“Nosotros nos encargamos de limpiar todo”: los cargos contra el general acusado del asesinato de seis normalistas
“A los estudiantes de la Normal los mantienen dentro de una bodega”.
El mensaje anónimo fue enviado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a las 21:11 horas del 30 de septiembre de 2014, cuatro días después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a manos de policías municipales de Iguala, soldados e integrantes del crimen organizado en Guerrero.
“Es una bodega grande de concreto de techo laminado y cortina metálica, la cual se ubica en ‘pueblo viejo’, entrando a la colonia Guadalupe”, proseguía el mensaje, de acuerdo con lo expuesto por la Secretaría de Gobernación (Segob) en su informe del caso Ayotzinapa, publicado el 18 de agosto.
El mensaje anónimo detallaba que para llegar al inmueble había que seguir un camino recto hasta llegar a una “Y”, doblando a mano izquierda, para luego continuar por un camino de terracería hasta el cerro donde se levantaban algunas casas entre árboles, maleza y arbustos.
Ahí, en lo alto del cerro, al que el mensaje anónimo recomendaba a los militares llegar en helicóptero por lo difícil del acceso, se encontraba solitaria la bodega donde permanecieron vivos durante varios días al menos seis de los 43 normalistas, cuya localización exigen ciudadanos en marchas multitudinarias.
Sin embargo, lejos de actuar de inmediato para tratar de rescatar a los estudiantes con esta información, el personal de la Sedena que recibió el mensaje anónimo no informó del mismo por medio de una comunicación clasificada hasta varios días después, el 2 de octubre.
Y no solo eso. La investigación presentada por la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, de la Segob, reveló que personal militar del 27 Batallón de Infantería presuntamente incluso ordenó asesinar y desaparecer a los seis estudiantes que permanecían en cautiverio en esa bodega, señalada como propiedad del líder criminal de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, ‘Cabo Gil’, según publicó el diario Milenio.
“El 30 de septiembre (de 2014), ‘El Coronel’ comenta que ellos se encargarían de limpiar todo, y que ellos ya se habían encargado de los 6 estudiantes que habían quedado vivos”, revela el informe gubernamental.
Aunque en dicho documento no se precisa el nombre de quién sería ‘El Coronel’, ayer jueves el subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía, informó que al momento se han liberado cuatro órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército, de los que tres ya fueron detenidos. Uno de estos es el general José Rodríguez Pérez, quien fuera comandante del 27 Batallón de Infantería. Al general se le acusa, precisamente, de ordenar el asesinato y la desaparición de seis de los 43 normalistas.
El Registro Nacional de Detenciones da cuenta de que Rodríguez Pérez fue detenido el 14 de septiembre a las 13:45 horas. Fuentes castrenses confirmaron a este medio que, luego de su detención, el general fue dirigido a los juzgados del Campo Militar Número 1-A en la Ciudad de México, en espera de ser presentado ante un juez de control.
Ese mismo registro señala que los otros dos detenidos —cuyos nombres Mejía no reveló— son el capitán José Martínez Crespo, que ya había sido detenido en noviembre pasado, y el sargento Eduardo Mota Esquivel. Sus aprehensiones se registraron de igual forma el 14 de septiembre a las 15:35 y a las 17:35 horas, respectivamente.
Estas órdenes de aprehensión fueron concedidas por un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, conocido como El Altiplano, lo que significa que, una vez que sean solicitados por el juez de la causa, la Policía Militar los trasladará al Estado de México para que puedan estar en presencia del juez en la audiencia inicial del fuero civil.
Además de estos militares ya detenidos, en el informe de Gobernación también se señala directamente a otro alto cargo militar como implicado en el caso: el teniente de infantería Francisco Macías Barbosa, también del 27 Batallón de Infantería.
El teniente Barbosa tenía a su mando a un elemento infiltrado desde 2012 en la Normal de Ayotzinapa, el soldado Julio César López Patolzin, quien tenía el encargo de informar lo que acontecía en las asambleas que se realizaban en la escuela, además de dar seguimiento a marchas, mítines y cualquier movimiento de los estudiantes en Guerrero o fuera de la entidad.
