En el año 2020, Gabriela Pablos presentó en la Ciudad de México una denuncia penal en contra de dos personas con las que en el pasado sostuvo relaciones de pareja, luego de que ambos se confabularan para difundir fotografías íntimas, que uno de ellos le tomó sin su consentimiento cuando amamantaba a su hijo.

Según la ley, este tipo de violencia de género por medios digitales se sanciona hasta con seis años de prisión, sin embargo, tres años después, cuando la carpeta de investigación por fin fue consignada ante un juzgado local, Gabriela decidió renunciar a su exigencia de justicia y abandonar el litigio, debido a que en la primera audiencia de presentación de pruebas, la juez encargada, Erika Navarro Olvera, determinó que, a pesar de que los dos acusados sí difundieron públicamente esas imágenes, desde su perspectiva no lo hicieron con “dolo”, es decir, con la intención de dañarla.

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“No me quedó otra opción porque, al final, llevar un caso ante la justicia en México es muy caro, y yo, como madre soltera, tuve que sopesar qué podía pagar y qué no podía pagar”, lamenta.

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Justicia local: por qué las personas abandonan sus litigios en México

Estos juicios dados de baja, o concluidos por desistimiento, representan una tercera parte de todos los procesos que logró cerrar en 2023 la justicia local (ámbito en el que se dirimen prácticamente todas las disputas entre personas que reclaman la intervención de un juez, ya sea en materia civil, familiar, mercantil o penal), según el Censo Nacional sobre Impartición de Justicia Estatal.

“Yo tengo tres hipótesis para responder esa pregunta”, explica la abogada Ana Laura Magaloni, catedrática de la Universidad Iberoamericana y coordinadora del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia.

“La primera es que el sistema de justicia en México le resulta a la ciudadanía muy complicado. La gente no le ve mucho futuro a sus demandas en ese ámbito tan intrincado, en el que tiene que enfrentar largas esperas y multiplicidad de audiencias y trámites, así como lidiar con todos los obstáculos que le pone una burocracia que gusta de hacer dinero con la prestación de este servicio público”, explica la especialista.

La segunda hipótesis, señala Magaloni, es que la gente no tiene el dinero que reclama un proceso jurídico, ya que la impartición de justicia no es un derecho al que se acceda de forma gratuita, sino que implica sufragar los costos de contratación de abogados privados y la realización de trámites jurídicos, así como los costos de la corrupción.

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En México, detalla la académica, la mayoría de las defensorías públicas (que proveen abogados gratuitos a la población que no tiene recursos para una defensa privada) sólo atienden temas penales.

“La gente tiene que contratar abogados para todas las demandas que tienen que ver con todas las demás materias que atiende el sistema de justicia, como pensión alimenticia, ejecución de contratos, divorcios, despidos injustificados, juicios sucesorios, deudas no saldadas, sólo por poner algunos ejemplos”, señala.

Finalmente, la tercera hipótesis es que la gente abandona los litigios sencillamente porque le resulta más barato y más rápido lograr acuerdos por fuera del sistema de justicia, que dentro de éste, lo que no implica que dichos acuerdos en realidad impliquen el resarcimiento de los daños o afectaciones provocadas sino, acaso, sólo una medida práctica para salir del laberíntico sistema jurídico.

Justicia local simulada en México

Desde su posición como usuaria, la visión de Gabriela Pablos sobre las razones por las que el sistema de justicia local ahuyenta a la ciudadanía que busca su auxilio es aún más categórica.

“Por una parte, la justicia local en México está diseñada para que te hartes. Es un sistema que simula hacer justicia, pero que, en realidad, alarga los procesos apostando a que te canses, a que tu paciencia se quiebre, o a que te empobrezcas y, finalmente, desistas”, comenta.

“Pero eso no es todo, por otra parte el sistema de justicia legal mexicano también está diseñado para que la corrupción pueda existir y para que los juicios avancen en favor de la parte que pueda llegarle al precio a los jueces”, agrega.

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Gabriela es representante de la colectiva contra la violencia vicaria Madres Libertarias, que agrupa a 150 mujeres que sufren, junto con sus hijos, agresiones por parte de exparejas. Su postura frente a la justicia local no es una impresión aislada o individual.

Según la Encuesta Nacional de Cultura Cívica –realizada en 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi–, una de cada cuatro personas que tuvieron contacto con jueces mexicanos afirmaron haber sido extorsionadas por estos servidores públicos, a cambio de que sus procesos avanzaran.

De ese 25 por ciento de los usuarios del sistema de justicia, sólo la mitad dijo haber estado en condiciones de pagar la extorsión exigida. El resto debió enfrentar el congelamiento de sus procesos jurídicos o, incluso, una conclusión desfavorable.

Gabriela pone su caso como muestra de lo que el dinero invertido en corrupción de jueces y funcionarios judiciales puede lograr en contra de las víctimas de hechos injustos.

“Yo tengo dos hijos, que procreé con dos personas diferentes, y di por concluidas esas relaciones, porque con ambos sujetos sufrí violencia tanto física, como psicológica y económica. Pero, luego de esas separaciones, mis dos exparejas, que son personas con recursos económicos, se aliaron para quitarme la custodia de mis hijos y, de hecho, al menor su padre me lo robó cuando tenía 7 meses de nacido”, explica.

