Encinas pide a FGR indagar filtración de información sobre caso Ayotzinapa; revictimiza a las familias, dice Centro Prodh
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que indague y castigue la filtración de la información sobre el caso de Ayotzinapa.
El funcionario condenó la filtración de la información, pues dijo que lejos de ayudar a la investigación, “la perjudican y abren paso a la impunidad”.
“Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos”, señaló.
Solicito a la @FGRMexico que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración.
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) September 24, 2022
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) afirmó que las filtraciones sobre el caso Ayotzinapa revictimiza a las familias.
Añadió que el informe continúa bajo análisis del GIEl, expertos a quienes las familias han pedido verificar la fiabilidad de la información como instancia técnica e independiente.
“Recordamos que ante filtraciones debe indagarse a las autoridades que actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor, no a la prensa”, indicó en un comunicado.
📌 Sobre los recientes eventos y revelaciones en el caso #Ayotzinapa, desde el @CentroProdh: pic.twitter.com/TeP8tWlnDk
— Centro Prodh (@CentroProdh) September 24, 2022
Aunque Encinas ni el Centro explicaron a qué filtraciones se referían, el diario Reforma dio a conocer hoy que el expresidente Enrique Peña Nieto presuntamente negoció con el exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, a través de Tomas Zerón, para declararse autor intelectual del crimen y luego ser sacado del país,
La información la da a conocer la periodista Peniley Ramírez, quien tuvo acceso a un informe sin testar de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa de la Presidencia.
De acuerdo con los datos que obtuvo, el 29 de septiembre, supuestamente el entonces presidente habría mandado a “su sirviente” o “gato”, (Tomás Zerón), para negociar con Abarca -identificado como “A1″- para que pidiera “licencia y desaparezca”.
La oferta para A1 incluía presuntamente “que quede yo como actor intelectual sólo unos meses y me saca del país“, indica el medio.
Desconocen expediente
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos señalaron que desconocen el contenido del expediente sin testar de la Comisión para la Verdad.
Isidoro Vicario Aguilar, uno de los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, dijo que los padres de los jóvenes sólo han tenido acceso al expediente testado.
“Nosotros no sabemos qué dicen los chatos, porque están en blanco y negro”, dijo María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los estudiantes desaparecidos, de acuerdo a Reforma.
A lo largo de esta semana, los familiares de los 43 normalistas han realizado manifestaciones en diferentes puntos, con motivo de la conmemoración de los ocho años de la desaparición de sus hijos en Iguala, Guerrero.
Este sábado acudieron a realizan un mitin en el Monumento a la Revolución.
Abarca y el caso Ayotzinapa
Abarca pidió licencia a su cargo el 30 de septiembre, fue detenido el 4 de noviembre de 2014 en la ciudad de México y enviado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
El 14 de septiembre un juez federal absolvió a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, registrada en septiembre de 2014.
El Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales, en Tamaulipas, determinó que no existen evidencias de su plena responsabilidad en el crimen, confirmaron a Animal Político autoridades judiciales.
Sin embargo, Abarca siguió preso y el 20 de septiembre la FGR cumplimentó dos nuevas órdenes de aprehensión en su contra y de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.
El asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa
El 18 de agosto pasado, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), confirmó que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fue un crimen de Estado donde participaron autoridades federales, estatales y locales.
Al exponer el más reciente informe sobre el caso realizado por la Comisión de la Verdad, reveló que había un soldado infiltrado entre los estudiantes, por lo que el Ejército pudo haber actuado y evitado su desaparición.
