Morena y PRI aprueban en comisiones ampliar la presencia del Ejército en las calles hasta 2029; reforma pasa al pleno
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este martes, por mayoría, la reforma propuesta por el PRI para ampliar la presencia de soldados y marinos en tareas de seguridad pública.
El dictamen quedó aprobado por 27 votos a favor y 11 en contra. A favor votó el bloque formado por Morena, PT, PVEM y PRI, y en contra, el integrado por PAN, PRD y MC.
Al inicio de la sesión, el PRI presentó una propuesta de modificación a su propia iniciativa, para que el periodo de despliegue de las Fuerzas Armadas sea de 10 años contando a partir de 2019, con lo que terminará hasta 2029. Originalmente, el PRI planteó que acabara en 2028.
Con esto, el dictamen pasará al pleno para su discusión y votación. Se prevé que esto ocurra mañana.
Cambio de último momento
De última hora, el PRI modificó su propuesta de reforma para alargar la presencia del Ejército en las calles y le sumó un año más, para que finalmente los militares permanezcan en tareas de seguridad pública no hasta 2028 sino hasta 2029.
En la reserva a su propuesta original, además, propuso integrar una comisión conformada por miembros de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para dar seguimiento al cumplimiento de dicha participación, “que deberá tener un enfoque de respeto a los derechos humanos, así como a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”.
La modificación fue presentada la mañana de este martes en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde se avaló.
En días pasados, Morena anunció su respaldo a la propuesta priista de extender la presencia militar.
La reforma que se discute implica modificar el decreto de reforma constitucional de 2019 que creó la Guardia Nacional. En él, se dio un plazo de cinco años, hasta 2024, para que el presidente pudiera recurrir a los militares para la seguridad pública, en tanto se consolida la Guardia Nacional.
El PRI y Morena argumentan que se requiere extender ese plazo porque la Guardia Nacional no se ha consolidado. Los partidos de oposición y organizaciones civiles rechazan esto porque consideran que profundiza la militarización de la lucha contra la delincuencia.
