El fiscal para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, presentó su renuncia
El fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), Omar Gómez Trejo, presentó su renuncia luego de que la FGR canceló 21 órdenes de aprehensión, que había solicitado en agosto pasado, contra exfuncionarios posiblemente involucrados en la desaparición de los normalistas.
La dimisión de Gómez Trejo se hará efectiva a partir del próximo viernes 30 de septiembre, según información proporcionada por la FGR a Animal Político.
De acuerdo con Proceso, la Unidad Especial de Investigación fue pasada por alto por la FGR y por un juez federal, en la cancelación de estas órdenes de aprehensión.
La renuncia ocurre también bajo un contexto de tensión con el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien ha dejado sin policías ministeriales a la unidad de la dependencia que investiga el caso Ayotzinapa.
De acuerdo con el diario El País, hasta mediados de agosto, la Unidad Especial contaba con 13 agentes como apoyo de los fiscales para realizar su trabajo, pero a finales de mes ya no tenía ninguno.
“Hay diferencias”, dice AMLO
El presidente Andrés Manuel López confirmó este martes la renuncia de Gómez Trejo debido a que no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión.
“El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las ordenes de aprensión, ósea, hubo diferencias en eso y yo apoyo el que haya sacado las ordenes de aprensión de acuerdo con lo que establece el documento que es el resultado de una investigación que llevó mucho tiempo”, dijo.
"Hubo diferencias": sobre la renuncia de Omar Gómez Trejo, fiscal del caso #Ayotzinapa, @lopezobrador_ señala que fue porque no estuvo de acuerdo con la aprobación de las órdenes de aprehensión, las cuales él dice apoyar porque son las establecidas en el documento de la Comisión. pic.twitter.com/tiuPi5qUTb
— Animal Político (@Pajaropolitico) September 27, 2022
López Obrador dijo que su administración está recibiendo muchas presiones, de todo tipo, en la investigación del caso y pidió a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos confiar en que la indagatoria seguirá.
A quienes encubrieron a los responsables de esta desaparición de 2016 les dijo: “No estén pensando de que van a descarrilar la investigación. Vamos a seguir adelante, sin limitaciones, sin presiones. Viene otras denuncias, porque van a querer enrarecer y descalificar la investigación, no lo van a lograr”.
Renuncia fue por injerencia de altos mandos de FGR: Centro Prodh
El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) aseguró que la renuncia de Omar Gómez Trejo evidencia la injerencia indebida de los superiores jerárquicos de la FGR.
Una situación que calificó de “lamentable y en extremo preocupante”.
La organización que representa legalmente a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa consideró que la “injerencia indebida” se evidencia en “la precipitación de acusaciones y la cancelación de órdenes de aprehensión”.
⚠️ Sobre la información reciente del Caso #Ayotzinapa, desde @CentroProdh señalamos: pic.twitter.com/eVbaoVF9CU
— Centro Prodh (@CentroProdh) September 27, 2022
¿De qué se encarga la unidad especial?
En junio de 2019, la FGR nombró a Gómez Trejo, exconsultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Iguala.
Su renuncia ocurre a ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La Unidad Especial de Investigación es la responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos penales vinculados con los eventos de la desaparición de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
También tiene a su cargo el conocimiento, trámite y resolución de las averiguaciones previas o carpetas de investigación, procedimientos judiciales y administrativos, medidas precautorias o cautelares, medios de defensa ordinarios o extraordinarios, juicios de amparo, u otros que se encuentren relacionados con el caso.
Las autoridades de seguridad y justicia del país reportan cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de aprehensión canceladas, 121 absoluciones y todavía ninguna sentencia, lo que ha provocado nuevas protestas en torno al caso.
Las críticas de las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, así como de sus compañeros, se intensificaron a raíz de que el pasado 18 de agosto el gobierno federal presentó los resultados preliminares del informe de la Comisión de la Verdad para estos hechos, en el que se concluyó que la desaparición “constituyó un crimen de Estado” y que “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida”.
