
Para entender mejor
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que anulará el triunfo de candidatos al Poder Judicial si se confirma que son prófugos de la justicia, violentadores o deudores alimentarios.
Durante la sesión, la consejera Claudia Zavala, aseguró que se parte de la jurisprudencia que exige a las autoridades correspondientes a revisar los requisitos de elegibilidad.
“Son cualidades que deben reunir una persona para ocupar un cargo y incluso ya en el propio ejercicio del cargo y en esta medida con base en esa jurisprudencia que marca que hay dos momento para hacer este análisis, uno: primer momento que no estuvo a cargo de este instituto porque legalmente no le corresponde, es para las candidaturas, para poder ser una persona candidata y el segundo momento es ya cuando se declara la validez de la elección, se pasa hacer un análisis del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad”, comentó.
Indicó que en este segundo momento es donde el INE genera la propuesta a partir de la Comisión de Igualdad para que se puedan hacer cargo de la revisión.

“De acuerdo con en Artículo 38 de la Constitución, los derechos de las mexicanas y mexicanos se suspenden cuando se está prófugo de la justicia y ya también tenemos sentencia que nos refiere que este análisis también se tiene que hacer al momento de que se va a ocupar el cargo”, declaró Zavala.
En ese sentido, dicho Consejo General precisó que el 31 de mayo se aprobará un informe de los hallazgos, pero seguirán recibiendo denuncias de ciudadanos y organizaciones hasta el 15 de junio, día que será en que se realice la calificación de la elección.
“El Consejo tiene la responsabilidad de hacer los cómputos, de hacer la declaración de validez de las elecciones y de entregar las constancias a quienes resulten ganadores. ¿Qué pasa si tenemos constancias de que una persona no cumple con alguno de los requisitos previstos en el artículo 38 en las fracciones 5, 6 o 7? Obviamente, lo tienes que declarar inelegible, porque no cumple con un requisito de elegibilidad. Entonces no procedes a entregarle la constancia, porque es inelegible”, detalló.
Carla Humphrey, consejera en el INE, declaró que el instituto califica la elección, por lo que si hay perfiles que tengan dichas denuncias, se quitarán los triunfos.
“El INE sí podrá quitar candidaturas. Por supuesto que sí. Si alguien no cumple con los requisitos de elegibilidad, no puede ser candidato y, por tanto, no puede ocupar un cargo de elección popular, como es ahora los cargos para el Poder Judicial”, indicó.
Las consejeras indicaron que en caso de que haya impugnaciones, el Tribunal Electoral tendrá la decisión final.
El martes, el presidente del Senado de México, Gerardo Fernández Noroña, dijo que, entre los miles de candidatos revisados para la primera elección por voto popular del Poder Judicial, prevista para el 1 de junio, hay algunos con presuntos nexos criminales, por lo que, según señaló, el Instituto Nacional Electoral (INE) debería “revisar exhaustivamente” los perfiles.

Ese mismo día durante la tarde, la consejera presidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei, dijo que tanto los comités de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial fueron quienes evaluaron a los aspirantes y eligieron sus candidaturas, y no el instituto.
“No. A ver, aquí tendremos que hacer más allá de lo que cada quien pensamos y deseamos, hay que ser correctos en la aplicación de la norma. La reforma establece perfectamente que todos aquellos requisitos que se deben de cumplir incluyen la probidad de las personas. Esa es una revisión primera que ya se hizo en el Senado a través de los tres comités de evaluación que pudieron entregarnos las listas de candidaturas al Instituto Nacional Electoral”, mencionó.
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Aseguró que una vez terminada la votación y definidos los resultados, se deberá dar parte al Senado y al Tribunal Electoral, para que sean quienes resuelvan en caso de encontrarse algún requisito no cubierto de legibilidad.
Fernández Noroña, legislador de Morena, llamó a las autoridades electorales a cancelar las aspiraciones de algunos candidatos porque “no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”.
“Sí, hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar”, dijo a periodistas.