La violencia política ensombrece el arranque del proceso electoral 2024
El 23 de octubre, 13 policías fueron asesinados en el municipio de Coyuca de Benítez, entre ellos el director de la Policía Preventiva, Honorio Salinas Garay, y el secretario de Seguridad, Alfredo Alonso López. Estos crímenes corresponden a los 78 casos de violencia política criminal documentados por la organización Data Cívica desde el pasado 7 de septiembre, día en el que inició el proceso electoral.
En Coyuca, es la tercera agresión contra un secretario de Seguridad en esta administración. En enero David Borja Padilla renunció a ese cargo tras sobrevivir a un ataque a balazos. Antes, Román Soto Gatica dejó el puesto, pero fue asesinado días después cuando fungía como escolta del alcalde Ossiel Pacheco.
En su reporte Votar entre balas, Data Cívica contabilizó 25 agresiones del 7 al 30 de septiembre, como asesinatos, secuestros, desapariciones y amenazas contra funcionarios públicos o integrantes de partidos políticos.
Tres semanas después de iniciado el proceso electoral, tres hombres que levantaban encuestas para definir la candidatura del partido Morena a la gubernatura de Chiapas fueron retenidos por un grupo delictivo en el municipio de Juárez, en los límites con Tabasco. Los cuerpos de dos de los trabajadores fueron hallados con huellas de tortura a 43 kilómetros de distancia. El otro encuestador, coordinador del grupo, fue desaparecido.
Esas primeras tres semanas de septiembre y del proceso electoral se registraron ataques a servidores públicos en Michoacán, Guerrero, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Zacatecas.
En octubre, las agresiones se duplicaron y alcanzaron los 53 casos.
Además de los ataques a los policías de Coyuca, durante octubre en Guerrero también fue asesinado Fernando García, delegado de la Fiscalía General de la República, y Enrique Hinterholzen, director del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
El 6 de octubre, en esa misma entidad, fue asesinado Ismael Cástulo Guzmán, exalcalde de Leonardo Bravo, y 10 días después dos personas dispararon a la casa de la alcaldesa del municipio Benito Juárez, Glafira Meraza Prudente. En Chilapa, el 12 de octubre, fue asesinado Felipe Téliz Macedonio, exempleado del Servicio Médico Forense.
En Michoacán, el 19 de octubre, familiares del líder morenista Dagoberto García Rivera reportaron su desaparición en el municipio de Maravatío. El también promotor de Claudia Sheinbaum fue hallado sin vida el 4 de noviembre.
En la misma entidad, el 24 de octubre, la secretaria del Ayuntamiento de Uruapan, Alelí Chávez Aniceto, y su esposo Jesús Toral García, consejero político de Morena, fueron atacados por hombres armados. Él no sobrevivió.
También se registraron ataques en Baja California, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Puebla, Sonora y Nuevo León.
Delincuencia busca el control político
El proyecto Votar entre balas de Data Cívica nació en 2018. Desde entonces y hasta el 31 de octubre pasado, la organización ha contabilizado mil 511 ataques contra funcionarios públicos, aspirantes a algún cargo o instalaciones gubernamentales y de partidos políticos.
Itzel Soto, coordinadora del proyecto, explica cómo los ataques y agresiones hacia los cuerpos de seguridad contemplados en el estudio representan un riesgo político debido a la intención de lograr un control de las demarcaciones por parte de los grupos delincuenciales.
Es el caso de los policías asesinados en Coyuca de Benítez, ya que familiares de las víctimas, desplazados en otro estado, denunciaron que tuvieron que huir por la persecución de un grupo criminal que mantenía amenazados a los elementos policiacos para ejercer el control sobre ellos.
No se trata de enfrentamientos o confrontaciones, sino que son realizados en momentos en que los elementos están fuera de su horario de servicio. En muchos de los casos, explica la investigadora, los elementos son atacados cuando van a dejar a sus hijos a la escuela o realizan otras actividades cotidianas como ir al gimnasio.
“Pensamos que el crimen organizado está buscando incidir en la política y un interés muy claro es incidir en la política de seguridad, que incluye capturar a esos cuerpos”, añade.
Si bien las agresiones contra funcionarios públicos e integrantes de los partidos políticos es permanente, durante los procesos electorales se acrecienta.
Data Cívica ha hallado que tras los procesos electorales los ataques venían disminuyendo; sin embargo, desde 2022, año en que hubo elecciones en seis entidades, estos ataques ya no han bajado, por lo que existe el riesgo que en el actual proceso electoral crezcan aún más.
“Tenemos la hipótesis de que a partir de 2022 no ha disminuido la violencia política, incluyendo la violencia contra funcionarios de seguridad, y que se ha unido con la violencia que esperamos ahora en precampañas este año y que probablemente vuelva a subir conforme más nos acerquemos a los meses electorales”.
Los blancos en estos meses, conforme se acerca la jornada electoral, son, sobre todo, aspirantes a ocupar un cargo público, advierte la investigadora.
De acuerdo con los registros de Data Cívica, los ataques se concentran principalmente contra autoridades a nivel municipal, como regidores y presidentes municipales.
Históricamente, Guerrero concentra la mayor parte de ataques, 10.6% del total —en municipios como Chilpancingo, Acapulco, Taxco y Coyuca de Benítez—, le siguen Veracruz, Guanajuato y Oaxaca, que juntos representan el 38.1 % de los eventos.
Data Cívica advierte que la vulnerabilidad de Guerrero provocada por los daños del huracán Otis eleva el riesgo de la intervención de grupos delincuenciales que intervengan con despensas y la entrega de otro tipo de “ayudas” a personas con viviendas dañadas o que se quedaron sin trabajo, territorios donde el crimen organizado ya ocupa un papel importante.
En 2024, estarán en disputa 20 mil 375 cargos, la gran mayoría —19 mil 746— son locales y 629 son federales, que corresponden a las 500 diputaciones, las 128 senadurías, además de la Presidencia de la República.
En lo local, se votará por nueve gubernaturas, mil 98 diputaciones y mil 803 presidencias municipales. La mayor parte de lo local corresponde a regidurías —14 mil 429 espacios—, además de mil 916 sindicaturas y 431 cargos auxiliares.
Llaman a proteger a candidatos de violencia política
Este jueves, la organización Causa en Común llamó al gobierno federal a tomar medidas puntuales para proteger el proceso electoral y a los aspirantes con mayor riesgo.
La asociación realiza también su propio seguimiento de los asesinatos de políticos en México a través del estudio “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto.”
En esos registros, desde 2020 hasta octubre de 2023, han contabilizado 231 asesinatos de actores políticos; 38 asesinatos corresponden a este año, principalmente en Oaxaca (9), Guerrero (9), Veracruz (6) y Morelos (4).
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