En el último año hubo 82 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de damnificados por el sismo del 19S en la CDMX: en el 45.7% de los casos fueron por la tardanza de las obras de reconstrucción.
En tanto, el 31.7% de las quejas han sido por reclamos de quienes acusan no haber sido inscritos como beneficiarios, pese a que se acreditó que sus viviendas resultaron dañadas, y 23.1% por personas que ya recibieron su casa, pero esta requirió reparaciones posteriores o se detectó que fue edificada con material de mala calidad.
De acuerdo con un reporte presentado este lunes por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), la mayoría de las quejas relacionadas con el sismo y la reconstrucción presentadas entre octubre de 2022 y agosto de 2023 fueron de la alcaldía Cuauhtémoc (46.3%), Iztapalapa (22%), Xochimilco (7.3%), Tláhuac (6.1%) y Benito Juárez (6.1%).
Según la CDHCM, de los 82 expedientes iniciados 55 ya fueron debidamente atendidos y se encuentran concluidos, y 27 continúan en trámite.
En total, desde que ocurrió el sismo del 19s al 30 de agosto de 2023, la CDHCM ha recibido un total de 455 quejas relacionadas con el tema, de las cuales 421 ya fueron concluidas (60.4% de ellas de manera favorable para las víctimas) y 34 se encuentran en trámite.
Exclusión y tardanza de apoyos, las quejas de damnificados del sismo en CDMX
Del total de las quejas por tardanza en las obras, el 40.5% tuvo como origen la tardanza en la ejecución de los trabajos de reconstrucción, seguido de los reclamos por la disminución en las dimensiones de los inmuebles que se van a reconstruir (8.1%).
Otros motivos de queja ―5.4% cada uno― se presentó por la falta de atención a las construcciones dañadas, pese a que cuentan con un folio; por falta de información sobre los avances en la reconstrucción; inconformidad por omisión de entrega del apoyo para renta, y tardanza en la transferencia de recursos para la rehabilitación de inmuebles.
En cuanto a los reclamos vinculados a la etapa de inscripción al programa de reconstrucción, 34.6% se presentaron por inmuebles que no fueron considerados a pesar de tener algún dictamen de riesgo emitido por instituciones públicas, 15.4% por edificaciones que no fueron inscritas bajo el argumento de que los daños no los provocó el sismo, 11.5% por cancelación de códigos de vivienda y 23.1% por falta de respuesta de la autoridad.
Las quejas por trabajos ya ejecutados fueron presentadas por inconformidades con la deficiente calidad de los materiales empleados para la reconstrucción (21.1%), por la tardanza en la entrega de inmuebles por trabajos adicionales o posteriores (15.8%), por cambios en las dimensiones de las viviendas (10.5%) y afectaciones en edificaciones aledañas (10.5%).
Otro 31.6% de las reclamaciones se dio por la distribución de estacionamientos en espacios reconstruidos, inconformidad con el proceso de entrega del inmueble y falta de respuesta a escritos.
Avances en la reconstrucción de viviendas, a 6 años del 19S
Seis años después del sismo, el 32% de los damnificados de la Ciudad de México que fueron reconocidos en el censo para la reconstrucción aún no cuentan con una vivienda. Datos del gobierno capitalino señalan que en 5 mil 250 casos los inmuebles se encuentran en obras de rehabilitación y mil 690 todavía están pendientes de iniciar trabajos.
Aún con ello, la CDHCM reconoció que, de 2022 a 2023, avanzó 10% el número de viviendas rehabilitadas y entregadas, que a la fecha suman 15 mil 80.
En cuanto al porcentaje de demoliciones concluidas, la comisión documentó que avanzaron 3%, por lo que solo queda pendiente el 5%.
Además aumentó en 20% el porcentaje de familias que recibieron una reparación integral con motivo del fallecimiento de alguno de sus integrantes, por lo que afirma que solo queda pendiente atender 20% de los casos reportados.
Ante este panorama, la CDHCM instó a las autoridades para que, en los ámbitos de sus respectivas competencias, “continúen con la ejecución de las acciones necesarias hasta consolidar la conclusión de los trabajos que permitan garantizar a las personas afectadas su derecho a la vivienda en condiciones de dignidad y seguridad”.
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Miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, policías y soldados participaron este miércoles en un operativo para tomar control de la cárcel de Tocorón y “desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada y demás redes criminales” que operaban en esa penitenciaría en el norteño estado Aragua.
