FGR investiga a Nieto por contratar a despacho de EU en litigio contra García Luna; acusa que no tenía facultades y fue ilegal
Cuando aún era dirigida por Santiago Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) firmó un contrato, sin licitaciones de por medio, con una firma de abogados estadounidense para recuperar recursos relacionados con delitos de desvío y lavado de dinero cometidos en México, con el compromiso de que al despacho privado se le pague el 30% de lo recuperado en cada litigio.
A través de dicho contrato, los abogados impulsaron a nombre de México un juicio en Estados Unidos para reclamar bienes del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, por más de 250 millones de dólares en ese país. De ganarse el caso, que hasta ahora avanza en favor de México, 75 de los 250 millones quedarían en manos del despacho y el resto regresaría a las arcas públicas.
Pero una investigación iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR) a partir de una denuncia ha concluido inicialmente que dicho contrato es ilegal y que Nieto es probable responsable del delito de uso ilícito de atribuciones, confirmaron autoridades federales a este medio.
La firma contratada por Nieto el 14 de julio de 2020 es Krupnick Campbell Malone Slama Buser Hancock, PA, conocida como KCM, y cuya primera misión fue promover una demanda civil ante la Corte del Onceavo Distrito Judicial del Condado de Miami, Florida, contra García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
La demanda, presentada el 21 de septiembre de 2021 —mes y medio antes de la renuncia de Nieto a la UIF—, señala que se busca “recuperar al menos 250 millones de dólares robados al gobierno de México por García Luna” y los personajes que conspiraron con él, entre los que se encuentran otros exfuncionarios mexicanos, empresarios pertenecientes a la familia Weinberg y compañías fachada.
De prosperar la demanda civil por el monto reclamado en el caso contra García Luna, el despacho estadounidense se haría acreedor a un pago por honorarios de 75 millones de dólares, correspondientes al 30% de los recursos recuperables, conforme el contrato suscrito por Nieto y la firma KCM, documento del que Animal Político tiene copia y que es dado a conocer por primera vez.
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En el contrato, Nieto fungió como “representante de los Estados Unidos Mexicanos” y confirió poder de representación de la UIF a los abogados del despacho KCM.
El caso ha avanzado a favor de México. El pasado 21 de agosto, el juez William Thomas desechó las demandas de sobreseimiento de las partes demandadas y autorizó al gobierno mexicano a continuar con el proceso judicial de recuperación de activos, con la posibilidad de que haya una resolución en 2023.
A través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la FGR inició, el pasado 4 de julio, una carpeta de investigación en contra de Nieto por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, pues, según la indagatoria, el exfuncionario no tenía facultades para representar al Estado mexicano ni otorgar a terceros poderes de representación, amén de que se violó presuntamente la Ley de Adquisiciones, según confirmaron a Animal Político autoridades ministeriales.
En un posicionamiento enviado a este medio, Nieto aseguró que tenía facultades legales para efectuar la contratación de la firma estadounidense, que contó con el permiso de todo el gabinete de seguridad, y que, incluso, su sucesor en la UIF, Pablo Gómez, dio su “autorización expresa” para continuar con el acuerdo, aunque no presentó pruebas de estas afirmaciones.
Argumentó que, debido a que se suscribió un contrato a “cuota litis”, ningún proceso legal encabezado por el despacho generaría costo presupuestal alguno para las finanzas públicas, debido a que los gastos se cobrarían del 30% de los montos que se recuperaran.
Nieto dijo que el Estado mexicano no cuenta con una representación jurídica para procesos de este tipo ante las instancias de EU. Así que, a falta de ello, “de acuerdo con la costumbre internacional de representación de clientes soberanos y en aras de asegurar un esquema de austeridad, la UIF acordó con el despacho KCM un esquema de contrato a ‘cuota litis’ (sin posibilidades de cobro a menos a que se obtenga la victoria legal)”.
Exfuncionarios y abogados consultados por este medio afirmaron que el esquema de contratar firmas de abogados en EU para litigar casos de corrupción y ofrecerles honorarios del 30% de los recursos y bienes que logren obtener es algo usual y que dicho porcentaje está dentro del rango del mercado.
Nieto, quien recientemente fue designado fiscal interino de Hidalgo, advirtió que la indagatoria de la FGR pone en riesgo los avances en el “sólido” proceso de recuperación de activos obtenidos ilegalmente por García Luna, al “(otorgar) argumentos a la justicia norteamericana para no reconocer la legitimidad de la petición”.
Aseguró que los únicos beneficiarios de que el litigio falle serían el extitular de la SSP y sus cómplices; calificó la indagatoria de la FGR de “inexplicable” y acusó “motivos personales”.
Según la investigación ministerial, solo la Cancillería, la SHCP —a través de su titular— o la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal estarían facultadas para suscribir un contrato como el que firmó Nieto.
El contrato bajo investigación
Mediante el acuerdo del 14 de julio de 2020 no solo fue contratada la firma KCM, sino también varios despachos asociados a ella en EU y México, con los que se deben repartir los honorarios correspondientes al 30% de los activos recuperados en los litigios.
Uno de los contratados “en paquete” fue el despacho estadounidense Acevedo Scott PLLC, del que es director Carlos A. Acevedo.
Este abogado, que a su vez es socio de KCM, fue quien presentó la demanda civil contra García Luna el 21 de septiembre de 2021 y quien, conforme la indagatoria de la FGR, no tenía poder de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni de persona legítima alguna para representar al Estado mexicano (su poder de representación fue otorgado por el extitular de la UIF).
