Corte invalida orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas; él dice “la ley me dio la razón”
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Además, por unanimidad de votos, la Primera Sala declaró que el fuero del gobernador de Tamaulipas prevalece.
En el proyecto, presentado este miércoles por el ministro Juan Luis González Alcántara, se detalló que el desafuero dictado por la Cámara de Diputados no eliminó de manera automática la inmunidad constitucional del gobernador.
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Francisco García Cabeza de Vaca responde
A través de un video en sus redes sociales, el gobernador celebró la decisión de la Corte y aseguró que eso demuestra que siempre tuvo la razón.
“La Suprema Corte ha dejado claro que siempre tuvimos la razón; y que en todo momento actuamos con estricto apego a la verdad. La Corte revierte la burda persecusión política en mi contra y la de mi familia, así como reafirma que la soberanía de Tamaulipas no puede ser violentada”, dijo.
Les comparto este mensaje sobre la resolución emitida este día por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. pic.twitter.com/U5bmapGPlJ
— Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) August 17, 2022
El gobernador aseguró que todas las acusaciones en su contra se basaron en mentiras.
Desafuero y orden de aprehensión
El proceso de desafuero y la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca comenzaron a inicios de 2021 a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y defraudación fiscal.
El gobernador está implicado en posibles operaciones de lavado de dinero por más de 100 millones de pesos, con recursos que provendrían, presuntamente, de hechos de corrupción.
Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas declaró improcedente el desafuero contra García Cabeza de Vaca, ya que dijo que vulnera las garantías individuales, así como el debido proceso y la presunción de inocencia del gobernador.
En el proyecto de la SCJN, se requerían de los votos de al menos tres de los cinco ministros de la Primera Sala para que que fuera aprobado.
