Ayotzinapa: GIEI advierte por mensajes entre militares y Guerreros Unidos, información no entregada y acusaciones deficientes
Tan solo tres días después del octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en medio de la polémica que ha generado la renuncia del fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) advirtió sobre el hallazgo de mensajes entre militares e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, sobre información no entregada por el Ejército y sobre acusaciones deficientemente armadas por la Fiscalía General de la República (FGR), entre otras irregularidades en la investigación de este crimen.
En un informe publicado este jueves —tras una conferencia de prensa—, el GIEI señala que nueva información del caso, procedente de la interceptación de comunicaciones por autoridades de Estados Unidos, menciona al menos 12 mensajes en los que se observa relación entre Guerreros Unidos e integrantes del Ejército, así como referencias a la Marina, personal del Semefo, el C4, policías estatales y locales y presidentes municipales.
Además, el GIEI se queja de que, a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tiene órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador para entregar toda la documentación en torno al caso, se ha negado a dar aquella del Centro de Inteligencia Militar sobre la participación de los batallones 27, 41 y 50 de Infantería durante los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los expertos también alertaron por las interferencias de la FGR en la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), que derivaron en la renuncia del fiscal Gómez Trejo y en omisiones que impidieron fortalecer la acusación que hay contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, lo que podría provocar su liberación.
“Un jale con los militares”
En su cuarto informe, el GIEI revela al menos 12 conversaciones interceptadas por autoridades de EU, en las que se hace mención de militares y “jales” que estos realizaban con criminales.
“Ya está primo, me estoy cuadrando para aser un jale con los militares y boy para aya porq qiero q me luz berde el m ok primo”, señala una de las conversaciones —del 22 de marzo de 2014—, entre diversos integrantes de Guerreros Unidos identificados como Arturo Martínez, Apaxtla y Ninja Guerrero Unico.
Incluso, una de las conversaciones —del martes 1 de abril de 2014—, entre Arturo Martínez, Apaxtla y Mi ranchito, menciona por nombre a integrantes del Ejército: “Una pregunta como sellama el teniente que iba mucho al ranchito el cuando tubimos el pedo con el terser batallon y el q de tubo q no la icieran de pedo / Crespo / Pero bien su nombre ire loq pasa q aqi en mi pueblo acaba de yegar otro teniente y disen q es atoda madre el”.
La noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, el capitán José Rodríguez Crespo lideró un recorrido por lugares clave en el caso, como las barandillas de la Policía Municipal, sitio al que llevaron a diversos normalistas que más tarde serían desaparecidos.
Por estas y más irregularidades, el capitán Crespo fue detenido en noviembre de 2020 por el delito de delincuencia organizada. En septiembre de 2022, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada contra los 43 estudiantes.
En otra conversación —del martes 3 de abril—, entre Arturo Martínez, Apaxtla y Sau, se menciona: “Voy a ir a telo a traer cosas y ver a coronel nieto para k este bien todo”. En ese entonces, el coronel Rafael Hernández Nieto encabezaba el 41 Batallón de Infantería.
La UEILCA solicitó orden de aprehensión contra él el 16 de agosto de 2022, pero esta fue una de las 21 órdenes de las que la FGR decidió desistirse, sin consultar a la Unidad Especial.
En las comunicaciones también se hace referencia a la Marina, aunque el propio informe refiere que esta es una línea que aún debe investigarse. Igualmente, hay intercambios entre miembros de Guerreros Unidos y personas del Semefo y el C4, lo que demuestra “que la información del C4 estaba disponible para el grupo”.
La Sedena se niega a entregar información
La información obtenida por el GIEI permitió identificar no solo mensajes cifrados en poder de la Sedena, sino sobre la existencia de un Centro de Inteligencia Militar desde el que los soldados hacían seguimiento e interceptación telefónica e incluso empleaban el programa Pegasus.
La principal queja del GIEI en este sentido tiene que ver con que la Sedena se ha negado hasta el momento a entregar la información referente a dicho Centro, mismo que además tiene información de la participación de los batallones 27, 41 y 50 de Infantería durante los hechos.
“La respuesta de Sedena a la solicitud reiterada del GIEI ha sido la negación de la existencia de estos mensajes del CRFI (Comando Regional de Inteligencia Zona Norte Iguala), alegando que no se encuentran o que no existen, aspecto que no responde a la verdad”, señala.
Otro ejemplo de información no entregada al GIEI tiene que ver con que, desde el 5 de octubre de 2014, se montó una coordinación de altos mandos de todas las corporaciones de seguridad del país y de la extinta PGR, llamada war room, donde se “llevó a cabo investigaciones y acciones cuyo contenido concreto se desconoce”.
Esas reuniones fueron dirigidas por Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, que en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue designado como el principal responsable de las investigaciones en torno a la desaparición de los 43 normalistas. Junto con Jesús Murillo Karam, a Zerón se le considera autor de la llamada “verdad histórica”.
Los resultados del trabajo de dicha coordinación, subraya el GIEI, nunca se incorporaron a la investigación de la PGR.
Los integrantes del GIEI dicen que no tienen relación con el fiscal Alejandro Gertz, a quien ya pidieron una nueva reunión por el caso #Ayotzinapa. "No nos ha recibido sino una sola vez", dijo Ángela Buitrago. https://t.co/kWILCxonnf
— Animal Político (@Pajaropolitico) September 29, 2022
Las injerencias de la FGR
El GIEI también revela interferencias de nuevos fiscales de asuntos internos de la FGR y la extinta SEIDO, quienes participaron en la consignación del exprocurador Murillo Karam sin conocimiento del caso, lo que podría culminar en la liberación del exfuncionario.
De acuerdo con el informe, el 16 de agosto la FGR comisionó a una fiscal de Asuntos Internos para que desempeñara funciones de agente del Ministerio Público, adscribiéndola a la UEILCA para que, un día después, tomara control de la carpeta de investigación que culminó en la solicitud de orden de aprehensión contra Murillo Karam.
Esto se realizó “sin consideración a los tiempos ni opinión de la UEILCA, ni al hecho de que el fiscal especial (Omar Gómez Trejo) se encontraba en Israel con labores relacionadas a la solicitud de extradición de Tomás Zerón”, lo que provocó que incluso, en la audiencia de imputación, el juez llamara la atención en reiteradas ocasiones a las fiscales del caso.
“Las consecuencias de haberse entrometido en las facultades y actuación que estaba siendo llevada a cabo del titular de la UEILCA, por parte del fiscal general de la República, afectan el futuro del caso”, concluye el GIEI, e indica riesgo de que Murillo Karam pueda quedar libre por falta de pruebas.
En un comunicado del 19 de agosto, el GIEI alertó que algunos procesos de judicialización en marcha se estaban haciendo por fuera de la Unidad Especial, que es la instancia que realizó toda la investigación del caso.
Ahora, señala en su informe, se ha llegado al extremo que el fiscal general, Alejandro Gertz, encargó tareas relativas al caso a miembros de la antigua SEIDO y de la Visitaduría de la entonces PGR, que en su momento no llevaron a cabo la investigación del caso Ayotzinapa e incluso podrían estar entre los funcionarios sospechosos.
