La FGR ‘se saltó’ labores asignadas a la Unidad Especial para Ayotzinapa; esta se queda sin titular luego de tres años de trabajo
La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR) y creada en 2019 a solicitud de las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos, se quedó sin titular después de tres años de trabajo, luego de que representantes de la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero cancelaran órdenes de aprehensión contra 16 militares y otros servidores públicos implicados.
Esto, a decir del Centro Prodh, organización que trabaja en la defensa legal de las familiares de los normalistas, mostró una “injerencia indebida” en la labor de la unidad, cuya creación como ente encargado de investigar y “concluir los procesos penales” en el caso Ayotzinapa había sido avalada por el propio fiscal Gertz.
Los colectivos Contra la Impunidemia y Seguridad Sin Guerra también consideraron que “injerencias externas” amenazan las investigaciones sobre el crimen.
Este martes 27 de septiembre, un día después del octavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, se confirmó la renuncia de Omar Gómez Trejo, quien estuvo al frente de la UEILCA desde que se constituyó el 26 de junio de 2019.
Entre las 21 órdenes de aprehensión canceladas —motivo del diferendo— están las del coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería, el exfiscal de Guerrero Iñaki Blanco y Lambertina Galeana, expresidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero.
De acuerdo con El País, los choques dentro de la estructura de la FGR iniciaron cuando el fiscal Gertz exigió a Gómez Trejo que consignara al exprocurador Jesús Murillo Karam ante un juez. Ante la negativa por la falta de tiempo para tener un caso más sólido, Gertz decidió apartar a la Unidad Especial del proceso.
En paralelo, según reporta el diario, quitaron de su cargo a los 13 agentes ministeriales que realizaban trabajo de campo para esta Unidad Especial.
Ante las revelaciones de la participación de la FGR en las tareas asignadas a la Unidad Especial y la renuncia de su titular, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que había diferencias dentro de la fiscalía. Sin embargo, aseguró que las indagatorias continuarán.
“Vamos a seguir adelante, sin limitaciones, sin presiones. Vienen otras denuncias, porque van a querer enrarecer y descalificar la investigación, no lo van a lograr”, aseguró.
Y aunque se supone que la FGR es autónoma, refirió que la cancelación de las órdenes de aprehensión sucedió porque las señaladas eran personas que “no estaban en el informe” de la Comisión de Verdad para el caso Ayotzinapa, otro organismo diseñado para investigar el crimen en específico. Dicha comisión pertenece al gobierno federal y está bajo el mando del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
“Se actuó a partir de las personas que aparecen como responsables en el informe. Y esto no significa que se cierra la investigación. Ya los que están en el informe y se les comprueba que participaron o que son presuntamente responsables, ellos van a dar a conocer su versión y van a aclarar si participaron o no participaron, si son culpables o son inocentes, si recibieron órdenes, de quién. Continúa la investigación”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa del lunes 26 de septiembre.
“Yo creo que no (van a actuar en contra de las 21 personas), no debería, porque el informe es el que nosotros consideramos como válido, sin descartar otros”, agregó.
Este martes 27 de septiembre, en una de sus intervenciones en su conferencia mañanera, el presidente refirió que las autoridades están “recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes” sobre el caso Ayotzinapa, sin dar mayor detalle de quién las está ejerciendo, aunque aseguró que no permitiría que se “descarrilaran” las indagatorias.
El mandatario insistió en el punto de que “el equipo encargado de la investigación” es la comisión que encabeza Encinas, integrante de su propio gobierno, dejando de lado la labor de la UEILCA.
Sobre la renuncia de Gómez Trejo, la comisionada nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, acusó “injerencias” contra su labor para buscar la verdad sobre lo que pasó hace ocho años en Guerrero.
“Mi reconocimiento, respeto y respaldo a Omar Gómez Trejo, quien representó de los poquísimos espacios de investigación independiente y seria de graves violaciones a DH. Las injerencias a su trabajo viola el der de los 43 y sus familias, y a la sociedad a la verdad y a la justicia”, escribió en Twitter.
Mi reconocimiento, respeto y respaldo a Omar Gómez Trejo, quien representó de los poquísimos espacios de investigación independiente y seria de graves violaciones a DH. Las injerencias a su trabajo viola el der de los 43 y sus familias, y a la sociedad a la verdad y a la justicia
— Karla Quintana O. (@kiquinta) September 27, 2022
A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez advirtió que esta renuncia “evidencia la injerencia indebida de los superiores jerárquicos de la FGR en la labor independiente que esta Unidad venía realizando, incluyendo la precipitación de acusaciones y la cancelación de órdenes de aprehensión”.
