Sedena afirma que Fuerzas Armadas actúan “subordinadas al poder civil” y “sin pretensiones de ninguna índole”
En medio de la discusión pública que ha generado la reforma impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tome el control de la Guardia Nacional, el secretario Luis Cresencio Sandoval defendió el trabajo de las Fuerzas Armadas y aseguró que estas siempre actúan “subordinadas al poder civil” y “sin aspiraciones ni pretensiones de ninguna índole”.
Sandoval señaló esto durante su participación en la ceremonia del desfile cívico-militar por el 212 aniversario del inicio de la guerra de independencia, luego de que organizaciones civiles y activistas han criticado que la Guardia Nacional pase a control militar.
Frente a esto, el general aseguró que las Fuerzas Armadas actúan bajo las leyes del país.
“En el cumplimiento de las múltiples misiones, funciones y tareas encomendadas, actúan en todo momento subordinadas al poder civil representado por la institución presidencial”, dijo.
“Con esa misma convicción, reafirmamos que nuestro proceder es y será siempre apegado al marco jurídico vigente, sin aspiraciones ni pretensiones de ninguna índole, sino únicamente el alto privilegio y la gran satisfacción que tiene todo soldado de servir con honor y lealtad a la patria”, agregó.
Frente al presidente, secretarios del gabinete e invitados especiales, el general también se comprometió a que la Sedena, ya bajo control de la Guardia Nacional, ayudará a que esta se consolide y respetará “la confianza depositada”.
Momentos antes, el secretario de la Marina, Rafael Ojeda, aseguró que las Fuerzas Armadas únicamente buscan cumplir su deber.
“No buscamos reflectores, mucho menos aplausos”, dijo el almirante.
Además de la reforma para que la Sedena asuma el control de la Guardia Nacional —algo ya aprobado en el Congreso y promulgado—, diputados y senadores discuten otra reforma que extendería hasta 2028 el despliegue de soldados y marinos en seguridad pública.
Organizaciones y activistas se oponen a esto bajo el argumento de que profundizaría la militarización de la estrategia de lucha contra la delincuencia y daría pie a más violencia y violaciones a los derechos humanos.