Este soldado infiltrado entre los estudiantes dio cuenta de que el plan de los jóvenes era tomar varios camiones para trasladarse a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. Sin embargo, desde el 26 de septiembre de 2014, alrededor de las 10:00 horas, el soldado infiltrado dejó de dar reportes.
“No obstante que se encontraba activo en el Ejército Mexicano realizando funciones de informante dentro del grupo de estudiantes, este no realizó ninguna acción de protección a su integridad ni búsqueda de su persona, pese a que era su deber, como lo establece el ‘Protocolo para Militares Desaparecidos’, que obliga a los mandos a ‘implementar medidas contundentes, a fin de coadyuvar en la búsqueda, localización y, en su caso, rescate del personal militar desaparecido’”, denuncia el informe, que señala a la Sedena, además de las policías municipales y otros agentes del Estado, de haber “tolerado, permitido y participado” en los hechos de violencia y desaparición de los estudiantes, “así como en el intento del gobierno de ocultar la verdad sobre estos hechos”.
¿Y las otras órdenes de aprehensión?
Las cuatro órdenes de aprehensión contra militares por el caso Ayotzinapa no son las únicas. En un comunicado del pasado 19 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez con sede en el Estado de México libró 83 órdenes de aprehensión, de las cuales 20 son contra mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala.
Animal Político buscó tanto a la Sedena como a la FGR para preguntarles por las 16 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar en contra de militares a casi un mes del anuncio de la fiscalía, así como para solicitarles más información de la detención del general José Rodríguez Pérez. Sin embargo, al cierre de esta edición, ninguna institución dio respuesta.
El 23 de agosto, el diario La Jornada publicó que otro militar de alto rango, el general Alejandro Saavedra Hernández, quien en 2014 era comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, Guerrero, también está en ese listado de 20 elementos a los que se busca detener para llevarlos ante la justicia por la desaparición de los 43 estudiantes.
Según las investigaciones de las autoridades federales, este jefe militar también tuvo conocimiento de los hechos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, a pesar de lo cual no hizo nada para impedirlos.
Al margen de los militares, el pasado 29 de marzo, en el Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se dio a conocer que, un mes después de la desaparición de los normalistas, al menos 12 elementos de la Marina estuvieron presentes en el basurero de Cocula, donde descargaron y manipularon bultos con contenido desconocido y encendieron una hoguera cerca de los puntos donde, según la versión del gobierno anterior, los jóvenes fueron asesinados y calcinados.
Sin embargo, hasta ahora, no se ha dado a conocer que existen órdenes de aprehensión contra marinos por este caso.
“Mátalos a todos, Iguala es mío”
Una de las primeras personas detenidas en 2014 por la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa fue José Luis Abarca, exalcalde de Iguala. Sin embargo, el pasado miércoles, el Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales, en Tamaulipas, determinó que no existen evidencias de su plena responsabilidad en el crimen, confirmaron a este medio autoridades judiciales.
No obstante, el exalcalde perredista seguirá preso porque enfrenta otros dos procesos penales, uno por delincuencia organizada y otro por homicidio.
Abarca fue identificado como “A1” en el informe de la Comisión de la Verdad y como quien, presuntamente, dio la orden de matar a los normalistas.
“Me chingan a todos a discreción” y “mátalos a todos, Iguala es mío” son algunas de las declaraciones que supuestamente hizo en comunicaciones con otros implicados en la desaparición de los estudiantes, según el informe.
Ayer, el subsecretario Mejía dijo que, ante la absolución del juez con sede en Tamaulipas, las autoridades van a impugnar la resolución e interpondrán una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra dicho juez.
“Vale la pena subrayar que con esta sentencia absolutoria se acumula un total de 98 exoneraciones en primera instancia contra diferentes individuos que participaron en estos hechos. Se va a proceder en términos de la ley ante la Judicatura contra el juez de Procesos Penales”, aseguró.
