A Patricia Quijada, hombres vestidos de militares se la llevaron de su casa; a 4 meses, su familia no conoce avances

Patricia Quijada Hernández, de 33 años recién cumplidos, estaba en su casa con su niño cuando, alrededor de la 1:45 horas del 5 de abril, escuchó que el rugido de varias camionetas y de coches rompió el silencio de la madrugada. 

Como el resto de los vecinos que ocultaban su temor detrás de las cortinas de sus ventanas, Paty se asomó para tratar de averiguar qué sucedía. 

A continuación —contarían después los vecinos y el propio hijo de Patricia—, una veintena de hombres se bajó de tres camionetas y un coche. Todos vestían uniforme militar y portaban chalecos antibalas. 

Una vez franqueado el primer portón, los hombres, que traían los rostros ocultos con capuchas y llevaban cascos, armas largas y los logos de la bandera patria bordados en las mangas, abrieron con facilidad la otra puerta del inmueble.

Aterrada, Paty trató de proteger a su hijo, pero la tomaron de los brazos, la hincaron en el suelo y la esposaron. 

“¿Dónde tienes el dinero guardado?”, le gritaban una y otra vez, de acuerdo con el testimonio que daría su hijo a las autoridades. 

Luego, subieron a Patricia a una de las camionetas, se fueron y de nuevo dejaron a la colonia en completo silencio. 

A eso de las 2:00, una vecina y amiga de Paty marcó por teléfono a la casa de sus padres y hermanos para tratar de explicarles lo sucedido. “Cálmate, por favor, y dinos qué pasó”, le pidieron ante los tartamudeos que le provocaban los nervios. 

Al abrazar a sus familiares, el niño repetía impotente que quiso memorizar las placas de los carros que habían llegado con violencia a su casa, pero el pánico lo paralizó. Únicamente alcanzó a decirles con claridad: “Los militares se llevaron a mi mamá”. 

¿Quién se la llevó? 

Acámbaro, ubicado en el límite con Michoacán, es un municipio de 160 mil habitantes en Guanajuato, estado que en la actualidad concentra los mayores índices de violencia en México con más 3 mil 516 víctimas de homicidio doloso en 2021 y mil 566 en los primeros seis meses de 2022, de acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

También es una de las entidades con más reportes de personas desaparecidas, con más de 2 mil 300. Animal Político publicó en enero del año pasado el reportaje “La casa del horror de Acámbaro”, sobre un cementerio clandestino ubicado a pocas cuadras del centro del municipio, donde el crimen organizado mataba y enterraba a personas. Ahí, colectivos de madres buscadoras y la Comisión Estatal de Búsqueda hallaron 104 bolsas con restos humanos y 15 cuerpos enterrados en 48 fosas, el segundo mayor hallazgo en Guanajuato tras los 80 cuerpos encontrados en Salvatierra a finales de 2020. 

Además, en el municipio también hay antecedentes de posibles desapariciones forzadas a manos de autoridades. En agosto del año pasado, la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato, que reúne a diversos colectivos de familiares de desaparecidos, emitió una alerta por la posible desaparición de Luis Eduardo Valdés Moctezuma, de 22 años, presuntamente a manos de la policía municipal. 

A pesar de estos datos y antecedentes, Marlén Quijada, una de las hermanas de Patricia, explica en entrevista que la colonia donde viven no es especialmente peligrosa. Y su hermana, al igual que el resto de la familia, se dedicaba a estudiar, trabajar y no buscar problemas con nadie. 

“Mi hermana es pasante de Criminología. En 2020, con la pandemia, no pudo seguir con su proceso de titulación y lo estaba retomando ahora. Y mientras tanto, se dedicaba al comercio de ropa y de bolsas en internet y redes sociales”, dice Marlén. 

En cuanto dejaba a su hijo en la escuela a eso de las 8:00, Patricia se iba para la casa de sus padres y sus hermanos, donde echaba una mano con la limpieza y la comida, hasta que llegaba de nuevo la hora de ir a recoger al niño. 

“Mi hermana es una persona muy tranquila, con muchas amistades. Siempre va con su niño para todos lados. Ellos son muy apegados”, comenta Marlén. 

Por ello, la mujer repite una y otra vez al otro lado de la línea que aún no entienden qué pudo pasar esa noche del 5 de abril, ni quién pudo haberse llevado a su hermana a la fuerza. A cuatro meses, la Fiscalía de Guanajuato aún no les da certeza de quién se la llevó: si fueron soldados, integrantes del crimen organizado o incluso elementos de la propia Agencia de Investigación Criminal.  