Desde años se sospechaba que la cárcel era el centro de operaciones de la temida organización delictiva conocida como el Tren de Aragua, aunque las autoridades no la mencionaron como objetivo directo de su operativo.
En Tocorón estaba recluido Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de este grupo de crimen organizado, el mayor de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina.
A pesar del allanamiento de la penitenciaría, los analistas no creen que signifique la desaparición del Tren de Aragua, cuya compleja estructura de criminalidad se extiende por toda América Latina.
La periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, opina que otros cabecillas de la organización y las células que están fuera de Venezuela pueden seguir operando.
Se sabe que la megabanda nació en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, hace más de una década, pero no hay consenso entre los expertos de cómo dirigía las actividades de sus afiliados desde la cárcel ni exactamente la magnitud de los mismos.
Orígenes
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la banda nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo de tren que atravesaría el estado Aragua.
“Los miembros del sindicato extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del tren de Aragua'”. asegura el experto en crimen organizado en entrevista con BBC Mundo.
“Algunos de estos individuos terminaron presos en una prisión local conocida como la cárcel de Tocorón y desde allí comenzaron a tomar fuerza como organización criminal”, prosigue.
Izquiel explica que, desde la prisión, Héctor Rusthenford Guerrero comenzó a agrupar a exmiembros del sindicato y a otros presos comunes y armó poco a poco la organización que conocemos actualmente.
Primero se expandieron afuera de la cárcel hacia otros sectores del estado Aragua.
“Hoy controlan el barrio de San Vicente en el estado Aragua, que ha pasado a ser su epicentro de control fuera de la cárcel de Tocorón”, agrega.
Luego se expandieron al resto del país: “Se sabe que están en el estado Sucre, controlando rutas de narcotráfico, y participan en la minería ilegal en el estado Bolívar”.
Liderazgo
De acuerdo a la experta en crimen organizado Ronna Rísquez, la primera vez que se empezó a escuchar del Tren de Aragua como una banda criminal ya establecida fue a partir de 2013, meses después de la fuga de la prisión de Tocorón del “Niño Guerrero”, quien fue recapturado casi un año después.
“Antes de eso había varias organizaciones, algunas asociadas a la prisión de Tocorón y otras que operaban afuera de la prisión en el estado Aragua y a quienes se les vincula con el ferrocarril que estaba en construcción en esa zona”, le dijo la investigadora a BBC Mundo.
“De allí viene el nombre Tren de Aragua”.
Rísquez asegura que Guerrero Flores es el líder oficialmente, pero añade que el grupo podría tener al menos dos líderes más, y que se sospecha que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero.
El profesor de criminología Luis Izquiel explica que el “Niño Guerrero” era capaz de controlar el Tren de Aragua desde prisión porque desde hace varios años algunos presos se habían “adueñado” del control de algunas cárceles de Venezuela a través del liderazgo de pandillas carcelarias.
“Todo lo que ocurre dentro de estas penitenciarias es manejado por estos criminales, que tienen más poder que los directores de las cárceles o los militares que las custodian”, asegura.
A los líderes delictivos en Venezuela se les conoce como los “pranes” y Héctor Guerrero Flores es quizá el más importante de todo el país.
Según Izquiel, esto ocurre con la complicidad de muchos funcionarios del Estado, sea por “acción u omisión”.
Expansión internacional
Ronna Rísquez afirma que ha identificado la presencia del Tren de Aragua en once estados de Venezuela, pero su actividad actualmente no se limita a las fronteras del país caribeño.
Apunta que si bien la primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, puede que sus operaciones internacionales hayan comenzado antes.
El 3 de agosto de 2022, la División de Investigación de Robos de la policía peruana detuvo a cinco integrantes de una banda que identificaron como “Los Malditos del Tren de Aragua”. Les incautaron tres armas de fuego, una camioneta, una granada tipo piña y pasamontañas.
Uno de los detenidos, el venezolano Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, admitió haber cometido seis homicidios en Perú bajo la modalidad de sicariato.
Desde entonces la banda se ha expandido en ese país. El 19 de julio de ese año, la policía local detuvo a cuatro implicados de nacionalidad venezolana en el décimo piso de un edificio en Lima, la capital del país.
En el vecino Brasil, las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país -y que también nació en una penitenciería- en el estado de Roraima, que comparte frontera con Venezuela.
