El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló directamente al Ejército y a la Fiscalía General de la República (FGR) de frenar las investigaciones en torno al caso Ayotzinapa, mientras mostró su respaldo al trabajo de la Unidad Especial que hasta hace unos días encabezaba el fiscal Omar Gómez Trejo.
Los expertos independientes señalaron en conferencia de prensa que, a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador de entregar toda la documentación en torno al caso, hasta el momento se ha negado a brindar la información referente al Centro Regional de Inteligencia Militar, que tiene datos de la participación de los batallones 27, 41 y 50 de Infantería durante los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Además, acusaron a la FGR de intervenir en las investigaciones de la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa y, en específico, a personal de la extinta SEIDO, que fue el que ordenó las cancelaciones de 21 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables del crimen contra los 43 normalistas desaparecidos, sin consultar antes al ahora exfiscal Omar Gómez Trejo y sin argumentar su decisión.
El lunes pasado, se cumplieron ocho años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, uno de los crímenes más emblemáticos de la historia reciente de México.
Carlos Beristain, integrante del GIEI, explicó que durante los hechos del 26 y 27 de septiembre el Ejército recibió información mediante interceptaciones telefónicas “en tiempo real” de lo que estaba pasando en Iguala, sin que eso se tradujera en búsqueda y localización de los jóvenes.
“Esos archivos que encontramos en Sedena muestran que del 26 de septiembre al 4 de octubre habían interceptaciones telefónicas que hablaban de a dónde había que mandar a los jóvenes y una de ellas es del 4 de octubre”, lo que hace suponer que algunos jóvenes seguían vivos, dijo.
La investigadora Ángela Buitrago señaló que, a pesar de que existen documentos castrenses de la participación de los batallones 27, 41 y 50, y de la Región Central México DN1, “ninguno de ellos han sido entregados a la Covaj (Comisión de la Verdad) ni al GIEI ni a la Unidad Especializada”.
“Existe evidencia que debe proporcionarse en la investigación (…) Pero no se ha tenido el acceso al conjunto de información de esa evidencia que para el GIEI desde el primer momento fue clave, que fue insistentemente pedido por el GIEI y que desde ese punto de vista se hace fundamental seguir insistiendo en la necesidad de que se entreguen los famosos documentos producidos por el Comando Regional de Inteligencia”, dijo.
Respecto de la intervención de la FGR en el trabajo de la Unidad Especial, Buitrago señaló que esta intromisión inició desde el 16 de agosto, cuando la Fiscalía de Asuntos Internos pidió, a nombre de la unidad, 83 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables.
Dos días después, el 18 de agosto, la Covaj publicó los resultados de su informe preliminar sobre lo acontecido, y un solo día después la FGR informó que ya había judicialización de los casos.
El GIEI subrayó que personal de la antigua SEIDO empezó a despojar de atribuciones a la Unidad Especial.
Los integrantes del GIEI dicen que no tienen relación con el fiscal Alejandro Gertz, a quien ya pidieron una nueva reunión por el caso #Ayotzinapa. "No nos ha recibido sino una sola vez", dijo Ángela Buitrago. https://t.co/kWILCxonnf
— Animal Político (@Pajaropolitico) September 29, 2022
Sobre esto, el experto Francisco Cox agregó que los principios y lineamientos del acuerdo por el que se creó la Unidad Especial en 2019 “fueron rotos por el propio fiscal general de la República”.
“El GIEI reitera que en un Estado de derecho la fiscalía como ente autónomo no puede tener más consideraciones que las consideraciones judiciales probatorias y lograr condenas. Producto de esta judicialización débil del exprocurador (Jesús) Murillo Karam se corre el riesgo de que posteriormente no se logre la condena, no obstante existir evidencia y prueba de la participación del señor Murillo Karam en la mal llamada ‘verdad histórica’”, dijo.
Finalmente, respecto de los resultados del informe de la Covaj, el GIEI informó que, a pesar de que mañana termina su periodo de trabajo en la investigación, ha pedido una prórroga de un mes para analizar sus resultados y entregárselos a las familias de los 43, y verificar que no haya represalias contra el exfiscal Gomez Trejo, pues se han abierto auditorías en contra de su unidad, lo que podría traducirse en presiones contra su gestión.
El presidente López Obrador ya ha hecho saber a los integrantes del GIEI su intención de que se queden hasta 2024.