Gabriela ha dedicado los últimos cinco años a la lucha legal para recuperar la guarda y custodia de su hijo menor (sustraído en 2020 por su progenitor), así como para evitar que le retiren la custodia del mayor. Todo eso, mientras trabaja como comerciante de las artesanías que ella misma produce, para sobrevivir y para pagar los recursos legales que promueve en defensa de su derecho a ejercer la maternidad de sus hijos.

En cambio, los dos progenitores de sus hijos son representados legalmente por un bufete privado de abogados, que se especializa en disputar la custodia de infantes a sus madres, así como en evitar el pago de pensiones alimenticias.

Ese grupo de abogados defiende a los agresores de nueve mujeres agrupadas en la colectiva a la que ella pertenece.

“Como ese bufete, que se dedica solamente a defender a padres violentadores, a acosar jurídicamente a mujeres víctimas de violencia, hay muchos más”, afirma Gabriela.

“En este tiempo yo he sido denunciada ante tribunales familiares y juzgados penales en más de 90 ocasiones, y todos esos procesos en mi contra curiosamente siempre han avanzado, aún sin que se presenten pruebas, sólo dichos, y cada una de esas veces yo tuve que pagar abogados, trámites y peritajes, para demostrar la falsedad de las imputaciones. Pero cuando yo he intentado denunciar a mis agresores, con pruebas en la mano, los jueces locales me han dado la espalda”, añade.

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Desde 2019, cuando Gabriela se divorció del papá de su primer hijo, el acuerdo ratificado ante el juez de turno establecía que el progenitor pagaría por concepto de pensión alimenticia un monto económico mensual, más los gastos “accesorios” del menor, es decir, colegiaturas, atención médica, enseres, útiles escolares y uniformes.

Sin embargo, de forma inexplicable, al emitir la sentencia de divorcio, el juez omitió incluir el pago de los gastos accesorios, lo que su pareja usó de pretexto para incumplir con esa parte de la pensión pactada en el acuerdo que ambos habían ratificado ante dicho juzgador.

“El juez actuó con absoluta negligencia”, afirma.

Por esta razón, impugnó dicha sentencia y denunció a su expareja por incumplimiento de obligaciones económicas familiares, pero hasta la fecha, más de cinco años después, ese expediente permanece detenido.

Expendientes por atender en la justicia local en México

Según la última Encuesta sobre Impartición de Justicia Estatal, para el año 2023, en México había 116 mil expedientes por atender en la justicia local, únicamente por pensión alimenticia, de los cuales sólo 14 por ciento logró cerrarse.

En promedio, el tiempo de resolución que toman las controversias por pensión alimenticia en México es de mil 311 días naturales, lo que equivale a 3 años y medio. Aunque, al analizar este promedio a nivel estatal, el tiempo de resolución aumenta sensiblemente en algunos puntos del país.

En Yucatán, por ejemplo, la conclusión de juicios por pensión alimenticia toma en promedio 5 mil 456 días, es decir, casi 15 años, lo que lo convierte en el estado en donde más tarda la resolución de este tipo de conflictos jurídicos. Le sigue Michoacán, con siete años y medio.

“Así como yo, estamos todas las víctimas de violencia vicaria y de otros hechos injustos en México: el sistema de justicia sólo está esperando a ver qué puede más, si el hambre y la pobreza, o bien, la sed de justicia y el amor a tus hijos. Y eso es muy cruel”, concluye Gabriela.

Preservación y reforma judicial en México

En septiembre de 2024, en México se aprobó una reforma constitucional al sistema de justicia federal, y de ella derivaron reformas locales en 19 entidades.

Por esas reformas, el próximo 1º de junio se elegirán mil 800 jueces y magistrados locales, que representan aproximadamente la mitad de los que existen en el país.

Esta reforma, sin embargo, no incluyó modificaciones operativas orientadas a mejorar su funcionamiento o erradicar la corrupción.

Para hacer más rápida la impartición de justicia, la reforma sólo prevé que los jueces ahora reporten los casos en que un expediente o causa penal se demore más de seis meses en concluir, pero no se establece de qué forma esto hará más rápidos los procesos.

Mientras que, en materia de corrupción, la reforma sólo se implicó cambiar el nombre del órgano que vigila la actuación de los jueces, así como reducir el número de sus integrantes y su duración en el cargo.

“Ésta fue una reforma política”, explica Ana Laura Magaloni, “su intención no fue mejor la arquitectura del sistema de justicia, resolver la corrupción o profesionalizar a sus operadores. Su objetivo fue vincular el sistema de justicia con el sistema político“.

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Para las personas usuarias del sistema de justicia, añade, la única diferencia es que ahora va a ir a las urnas a votar por los jueces, para que éstos puedan mantenerse en el cargo o para que puedan ascender.

“Eso significa que los jueces van a estar vinculados al sistema político, porque no hay forma en que un juez desconocido por la población pueda ganar una elección. Para ello requieren el voto clientelar, que se controla desde el ámbito político”, insiste.

La consecuencia es que nada de esto va a resolver los problemas por los que la gente se aleja del sistema de justicia, sino que los va a empeorar.

“Ya lo estamos viendo desde ahorita: la maquinaria está más lenta todavía, y cuando se haga el cambio de jueces, los tiempos de resolución van a empeorar, porque esos nuevos jueces llegarán a atender expedientes que no conocen, y eso puede generar todavía menos ánimo de los ciudadanos para seguir dentro del sistema e, incluso, puede disuadirlos de acudir a él”, concluye la académica.

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