Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra del general José Rodríguez Pérez, excomandante del 27 Batallón de Infantería, procesado por el delito de delincuencia organizada, ilícito relacionado a su presunta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos que ha sido relacionado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La determinación de Enrique Beltrán Sánchez, juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, también alcanzó al capitán José Martínez Crespo -que ya había sido detenido en noviembre pasado- y el sargento Eduardo Mota Esquivel, señalados por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
El 26 de agosto pasado, el Gobierno Federal, a través del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, atribuyó al general Rodríguez Pérez la orden de asesinar y desaparecer a seis de los 43 normalistas, caso por el cual aseguró días después que se libraron cuatro órdenes de aprehensión contra militares involucrados.
De acuerdo con el diario Milenio, el cuarto militar es el subteniente Fabián Alejandro Pirita, cuya situación legal la determinará mañana el mismo juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.
Sobre Rodríguez Pérez, Alejandro Encinas aseguró que “los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos (la noche del 26 de septiembre de 2014) y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes de El coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez”.
La conclusión fue dada a conocer a pocos días de presentar el último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia sobre el caso Ayotzinapa. Dicha declaración se trató de la primera vez que el Gobierno Federal relacionó a un mando militar con la desaparición y muerte de los jóvenes normalistas.
En total informó sobre la existencia de 83 órdenes de aprehensión giradas contra exfuncionarios y presuntos miembros del crimen organizado, entre los que se encontraban 20 mandos militares y de tropa. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han declarado cuál es la situación legal de las otras 16 órdenes de aprehensión.