En dos años, Nuevo Laredo suma 4 personas fallecidas y 6 lesionadas en presuntos ataques injustificados de Ejército y GN

El homicidio de la niña de cuatro años Heidi Mariana Pérez Rodríguez en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se suma a cuando menos cinco presuntos ataques injustificados a civiles por parte del Ejército o la Guardia Nacional que han provocado en los últimos dos años el fallecimiento de otras tres personas y lesiones a seis en esa ciudad fronteriza. Además, desde 2011 hasta la fecha, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha documentado 24 fallecimientos de civiles.

“Tamaulipas es la evidencia más clara de que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no funciona, y casos como el de Heidi Mariana —y 12 años antes Martín y Bryan Almanza Salazar— evidencian que quienes están pagando la factura de este proyecto de militarización son los inocentes, los niños y las niñas, las mujeres y los hombres, los estudiantes, y por el lado contrario, quienes están siendo menos castigados por la justicia en México son las Fuerzas Armadas”, asegura Raymundo Ramos, presidente del comité.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el sentido de que se trató de una bala perdida durante un enfrentamiento. La familia de la niña y organizaciones de derechos humanos insisten en evitar exoneraciones a priori, pues aseguran que existe evidencia de que se trató de un ataque directo. De acuerdo con el recuento del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, no sería la primera vez.

Consultadas respecto de los presuntos ataques injustificados que refiere el comité, la Guardia Nacional y la Sedena no dieron respuesta hasta el cierre de esta publicación.  

Casos que se acumulan

Los pasaron sin problema alguno, circulando de sur a norte, pero a los 100 metros comenzaron a escuchar disparos; una de las balas mató a Jorge. Él iba manejando y su acompañante relató más tarde el hecho. Jorge perdió el conocimiento, la camioneta se subió a la banqueta y atropelló a dos personas: un vendedor de aguas y una mujer que caminaba con unas bolsas de despensa. 

Más tarde, la Guardia Nacional indemnizaría al vendedor y a la señora, pero no a la familia de Jorge, bajo el argumento de que los elementos de seguridad habían sido agredidos primero.   

Ante el escenario de violencia, se distanció, giró a la derecha y a los 100 metros volvió a escuchar disparos y se sintió lesionado. Se trasladó a un hospital particular, donde le curaron una herida ocasionada por una bala que había entrado por la espalda y salido por el costado. Tras el hecho, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo promovió una querella contra la Guardia Nacional. 

Dos meses más tarde, el 24 de marzo de 2022, otro suceso que involucra a la Sedena dejó a tres lesionados en la colonia ISSSTE: Carlos Eduardo Orozco, Alfredo Rodríguez y Francisco Javier Espinoza, tres amigos, dos de Nuevo Laredo y uno de Monterrey. Después de recoger a uno de ellos en la central de autobuses y antes de llegar a su casa, les persiguió y disparó un convoy militar. 

Carlos Eduardo sobrevivió a heridas de gravedad, mientras que a Alfredo Rodríguez le han hecho varias cirugías para salvarle el pie y su familia ha gastado más de medio millón de pesos en la reconstrucción de su talón. Francisco Javier, que era un menor de edad, fue el menos lesionado. 

El 28 de junio pasado, Christian Uribe, de 21 años, hablaba por teléfono con su esposa cuando él mismo le advirtió que iba a colgar porque venía la Guardia Nacional. Le dispararon y lo mataron sin mediar ningún enfrentamiento. Cuando dejó de responder el teléfono cerca de cinco o diez minutos después, mientras su esposa le volvía a llamar insistentemente, ella se enteró de que había una balacera en la colonia Lomas del Río. Cuando llegó al punto, su esposo ya había muerto. 

Justicia pendiente y militares prófugos

De los casos que involucran al Ejército, el de Javier Flores del Ángel, ocurrido el 27 de febrero de 2021, ha sido una de las batallas más largas para el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Esa noche, él estaba en casa de unos amigos en el fraccionamiento Colinas del Sur. Eran más o menos las 11:00 de un sábado.

El grupo salió a comprar cerveza. En el camino, se encontraron con tres vehículos militares: uno de ellos los rebasó, se les puso enfrente y comenzó a dispararles sin advertencia. Javier, que era el conductor, recibió tres disparos en el cuerpo y quedó agonizante al volante. “Órale, cabrones, bájense a la chingada”, gritaron los demás militares después de rodear el auto. Finalmente, los sometieron boca abajo en el piso, según la reconstrucción del comité.

El copiloto resultó ileso, pero los dos amigos de atrás quedaron heridos en un brazo y en una pierna. Entre 30 y 45 minutos esperó Javier para recibir atención médica; nunca llegó y falleció en el lugar, a pesar de que uno de sus amigos se la pedía insistentemente a los militares. Ninguno había hecho o llevaba algo ilegal. Los bajaron del carro, se llevaron a los heridos en una camioneta y a Javier le sembraron un cuerno de chivo. 