También fue contratado —del lado mexicano— el Bufete Alanís Figueroa Abogados, que dirige Gonzalo Alanís Figueroa, hermano de la exmagistrada del TEPJF María del Carmen Alanís Figueroa, en cuya ponencia trabajó, como secretaria de Estudio y Cuenta, Carla Humphrey, actual consejera del INE y esposa de Santiago Nieto.
De igual modo, fue contratada la firma mexicana Robledo y Tattó, SC, dirigida por los abogados Carlos Robledo Carretero y José Antonio Tattó García. Según su propio sitio web, dicha firma está asociada al despacho Carrancá, Araujo, Acosta y Riquelme, del que forman parte Juan Antonio Araujo Riva Palacio y Daniel Carrancá de la Mora, abogados que fueron acusados por la FGR de presuntos delitos de extorsión y tráfico de influencias en supuesto contubernio con Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del Ejecutivo federal.
Araujo y Carrancá también son socios en la firma AGPRyC de Alejandro Robledo Carretero, hermano de uno de los fundadores del despacho Robledo y Tattó, SC.
A todos los despachos contratados “en paquete” el 14 de julio de 2020 por la UIF se les confirieron poderes para representar al Estado mexicano en litigios o demandas relacionadas con el lavado de activos, así como en casos relacionados con el fraude o la corrupción en México cuando existan activos que se encuentran fuera del país.
Respecto del pago de honorarios a “cuota litis”, en el contrato se establece que los abogados recibirán el 30% del total de las sumas recuperadas a favor del cliente (el Estado mexicano), sea por medio de demanda, convenio extrajudicial o acuerdos con autoridades extranjeras. El pago incluirá el valor de toda compensación no monetaria recibida por el cliente.
“Si no se recibe suma o compensación alguna mediante reclamo, demanda, convenio extrajudicial u otro medio, los abogados no recibirán honorario alguno”, señala el contrato.
La acusación de la FGR
La cláusula 8 del contrato suscrito por la UIF señala que los Estados Unidos Mexicanos declaran que la persona firmante —Santiago Nieto— “tiene toda la capacidad legal, según todas las leyes y regulaciones de México”, para vincular al Estado mexicano a todas las obligaciones derivadas del contrato, y que todos los actos requeridos para suscribir y ejecutar el mismo han sido llevados a cabo.
No obstante, para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la FGR, Nieto no tenía facultades para fungir como representante de México.
La FECC, encabezada por María de la Luz Mijangos, inició el 4 de julio una carpeta de investigación en contra de Nieto por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, conforme el artículo 217 del Código Penal Federal, en la modalidad de otorgar, realizar o contratar —de manera ilícita y con recursos públicos— obras públicas, adquisiciones, arrendamientos o enajenaciones de bienes o servicios.
La fiscalía también detectó un incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, pues no hubo un concurso de licitación pública que garantizara las mejores condiciones para el Estado mexicano, sino que el contrato se adjudicó de manera directa y sin justificación de por medio.
La defensa de Nieto
Nieto explicó a este medio que, previo a la firma del contrato con KCM, presentó un proyecto al gabinete de seguridad —integrado por los titulares de la Sedena, la Marina, la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, la FGR y Segob— y recibió su autorización, aunque no aportó pruebas de esto.
Agregó que el proyecto recibió el visto bueno del gobierno federal por dos razones: que KCM colaboró en la exitosa recuperación de activos en el extranjero de la sociedad financiera Ficrea, implicada en un fraude a ahorradores mexicanos, y el hecho de que el nuevo contrato que firmaría la UIF sería a “cuota litis”, es decir, que no generaría un costo para el erario a menos de que se concretara la recuperación de recursos.
Nieto aseguró que no procedió a la firma del contrato con KCM sino hasta haber confirmado que tenía las facultades legales para ello.
“El porcentaje designado para el pago del despacho de abogados, en caso de alcanzar el objetivo de recuperación, se encuentra también dentro de los parámetros que se han empleado para este tipo de contratos, tanto en los casos que involucran a México como a nivel internacional. Es importante reiterar que la firma de este contrato no representa la adquisición de un servicio y tampoco tiene costo alguno para el Gobierno de México, toda vez que, independientemente de los resultados, el despacho de abogados carga con todos los gastos del proceso”, expuso el exfuncionario.
Destacó que ha habido avances en la demanda civil contra García Luna para la recuperación de 250 millones de dólares gracias a que se contó con la “autorización expresa” del actual titular de la UIF, Pablo Gómez, quien, dijo Nieto, ahora funge como representante de México en el contrato firmado con KCM.
“Existen incluso documentos firmados por el funcionario en los que se argumenta por qué esta oficina de la SCHP (la UIF) tiene la capacidad y las facultades para solicitar la recuperación de los activos”, añadió Nieto, aunque tampoco ofreció evidencia de tales documentos.
El exfuncionario consideró que, en vista de los beneficios potenciales para el Estado mexicano derivados del contrato, la investigación de la FGR resulta inexplicable, y acusó motivos “personales”.
“Desafortunadamente, la investigación emprendida contra este contrato por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por causas inexplicables y al parecer personales, pone en riesgo los avances que ha obtenido el Estado mexicano para recuperar los 250 millones de dólares que se llevó Genaro García Luna; esto porque otorga argumentos a la justicia norteamericana para no reconocer la legitimidad de la petición”, indicó.
“Los únicos beneficiados con estas acciones de la Fiscalía Anticorrupción son Genaro García Luna, sus cómplices (la familia Weinberg) y el despacho de abogados que los representa en México, encabezado este por Agustín Acosta Azcón. Me parece increíble que la fiscalía se empeñe en hacer perder a México una sólida posibilidad de recuperar el 70% de los bienes de Genaro García Luna para beneficiar a un grupo de personas”.
