Los seis aspirantes a la candidatura presidencial de la coalición Morena-PVEM-PT trataron de ocultar gastos por 59.6 millones de pesos al INE, durante el proceso de selección de la coordinadora de “defensa de la transformación”.
La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó la revisión de los informes de ingresos y gastos de los procesos de selección que desarrollaron los partidos políticos entre junio y septiembre -previo a las precampañas formales- y concluyó que los cinco aspirantes y la aspirante de la coalición gobernante gastaron 59.6 millones de pesos más de lo que informaron.
Sólo en Morena, el gasto no reportado asciende a 53.5 millones de pesos. El partido informó al INE que se habían ejercido 16.5 millones de pesos, pero con los gastos detectados en las auditorías de la Unidad Técnica de Fiscalización, se determinó que el gasto total de los cuatro aspirantes fue de 70.1 millones de pesos.
A ello se suman casi 17 millones de pesos que gastaron el PT, con Gerardo Fernández Noroña, y el PVEM, con Manuel Velasco. De ellos dos, el aspirante del Verde trató de ocultar 5.9 millones de pesos.
Entre todos los aspirantes, el más opaco fue el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien reportó gastos por 3.5 millones de pesos, cuando en realidad gastó 26.6 millones de pesos.
El ex secretario de Gobernación, quien quedó en cuarto lugar en la encuesta de Morena, trató de ocultar 17.1 millones de pesos que habría gastado en propaganda colocada en la vía pública (anuncios espectaculares), los cuales fueron detectados por la UTF; además, no reportó 5.8 millones de pesos que ejerció en actos masivos que pudieron ser gracias a las visitas de verificación de la Unidad, y 107 mil pesos que gastó en internet sin reportarlos.
Le sigue en opacidad Claudia Sheinbaum, quien finalmente obtuvo la candidatura presidencial de la coalición oficialista. La ex jefa de Gobierno reportó gastos por 4.5 millones de pesos, y en realidad habría ejercido 21.1 millones de pesos.
Los principales gastos no reportados por la actual precandidata presidencial de Morena fueron en eventos proselitistas (8.6 millones de pesos) y en propaganda en vía pública (7.6 millones de pesos).
El ex canciller Marcelo Ebrard, quien quedó en segundo lugar en la encuesta, reportó 4.2 millones de pesos, pero gastó más de 14 millones. Entre los 9.7 millones de pesos de gastos no reportados destacan 7.2 millones de pesos que erogó en anuncios en vía pública, 1.8 millones en eventos y 477 mil pesos en internet.
El senador Ricardo Monreal reportó 4.1 millones, pero en realidad gastó 8.2 millones de pesos. No informó al INE 3.2 millones de pesos en eventos públicos, 678 mil pesos en propaganda en vía pública y 132 mil pesos que erogó en internet.
El aspirante del Partido Verde, Manuel Velasco, no reportó 5.9 millones de pesos, correspondientes principalmente a propaganda colocada en vía pública. Y el Partido Verde sólo reportó 3.2 millones de pesos.
El diputado Gerardo Fernández Noroña, quien sorprendió colocándose en tercer lugar en la encuesta, sólo omitió reportar 283 mil pesos, la mayoría de los cuales fueron detectados por personal del INE en visitas de verificación en sus eventos proselitistas. Su partido, el PT, reportó al INE un gasto de 8.1 millones de pesos durante el proceso interno.
La fiscalización de este proceso fue ordenada por el INE mediante un acuerdo avalado por el Tribunal Electoral, en el que se consideró un periodo de posicionamiento de tres meses, entre el 12 de junio y el 6 de septiembre de 2023, fecha en la que Morena dio a conocer la vitoria de Claudia Sheinbaum en el proceso. Para todo el periodo, el INE estableció un tope de gastos de 34.3 millones de pesos por aspirante. Los lineamientos establecían que los procesos, tanto de Morena como de la oposición, debían someterse a las reglas de fiscalización y financiarse con el gasto ordinario de los partidos, bajo riesgo de ser sancionados, incluso con la pérdida de las precandidaturas que no entregaran su informe de ingresos y gastos.
El dictamen que entregó la UTF a los consejeros electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización del INE será discutido y aprobado en dicha comisión el próximo 5 de diciembre, y se prevé que lo conozca el Consejo General en una sesión extraordinaria del 15 de diciembre.
En dichas instancias se deberán establecer las sanciones a las que se harían acreedores los partidos políticos involucrados, quienes asumieron la responsabilidad de sus aspirantes. Se prevé que dicha sanción sea una multa económica, que podría ser del doble del monto involucrado, es decir, el gasto no reportado en tiempo y forma.