“Hacen un parte informativo, que ahora se llama informe policial homologado, y justifican que Javier y los ocupantes del vehículo los agredieron, y que al ver en riesgo sus vidas, dispararon en defensa propia”, explica Ramos. Sin embargo, tras el peritaje que solicitó la organización, se conoció que los disparos iban de afuera hacia dentro; no hubo rastro de ninguno en el sentido inverso. Todos salieron negativos a la prueba de rodizonato, para saber si habían disparado el arma. Además, otro peritaje evidenció que esta ni siquiera fue disparada, pues tenía el seguro puesto.

“Por lo tanto, un juez determinó que era falsa la versión de los militares, y demostramos con el testimonio de los sobrevivientes que no solamente privaron de la vida a Javier, sino que le sembraron un arma, y se les cae la versión de la agresión. Dos de esos militares ahorita desertaron y andan prófugos. Les dieron todas las facilidades, durante cuatro meses se suspendieron tres audiencias porque no se presentaron, y cuando se hace la audiencia de imputación, ya no pertenecían al Ejército, ya habían causado baja por deserción. Así es el Ejército, así son las Fuerzas Armadas”, advierte Ramos.

Se trata de hechos documentados —subraya—, donde existen carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR), y en el último, incluso órdenes de aprehensión. Además, se han promovido quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sin que hasta ahora exista alguna recomendación. Para él, esta instancia es “omisa, sometida a las Fuerzas Armadas y complaciente”. 

En Nuevo Laredo, recuerda Ramos, se han vivido dos décadas de violencia, y Tamaulipas fue de los primeros estados, junto con Michoacán y Chihuahua, donde se usó a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. “Son dos décadas de impunidad, de violencia; dos décadas demostrando que los militares y los marinos y la Guardia Nacional no son la solución para la inseguridad. Tamaulipas hoy es uno de los ocho estados más inseguros del país”, enfatiza Ramos.  

Con respaldo al Ejército y sin atención, como hace 12 años

El pasado jueves, después de ofrecer una conferencia de prensa, los familiares, el abogado y las organizaciones que acompañan el caso de Heidi Mariana acudieron a Palacio Nacional en busca de una audiencia con el presidente. No fueron recibidos. Como respuesta, se les remitió con funcionarios de atención ciudadana, así que estarán a la espera de que Presidencia les dé una cita. 

El viernes regresaron a Nuevo Laredo para definir las siguientes acciones, pero una de las primeras será recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares, pues consideran que la intervención de la CNDH ha sido insuficiente. Además, la familia ha denunciado que elementos del Ejército siguen rondando las inmediaciones de su domicilio. 

Juan Martín Pérez García, coordinador de #TejiendoRedesInfancia, destacó durante la conferencia del jueves que, hace 12 años, la organización Redim elaboró el informe Infancia y conflicto armado en México, luego del homicidio de Martín y Bryan Almanza Salazar durante el sexenio de Felipe Calderón.

Los hermanos, de cinco y nueve años, fueron asesinados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando al cruzar un retén militar, los soldados dispararon contra un vehículo sin motivo alguno. La versión de la Sedena fue, al igual que en el homicidio de Heidi, que el automóvil había quedado en medio de un enfrentamiento con un grupo delictivo que supuestamente disparó primero contra los militares, quienes repelieron la agresión.

El informe de la Redim recupera los detalles del caso; entre ellos, la investigación que realizó la CNDH para aclarar las circunstancias de la muerte de Martín y Bryan. El 16 de junio de 2010, concluyeron que la investigación de la Sedena no tenía sustento ni apego a las evidencias, pues no había existido enfrentamiento alguno entre sicarios y militares, además del indebido levantamiento de indicios y preservación de evidencias, así como el uso arbitrario de la fuerza pública, tratos crueles, omisión de auxilio y alteración de la escena de los hechos.   

“(Desde entonces) se ha multiplicado por cientos y miles de casos; Heidi no tenía que morir porque, el 4 de marzo de 2011, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le pidió al Estado mexicano revisar la estrategia de seguridad basada en la militarización por el alto número de muertes de niños y niñas, por el alto número de personas desaparecidas. Le pidió en 2015, otra vez, al Estado mexicano, con todavía más datos graves de homicidios, desapariciones, actuaciones extrajudiciales, revisar la estrategia, y el Estado mexicano se ha negado a cumplir estas recomendaciones”, señaló Pérez García.

Acusó que el presidente López Obrador está repitiendo el mismo patrón que generó Calderón de salir inmediatamente a defender a los militares. En aquella ocasión, Calderón incluso señaló a la familia de tener vínculos criminales para evadir la investigación. “Si tenemos ahora al presidente también saliendo antes de que las autoridades hagan su trabajo de investigación y que un juez determine lo que sucedió, en realidad lo que estamos teniendo es complicidad y encubrimiento”, acusó.

La tarde del pasado viernes, el gobierno federal hizo oficial, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la reforma mediante la que se incorpora la Guardia Nacional a la Sedena, con lo que la segunda tendrá el control operativo y administrativo de la primera.