‘AMLO está más del lado del Ejército que de las víctimas’: colectivas de búsqueda y OSC acusan promesas incumplidas e impunidad
Como candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador prometió justicia a las familias de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Con su primer decreto oficial como presidente creó la Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa, con la intención de “dar todas las facilidades del gobierno para que se conozca la verdad y se castigue a los responsables, autores materiales e intelectuales”.
Cuatro años después, ya con él como presidente, colectivos y organizaciones advierten que, si bien se hizo una labor importante al reconocer la desaparición como una problemática real a nivel nacional, la promesa de justicia no ha sido cumplida, ni para los 43 ni para las familias de las más de 100 mil personas desaparecidas a lo largo del país.
De hecho, recientemente, la Fiscalía General de la República (FGR) canceló órdenes de aprehensión contra 16 militares y otros servidores públicos implicados en la desaparición de los normalistas, lo que generó acusaciones de activistas y organizaciones sobre una intromisión en la labor que había realizado la Unidad Especial para investigar el caso de los normalistas, lo que llevó también a la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo.
El hecho no solo resulta increíble para algunas buscadoras, sino que también denota preocupación para familiares de personas desaparecidas, quienes se preguntan qué tratamiento pueden esperar otros casos que todavía no han sido visibilizados.
“Nos rompe un poco porque el caso de los 43 para nosotros significaba una victoria para las más de 105 mil personas desaparecidas en el país… estamos muy decepcionadas”, señala Bibiana Mendoza del colectivo Hasta Encontrarte.
“El gobierno federal le prometió, específicamente a este grupo de madres de los 43 desaparecidos, que iba a resolver este caso, que él no iba a ser cómplice de nadie, que se iba a esclarecer y castigar a los culpables”, agrega.
“Estamos viendo cómo hubo mucha voluntad política todo este tiempo, pero ya cuando se trató de tocar a los altos mandos del Ejército otra vez existe este tema de opacidad, de negación y negligencia”.
Silvana Carranza, de la Organización Comunitaria por la Paz (Ocupa), señala también que hubo una interferencia de la FGR hacia el trabajo de la Unidad Especial del caso de Ayotzinapa.
La anulación de las órdenes de aprehensión, las irregularidades y la filtración que ocurrió de elementos del informe de la Comisión de la Verdad afectan a las víctimas, a sus familiares y en general la sociedad, señala la activista.
Advierte que especialmente afecta “a todas las familias que están en contextos adversos como las madres buscadoras y los familiares de los 43, porque lo único que nos queda claro es que seguimos muy lejos de conocer la verdad, de obtener justicia, de reparar el daño, y no se diga de garantizar que esto no se repita”.
El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que ha acompañado a las familias de los 43 normalistas, acusó una “chicanada” de la FGR para pasar por encima de la Unidad Especial, institución creada expresamente a petición de las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos, a fin de cancelar la captura de 16 militares.
“Nosotros creímos en Andrés Manuel López Obrador. Pensamos que era un gobierno que estaba por el pueblo y con el pueblo, ahora vemos que está más del lado del Ejército. Estoy segura que si el Ejército estuviera de nuestro lado nos entregaría todos sus archivos y también pondrían a disposición a los militares que desaparecieron a nuestros hijos. Por eso seguimos luchando para que este gobierno nos haga caso. Si es en verdad un gobierno democrático tiene que demostrarlo castigando a los responsables e investigando el paradero de nuestros hijos”, señaló la madre de uno de los normalistas, citada por Tlachinollan.
“Tenemos el presentimiento de que Andrés Manuel López Obrador no quiere presionar al Ejército. Para nosotras, es el Ejército el que está obstruyendo las investigaciones porque se sienten como el poder supremo, que nadie les puede pedir cuentas”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) también señaló que hubo una intromisión de funcionarios de FGR en la labor de la Unidad Especial, solicitando anular órdenes de aprehensión contra 16 militares en una investigación que otros fiscales no conocían a fondo.
“Da la sensación de que esto fue ordenado con algún criterio ajeno a la investigación”, dijo este 29 de septiembre Francisco Cox, miembro del GIEI.
‘No hay diferencia con gobiernos anteriores’
Contrario a lo que el presidente presume, las colectivas no encuentran diferencia entre su gobierno y las administraciones anteriores.
“Yo creo que no, no vemos mucha diferencia de los anteriores gobiernos a este porque hay justicia o no la hay, las cosas no pueden ser a medias”, dice Bibiana Mendoza.
“Yo creo que es tiempo de que la Federación cambie la estrategia de seguridad porque está fallando. Falló desde hace años, le falló a Felipe Calderón, le falló a Enrique Peña Nieto y le está fallando a él (López Obrador), mientras que las víctimas somos sus carnes de cañón”, señala la buscadora de Guanajuato.
