Implementan a medias inclusión: hay protocolos para personas trans, pero no boletas Braille ni voto en prisión
Para entender mejor
Para la elección judicial del 1 de junio el Instituto Nacional Electoral (INE) aplica protocolos a fin de que personas con problemas de movilidad puedan votar y personas trans participen en igualdad de condiciones, aunque, por otro lado, la falta de recursos y planeación excluyó del voto a las personas en prisión preventiva y no habrá plantillas Braille para las boletas de personas con discapacidad visual.
Especialistas consultados por El Sabueso coinciden en que esto representa un retroceso para los derechos político-electorales de dichas poblaciones.
Sin plantillas Braille y menos personas con voto anticipado
Según el Acuerdo INE/CG351/2025 del 16 de abril de 2025, no habrá plantillas Braille para las boletas de personas con discapacidad visual, como ocurrió en procesos electorales previos.
“Me parece un gran retroceso, porque de hecho las plantillas en Braille para las boletas que eran las típicas de la elección empezaron hace 20 años”, considera en entrevista Katia D’Artigues, directora general de Yo También.
“Debió haber mucho más ajustes razonables. Me hubiera gustado que lo hubieran hecho, por ejemplo, con las boletas que no cambian, que son las de las personas candidatas a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, que sí es una elección nacional”, agrega sobre las modificaciones y adaptaciones necesarias para garantizar este derecho en igualdad de condiciones.
En la elección judicial, 97 personas con alguna limitación física o discapacidad que les impida acudir a la casilla el 1 de junio, así como sus personas cuidadoras primarias, podrán votar entre el 12 y el 21 de mayo.
A esta modalidad se le conoce como voto anticipado y será vía postal, en el domicilio de la persona con discapacidad.
Se trata de 60 personas en estado de postración (35 mujeres y 25 hombres), y 37 cuidadoras primarias (32 mujeres y cinco hombres) que solicitaron ejercer esta modalidad de voto.
Desde 2023 hubo pruebas piloto sobre esta modalidad. En el proceso electoral de 2024, por primera vez, las 32 entidades federativas participaron en el voto anticipado y de las 4 mil dos personas que tuvieron la posibilidad de ejercer este derecho político-electoral, tres mil 445 (86%) lograron emitir su sufragio.
D’Artigues señala que en la elección judicial habrá menor participación de personas con discapacidad por medio del voto anticipado. “Creo que faltó mucha más publicidad respecto de esta modalidad”, considera.
Celso Soto, director de accesibilidad de Yo También, auditó la plataforma de Conóceles donde están los perfiles y propuestas de las candidaturas federales, y ubicó que la página fue desarrollada sin considerar estándares de accesibilidad o las mejores prácticas de desarrollo web. En el INE se comprometieron a hacer pruebas con personas con discapacidad que ya deberían estar listos en este mes de mayo para que puedan informarse rumbo a los comicios del 1 de junio.
Las personas con discapacidad tienen el derecho y obligación de participar como integrantes de la mesa directiva de casilla, según el artículo 5 y 36 constitucionales y el artículo 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Para ello, el INE aplicará el Protocolo para la Inclusión de Personas con Discapacidad como funcionarios y funcionarias de Mesas Directivas de Casilla. Este consiste en una guía para crear las condiciones de participación en todos los tipos de elección y adoptar medidas para eliminar de manera progresiva las barreras físicas, normativas, materiales, tecnológicas y comunicacionales que impiden el ejercicio de sus derechos.
“Realizar, en la medida de lo posible, ajustes razonables para brindar en casos particulares apoyos técnicos, materiales y/o humanos que requieren las personas con discapacidad para poder desempeñarse como funcionarios de mesas directivas de casilla”, se lee en el protocolo.
De acuerdo con el INE, en la fase de nombramientos de funcionariado de casillas seccionales se tienen registrados a 2 mil 855 ciudadanos y ciudadanas que manifestaron tener alguna discapacidad, con corte al 6 de mayo. Mientras que en las elecciones federales de 2024 participaron 4 mil 877 ciudadanas y ciudadanos como funcionariado de casilla con algún tipo de discapacidad.
Protocolo para garantizar el voto de personas trans
En las elecciones judiciales, el INE también aplicará el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones, una guía sobre las acciones para la participación política sin discriminación de quienes se identifican como travestis, transgénero y transexuales.
“En ningún caso la falta de concordancia entre la expresión de género con la fotografía de la credencial para votar, o bien con el nombre o el sexo (hombre o mujer) asentado podrá ser causa para impedir el voto”, dice el protocolo.
Además, en los Módulos de Atención Ciudadana del INE personas trans podrán solicitar de manera permanente Credenciales con sexo o nombre de acuerdo con la identidad de género con la que se autoperciben. Sin embargo, hay que considerar que si se desea hacer este trámite para la elección judicial, el INE ya está por iniciar la impresión de las listas nominales.
En las elecciones federales de 2024, el INE registró 171 mil 176 personas que solicitaron que el dato de sexo no fuera visible en su Credencial para Votar, así como 106 personas que se identificaron como no binarias. Al 24 de junio de 2024, había un total de 3 mil 743 solicitudes para cambiar el dato de sexo o nombre.
Personas en prisión preventiva no podrán votar
A pesar de estar privadas de la libertad, las personas en prisión preventiva conservan su voto gracias a la presunción de inocencia. Sin embargo, el 10 de febrero de 2025 INE, mediante el Acuerdo INE/CG64/2025, resolvió no implementar este derecho.
José Luis Gutiérrez, director general de Asistencia Legal por los Derechos Humanos A. C. (ASILEGAL), explica la importancia de que las personas en prisión preventiva puedieran ejercer su derecho a votar por las personas juzgadoras.
“La importancia de que en estas elecciones voten, número uno, porque son sujetas de derechos, hay que recordar eso. Número dos, porque es un derecho conquistado y ganado. Y número tres, porque son personas que justamente tienen relación directa con los operadores de justicia y deben conocer quién los juzga, quién va a resolver sus casos”, dice.
En el acuerdo INE/CG64/2025, el INE expuso la reducción presupuestal de 67% en “Votación Anticipada”; de 99% en “Conformación de la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado y de Personas en Prisión Preventiva para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025”; y de 100% en “Voto de las personas en prisión preventiva en materia de Organización Electoral”.
“Desde ASILEGAL creemos que estos tipos de argumentos no son factibles si no se hace un análisis de máximo uso de recursos que determine que, efectivamente, el INE hizo todo lo posible y hasta lo imposible para que estas personas pudieran votar. El acuerdo solamente establece que no hay condiciones ni presupuestarias, ni técnicas, ni operativas, pero no explica todo lo que hicieron para identificar si era posible, si fueron a ver otros fondos, si le quitaron a otro gasto para poder, entonces, generar esta posibilidad”, sostiene Gutiérrez.
ASILEGAL pide que el proceso electoral judicial de 2027 incluya a las personas en prisión preventiva que, además, registran una alta participación. Por primera vez, en las elecciones federales de 2024, de las 30 mil 947 personas en prisión preventiva con posibilidades de votar, participaron 26 mil 563 (24 mil 363 hombres y 2 mil 200 mujeres).
“Considerarlas, generar la lista nominal de personas en prisión preventiva para que puedan votar, generar la difusión y la promoción de las campañas electorales al interior de los centros penitenciarios, generar presupuestos claros y claves, interlocución”, pide el director general.
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