También se han registrado actividades del grupo en Colombia.
“En Colombia, empezó operando en la zona fronteriza con Venezuela, entre Táchira y el Norte de Santander, donde ahora controlan el paso fronterizo del lado colombiano. Luego se expandió a otras regiones colombianas incluida Bogotá, más recientemente”, asegura Rísquez.
A principios de julio de 2022, un video en el que se puede ver a dos sujetos golpeando, torturando y asfixiando a un migrante hasta quitarle la vida sirvió de prueba para que la policía de Bogotá capturara en la localidad de Kennedy a alias Alfredito y el Capi, dos presuntos miembros del Tren de Aragua.
Según las autoridades colombianas, el grupo delincuencial lucha desde 2021 con otras bandas colombianas por el control del negocio de la droga en la capital colombiana.
“Su sello es causar temor”
Tres semanas antes del operativo policial en Bogotá, mucho más al sur del continente, el jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte de la policía chilena, Rodrigo Fuentes, ofreció detalles de cómo opera la megabanda en Chile.
“Obedecen a un líder, tienen personas vinculadas al manejo del armamento, otros que se preocupan de la recolección de dinero, conocida como vacunas, como extorsión, y sicarios”, detalló el funcionario a medios chilenos.
“Matan conforme a una orden, aquí no se produce la figura del sicariato normal que nosotros conocemos, donde hay un premio o una promesa remuneratoria. Acá hay una orden de un líder que ordena matar a una persona que no paga la vacuna, cuando es extorsionada”, añadió.
Según Fuentes, gran parte del dinero obtenido de manera ilícita es enviado a Venezuela.
“La organización en sí tiene liderazgos que están en Venezuela y estos liderazgos se transforman en brazos operativos en distintos países”.
Mario Carrera, quien es fiscal regional de Arica y Parinacota, una región cerca de las fronteras de Chile con Perú y Bolivia, la calificó como “una organización bastante brutal en su forma de actuar”.
“Normalmente una organización criminal buscar actuar con sigilo para no despertar mayores sospechas. Esta gente no, su sello es causar temor y para ello ocupan las técnicas que hemos visto, los homicidios y las torturas”, dijo la semana pasada durante una intervención en la Radio Cooperativa de Chile.
El Tren de Aragua también ha sido acusado en Chile y en otros países de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de tráfico de migrantes.
Miles de integrantes
Ronna Rísquez explica que si bien su presencia se ha comprobado en países como Colombia y Perú, se presume que el Tren de Aragua opera en muchos otros países.
“Al operar en la frontera entre Chile y Bolivia, se presume que están en Bolivia. Al operar en la frontera de Chile y Argentina, también se presume que operan en Argentina. También se cree que están en Costa Rica y Panamá”, prosigue la experta en crimen organizado.
Por su parte, Luis Izquiel asegura que la banda tiene presencia en Ecuador, controlando a veces el paso fronterizo con Colombia.
Según el sitio especializado Insight Crime, el Tren de Aragua se ha convertido en una “amenaza criminal transnacional”.
“Ha seguido la trayectoria del éxodo de migrantes venezolanos y ha encontrado la manera de establecer operaciones permanentes en varios países”, apunta.
Calcular el número de integrantes del Tren de Aragua es complicado, pero Izquiel calcula que podrían ser entre 2.500 y 3.000 individuos, mientras que la estimación de Ronna Risquez va hasta los 5.000.
Rísquez considera importante destacar que se trata de un grupo que no se dedica a una sola actividad delictiva, lo cual le da una “ventaja” frente a otras bandas.
“El Tren de Aragua tiene una gran capacidad para adaptarse. No es un grupo que se dedica exclusivamente al narcotráfico ni al contrabando ni al secuestro. Busca nichos y brechas donde meterse y justamente uno de los nichos que ha aprovechado es la migración venezolana“, señala.
“Puede que los migrantes venezolanos se hayan convertido en las principales víctimas del Tren. Los extorsionan, los utilizan para el tráfico de migrantes o de personas, para la trata y explotación sexual”.
“No tienen las armas de los carteles mexicanos ni el conocimiento del manejo de negocios ilegales que tienen las disidencias de las FARC o su experiencia, pero saben moverse y adaptarse”.
*Esta es una actualización del artículo de Norberto Paredes publicado en BBC News Mundo el 1 de agosto de 2022.
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