Mendoza narra que otro aspecto de preocupación para la colectiva Hasta Encontrarte es la revictimización con la que se aborda el tema de los desaparecidos desde las conferencias de prensa que cada mañana sostiene el presidente López Obrador.
“Eso de que acusa a los y las defensoras de derechos humanos de ser afines a otros intereses, o de que haya gente infiltrada, nos desvalida también como víctimas a la hora de querer ser escuchadas”, señala.
En la conferencia matutina de este jueves, el presidente incluso habló de un intento de “reventar” la investigación sobre el caso Ayotzinapa, por el hecho de que la unidad a cargo de Gómez Trejo acusara a 20 militares, y no solo a los cinco que refirió el informe de la comisión de verdad.
“¿Por qué meten a los 20?, pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército y que íbamos a dar marcha atrás para no tocar a nadie”, dijo.
La postura del gobierno federal se percibe por organizaciones y activistas como un posible riesgo para Omar Gómez Trejo, el fiscal que dejó la investigación del caso Ayotzinapa.
“Reconocemos el trabajo de Gómez Trejo en la unidad especial de investigación y litigio. Creemos que, incluso, el hecho de que se haya separado de esta manera lo puede incluso también poner en riesgo”, dice Silvana.
En el mismo sentido también se pronunció el colectivo Seguridad sin Guerra, cuyos integrantes solicitaron garantías para proteger la seguridad e integridad de Omar Gómez Trejo, su familia y su equipo.
A raíz de la renuncia del fiscal de #Ayotzinapa exigimos:
📌Garantías para proteger la seguridad e integridad de Omar G. Trejo, su familia y su equipo
📌Comparecencia ante el @senadomexicano del titular de la @FGRMexico
📌Renuncia del Titular de la @FGRMexico pic.twitter.com/WbQX0a18al
— Seguridad Sin Guerra (@S_SinGuerra) September 28, 2022
“También reconocemos el trabajo que se ha hecho desde la Comisión de la Verdad y la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, estos hechos recientes nos ponen en duda, o sea sigue pasando lo mismo que en sexenios anteriores, no estamos viendo realmente un límite a las fuerzas armadas, que rindan cuentas y que realmente haya transparencia y una respuesta para las y los familiares de las víctimas”, dice Silvana Carranza.
Pero las colectivas también destacan que el problema de los desaparecidos tiene muchas aristas, y si bien es el Estado quien debe proporcionar las condiciones para la implementación de la justicia, también hay otros actores que no se involucran.
“La sociedad civil también está fallando, el gobierno está fallando. Está fallando la sociedad civil y todas estas personas que son actores sociales que han visto las desapariciones y han actuado para ignorarlas”, denuncia Lucía de los Ángeles Díaz, de Colectivo Solecito en Veracruz, refiriendo que buscan al menos 300 personas, sin que haya investigaciones formales y suficiente respaldo social.
‘La militarización no es la solución’
La preferencia del gobierno a los militares sobre los familiares de los 43 es un hecho que, a decir de Bibiana Mendoza, “enoja mucho”, sobre todo luego de que hace poco elementos de la Guardia Nacional asesinaron a un estudiante de la Universidad de Guanajuato; además, dice, se sabe que elementos de la Marina son responsables de la desaparición de algunos de los familiares que busca la colectiva.
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“Cuando ves esta preferencia hacia el Ejército y las Fuerzas Armadas, esta complicidad, la impunidad y sobre todo la desfachatez con la que se hace invalida nuestro mensaje de que la militarización no es la solución, porque todos esos delitos cometidos por Guardia Nacional y Sedena siempre quedan impunes”, dice Mendoza.
Recientemente, la FGR canceló 21 órdenes de aprehensión, 16 de ellas emitidas contra militares que había solicitado en agosto pasado, por su presunto involucramiento en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Al respecto, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) señaló en un comunicado: “La evidencia muestra, de manera incontrovertible, que el uso del Ejército en tareas de seguridad pública ha tenido como resultado un aumento alarmante en la perpetración de crímenes atroces, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias, todas cometidas en un marco legal de paz, pero en un estado de excepción de facto que no tiene controles ciudadanos y del cual no se rinden cuentas”.
La idea de tener a las fuerzas armadas a cargo de la Seguridad Pública también es considerada negativa por organizaciones como Ocupa.
“Estamos convencidos de que la militarización es perniciosa y además tiene un impacto diferenciado hacia las mujeres, y por eso creemos que debemos de explorar alternativas para hacer la justicia posible; dejar de lado esta imposición del uso de la fuerza como una solución a la inseguridad, y pues apostar precisamente por la prevención social del delito y la investigación de los crímenes, y creo que esto en este momento está en juego”, dice Silvana Carranza.