⚠️ Sobre la información reciente del Caso #Ayotzinapa, desde @CentroProdh señalamos: pic.twitter.com/eVbaoVF9CU
— Centro Prodh (@CentroProdh) September 27, 2022
Para cuando fue nombrado fiscal especial, Gómez Trejo ya contaba con la confianza de las familias, según lo habían expresado ellas mismas. El ahora exfuncionario había sido secretario del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), primera instancia externa que comenzó a indagar el crimen contra los normalistas.
Las labores de la Unidad Especial
El documento que establece la creación de la Unidad Especial la reconoce como “la responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos penales” de la desaparición de los 43 normalistas.
Bajo su encomienda queda, según el texto, “conocimiento, trámite y, en su caso, resolución de las averiguaciones previas o carpetas de investigación, procedimientos judiciales y administrativos, medidas precautorias o cautelares, medios de defensa ordinarios o extraordinarios, juicios de amparo u otros que se encuentren relacionados con los hechos”.
Asimismo, al titular de la UEILCA le corresponde “ejercer las atribuciones y cumplir con las obligaciones que le confieren al Ministerio Público de la Federación”, además de coordinar y colaborar con otras áreas de la fiscalía, entre otras actividades.
Desde que inició sus labores, asumió la titularidad Omar Gómez Trejo, quien ya era cercano a los padres de los normalistas, pues fue secretario del GIEI.
El 7 de julio de 2020, un año después de la creación de la unidad, Gómez Trejo informó sobre las primeras acciones de la UEILCA, entre las que estaban la identificación de restos óseos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y “más de 20 acciones de investigación de búsqueda”.
“El hallazgo de Christian Rodríguez Telumbre nos confirmó también que la versión del río y del basurero fueron una invención para callar las voces de ustedes, padres y madres, para negarles la búsqueda de sus hijos”, dijo el 26 de septiembre de ese año.
Para abril de 2021, la unidad a cargo de Gómez Trejo obtuvo una orden de aprehensión contra Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, acusado de manipular evidencia y de tortura para construir la llamada “verdad histórica”.
Actualmente, Zerón está en Israel —país que no tiene tratado de extradición con México— y allá fue visitado por Gómez Trejo, quien le ofreció un criterio de oportunidad para que diera información del caso a cambio de beneficios legales, algo que el acusado rechazó.
El 21 de septiembre de 2021, en un recorrido con medios por la Barranca la Carnicería en Cocula, Guerrero, Gómez Trejo informó que la FGR había abierto una nueva línea de investigación sobre el desempeño de la extinta PGR.
“Un conglomerado de funcionarios públicos actuó de manera ilícita, aprovechándose de la posición de la que gozaban, y en función de eso desviaron toda una investigación”, dijo.
Días después, el 13 de octubre del 2021, la FGR informó sobre la vinculación a proceso contra Mauricio Cerón y Patricia Gómez, integrantes de la Coordinación General de Servicios Periciales de la entonces PGR, señalados presuntamente de obstaculizar la investigación.
Nuevo informe, nuevos arrestos
El informe de la Comisión de la Verdad publicado el 18 de agosto de 2022 reconoció que la UEILCA investiga paralelamente el caso, y que se le había entregado las versiones sin testar del documento.
Al día siguiente, la FGR informó del arresto del exprocurador Jesús Murillo Karam, acusado por delitos contra la administración de justicia, desaparición forzada y tortura. Ahora, ya se sabe que esa detención fue promovida por la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR, no por la Unidad Especial.
El mismo 19 de agosto, la FGR también dio a conocer que tenía 83 órdenes de aprehensión contra mandos militares, autoridades de distintos niveles en Guerrero y presuntos delincuentes, por distintos delitos relacionados al caso Ayotzinapa.
En total, eran 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como contra 26 policías de Huitzuco, seis de Iguala y uno de Cocula, más 11 policías estatales de Guerrero y 14 presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
De acuerdo con la revista Proceso, estas órdenes de aprehensión fueron obtenidas por la UEILCA, aunque días después la FGR consiguió que un juez cancelara 21 de estas —16 contra militares—, dejando de lado las labores de la Unidad Especial.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo ante senadores este martes que hasta este momento se sabe que hay cuatro elementos del Ejército que “participaron en la tragedia de Ayotzinapa” y que ahora están detenidos, aunque eso no mancha a todas las Fuerzas Armadas. “Una golondrina no hace verano”, señaló.
Ante estos hechos, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que los señalamientos que ha hecho la Comisión de la Verdad que encabeza sobre militares implicados en el caso Ayotzinapa no atentan contra las instituciones, sino que las fortalecen, y que no se busca la confrontación con las Fuerzas Armadas.
