Haraum Salvador Ramírez Benítez, auditor monitorista del Instituto Nacional Electoral (INE) fue asesinado en Axapusco, Estado de México, durante un traslado para llevar a cabo labores de fiscalización.
La Fiscalía General de Justicia del Edomex confirmó el asesinato del funcionario a Animal Político y dijo que investigan el caso.
En un mensaje compartido en redes sociales, el INE condenó “todo acto de violencia” y exigió que se investiguen los hechos para esclarecer el fallecimiento del funcionario.
El INE de Edomex también lamentó “el sensible fallecimiento de su compañero”, quien fungió como auditor monitorista de la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Teotihuacán.
Axapusco, lugar donde se registraron los hechos violentos contra Haraum Salvador, es una de las 125 localidades del Estado de México donde se llevarán a cabo elecciones municipales el próximo 2 de junio.
¿Cómo afecta la violencia electoral?
Con dos asesinatos de aspirantes registrados, según conteo de Animal Político, el Estado de México, gobernado por Delfina Gómez, es una de las entidades afectadas por la violencia electoral.
El 28 de octubre de 2023 fue ultimado Miguel Ángel Cruz Robles, quien había declarado su intención de ser candidato de Morena a alcaldía de Villa del Carbón, Estado de México.
Durante los primeros días de febrero fue asesinado en Ecatepec, Yair Martín Romero, aspirante de Morena a diputado federal.
Un estudio inédito de Data Cívica, México Evalúa y Animal Político señaló el asesinato de aspirantes a cargos de elección popular no es la única cara de la violencia político-criminal, pues el asedio del crimen organizado repercute en la integridad del proceso electoral, así como en la sustitución de la casilla el día de la jornada electoral, la participación ciudadana y en la competencia política.
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El estudio “Democracia vulnerada: el crimen organizado en las elecciones y en la administración pública en México” concluyó que la violencia político-criminal en México no sólo afecta a partidos y aspirantes -los directamente involucrados en el proceso electoral- sino que tiene afectaciones reales sobre la participación política de las personas, vulnerando su derecho fundamental a la democracia.
La investigación, con bases de datos recopilados por data cívica de 2018 a la fecha, indica que el incremento de los ataques a personas candidatas, autoridades electas y funcionarios municipales, sugirió que el crimen organizado no solo busca incidir en las elecciones, sino también capturar el aparato estatal.
“Si bien la violencia político-criminal nos preocupa aún más en época electoral, ésta no para tras la celebración de elecciones. Nuestros análisis muestran que nuestra atención y preocupación por este tipo de ataques deben ir más allá de los procesos electorales”, señaló el estudio.
