmo, Luisa González.
Como el tema de la seguridad es fundamental en la decisión de voto, Noboa ha tenido mucho cuidado en el manejo de la información del caso de los menores desaparecidos.
Pasadas dos semanas desde que fueron vistos por última vez, la presión ciudadana escaló en los medios de comunicación y las calles, exigiendo que se esclarezca la verdad de lo sucedido.
Sobre el caso, dijo Noboa: “No podemos caer en las provocaciones de la oposición que quiere llevarlo como si fuese un crimen de Estado”.
Y la oposición, por su lado, ha dejado entrever que el gobierno no ha hecho lo suficiente para que se conozca el paradero de los menores.
Están previstos nuevos plantones en Guayaquil durante esta semana para exigir mayores esfuerzos para el hallazgo de los niños.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.