El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, rechazó haber participado en la creación de la llamada “verdad histórica” sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que si hacemos algo por nuestro país todos los días (sic)”, destacó el secretario.
La declaración de García Harfuch se da luego de la detención del extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.
Murillo Karam recibió prisión preventiva justificada este sábado y se quedará en el Reclusorio Norte hasta su próxima audiencia, en la que se definirá si queda vinculado a proceso o no por delitos relacionados con su participación en el caso Ayotzinapa.
Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para “fraguar la verdad histórica”;ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que si hacemos algo por nuestro país todos los días
— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 22, 2022
De acuerdo con los ministerios públicos federales, un testigo declaró que se realizó una reunión de altos mandos el 7 de octubre de 2014, 10 días después de la desaparición de los estudiantes, donde delinearon la estrategia de investigación del caso, solo dos días después de que el entonces procurador atrajo la investigación.
Dicha reunión realizada en Guerrero fue encabezada, dijeron, por Murillo Karam. Estuvieron Tomás Zerón, Omar García Harfuch, exdelegado de la Policía Federal en Guerrero, y Gualberto Ramírez Gutiérrez, entonces fiscal de la unidad especializada en investigación de delitos en materia de secuestro.
Según la “verdad histórica”, los jóvenes fueron privados de la libertad por policías municipales coludidos con integrantes de Guerreros Unidos, asesinados y después incinerados.
A casi ocho años del caso Ayotzinapa, el gobierno de México dio a conocer nuevos detalles de la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El gobierno admitió por primera vez de manera pública que todos los indicios apuntan a que los jóvenes fueron asesinados y desaparecidos por el crimen organizado, en contubernio —“por acción, omisión o negligencia”— con autoridades de los tres niveles de gobierno y el Ejército.
“Fue un crimen de Estado”, subrayó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.