Sobre estos últimos, Raymundo Sandoval, activista de la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato —que acompaña el caso y a los familiares—, expone que el 18 de enero pasado, meses antes de la desaparición de Patricia, elementos de esta agencia irrumpieron en su domicilio, allanándolo sin una orden de aprehensión para luego ponerla a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, un juez de control la liberó porque quedó acreditado que los agentes la detuvieron de manera arbitraria y por medio de tortura, privándola de su libertad durante tres días. 

“Ahora, cuando la desaparecen en abril, su hijo de 11 años refiere que quienes se la llevaron eran personas vestidas de militares, pero que eran las mismas que se la llevaron en enero, pues los reconoció por su voz. Por eso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comenzó una queja investigando la presunta desaparición a manos de cuerpos militares, aunque en los hechos se estima que pudieron ser agentes de investigación criminal, los mismos que irrumpieron ilegalmente en su domicilio en enero”, explica el activista.

“Nos investigan a nosotros en lugar de a los criminales”

Marlén Quijada lamenta que ya a cuatro meses de la desaparición la fiscalía estatal no les haya dado avances significativos. 

“La fiscalía dice que ninguno de sus elementos se la llevó. Y que ya buscaron con todas las autoridades y que ninguna la tiene. Que ni la Sedena, ni la Marina, ni agentes de investigación. Nadie”, dice. 

Pero la investigación ha sido hasta ahora deficiente, denuncia la mujer. Por ejemplo, las autoridades aún no han revisado las cámaras de video ubicadas en las zonas por donde pudo haber pasado el convoy que se llevó a Patricia. 

“Desde el inicio les dijimos que revisaran las cámaras. Donde vive mi hermana no hay, pero en la avenida sí hay muchas cámaras de los vecinos, e, incluso, en la carretera hay cámaras de seguridad pública. Ahí se tuvo que haber visto cuando salían los vehículos, porque en la madrugada no hay carros circulando”.

“¿Por qué nunca las revisaron? Ahí se hubiera podido ver las placas de los vehículos o a lo mejor algún rostro. Algo”.

Además, la mujer también pregunta por qué a cuatro meses no han rastreado el celular de su hermana. 

“A la fecha, solo han rastreado el de mi sobrino, que también se lo llevaron. Nos dijeron que nos iban a decir dónde lo habían localizado, pero por ahora tampoco nos han dicho nada”.  

Lejos de ofrecerles resultados, Marlén denuncia que a diario les comentan que unidades de las agencias de investigación van a la casa de sus padres a preguntar a qué hora entra y sale la familia, y a qué se dedican. 

“O sea, en lugar de investigar quién se llevó a mi hermana, lo que hacen es investigarnos a nosotros, como si fuéramos nosotros los que la hubiéramos desaparecido. Es indignante”, reclama. 

Mientras tanto, las únicas novedades que ha tenido la familia de Patricia son las múltiples llamadas de extorsión para tratar de sacar beneficio de la desesperación y el sufrimiento, pues a diario les mandan mensajes con fotografías que se nota que son montajes, para pedirles dinero a cambio de supuesta información del paradero de Paty, así como llamadas en la madrugada diciéndoles que se llevaron a la mujer cuando esta estaba en un centro comercial, a pesar de que en Acámbaro no existe ninguno. 

“Es una desesperación enorme lo que estamos viviendo”, dice Marlén entre suspiros. “La fiscalía tiene el caso como secuestro, pero nosotros estamos seguros de que fue una desaparición forzada. Porque si hubiera sido un secuestro ya nos hubieran pedido un rescate, y a la fecha nadie nos ha pedido nada”. 

Ante esta situación, el activista Raymundo Sandoval señala que ya se dictaron medidas de protección para los familiares y para que estas sean otorgadas por una institución diferente a la fiscalía estatal, pues existe la sospecha de que agentes de investigación criminal pudieron haber participado en los hechos. 

El pasado 18 de julio, los familiares de Patricia e integrantes de la Plataforma por la Paz se reunieron con la secretaria de Gobierno guanajuatense, Libia García, para exponerle el caso. La funcionaria se comprometió a establecer un plan de búsqueda individualizada de la mano de la Comisión Estatal de Búsqueda. También se le solicitó que interviniera para acordar una reunión urgente con el fiscal, Carlos Zamarripa. 

“Pero ahí no hubo compromiso. Nos pidió que la solicitud se hiciera mediante un oficio”, dice Sandoval. 

Mientras llega la respuesta burocrática al oficio, Marlén y su familia continúan enfrentando un enorme desgaste ante la falta de noticias de Patricia. 

“A las personas que se la llevaron les pedimos que se compadezcan. Estamos sufriendo mucho. No hemos dejado de buscarla ni un día. Hemos ido con los medios, hemos ido a pegar letreros por los municipios, por las rancherías, pero nadie nos dice nada. Les suplicamos que se compadezcan, que nos digan qué es lo que quieren”, ruega la mujer.