Caso “cártel inmobiliario”: fiscalía acusa a exfuncionario de Benito Juárez de obtener 65 mdp en ganancias ilícitas
Entre 2012 y 2016, mientras se desempeñaba como director jurídico y de gobierno en la alcaldía Benito Juárez, Luis Vizcaíno Carmona, quien fue detenido el sábado 30 de julio y es señalado por su presunta participación en el llamado “cártel inmobiliario”, obtuvo ingresos ilícitos —a través de empresas fachada— por 65 millones 734 mil 992 pesos, acusa la fiscalía capitalina.
Durante la audiencia del 31 de julio, en la que se imputó al exfuncionario y a cuya grabación Animal Político tuvo acceso, el Ministerio Público dijo al juez Júpiter López Ruiz que, durante su encargo público, Vizcaíno creó dos empresas a través de las cuales se le transfirieron dichos recursos, nunca reportados ante el SAT.
Se trata de Residencial Cami, SA de CV, y Residencial Mariposa, SA de CV, empresas con irregularidades diversas como no ubicarse en el domicilio fiscal dado de alta, no tener alta patronal ante el IMSS o que su CURP no coincide.
“Durante su cargo como servidor público, en sus declaraciones patrimoniales que presentó ante la Contraloría de la Ciudad de México en el periodo que fungió como tal, manifestó tener un ingreso por concepto de salarios y otros ingresos por un total de 5 millones 079 mil 099 pesos; no obstante, sus ingresos anuales no son coincidentes con los estados de cuenta aportados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como las declaraciones presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria”, señaló el Ministerio Público durante la audiencia.
A lo largo de una hora con 35 minutos —tiempo que duró la audiencia—, el Ministerio Público enlistó las inconsistencias detectadas entre los ingresos del exfuncionario y el dinero que se transfería a sus cuentas bancarias. Además, informó al juez sobre la compra en efectivo de dos inmuebles, que llamaron su atención durante la investigación porque las características de las propiedades y los montos pagados no resultan concordantes.
Vizcaíno se reservó su derecho a declarar. Sin embargo, en el último minuto de la audiencia, una vez que el juez decretó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, tomó la palabra para pedir al juzgador que reconsiderara su decisión y le permitiera seguir su proceso en libertad.
“Su señoría, quisiera si usted puede reconsiderar el tema. Yo soy el primer interesado en que esto se aclare y tengo entendido que hay diferentes medidas, me parece que puede ser lo del cinturón (brazalete) o no acudir a lugares específicos… si lo puede reconsiderar porque yo soy el primero que quiere aclarar esto, porque no me cuadran esas cantidades estratosféricas, pero ni cercanas, ni cuentas, ni nada, pero yo estando ahí (en prisión) no me encuentro en facultades de poder estar revisando cada cosa”, expuso el exfuncionario.
“Ya tomé mi decisión, no podría variarla. No advertiría alguna otra medida que me permitiera garantizar que no te vas a sustraer de la acción de la justicia”, respondió el juez.
Minutos antes, la defensa intentó evitar la prisión preventiva justificada argumentando problemas de salud del imputado, como insomnio crónico y ansiedad. El juez tomó nota de ello e informó que enviaría los oficios correspondientes para que sus abogados pudieran llevarle a prisión todos los medicamentos que requiriera.
Reportan al SAT ingresos por 190 mil pesos; transfieren 54 millones
De acuerdo con lo que expuso la fiscalía capitalina, a través de la revisión de los estados de cuenta de las empresas de las cuales Vizcaíno se ostenta como dueño, se pudo acreditar, por ejemplo, que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de enero al 29 de febrero de 2016, el exfuncionario recibió depósitos a la cuenta bancaria de la empresa Cami, SA de CV, por poco más de 69 millones de pesos, de los cuales 61 millones no fueron notificados al SAT.
En el ejercicio fiscal 2015, se detectaron transferencias a la cuenta bancaria de dicha empresa por más de 54 millones de pesos. Sin embargo, en la declaración fiscal que se realizó para 2016 solo se informó de ingresos por 190 mil 236 pesos, es decir, una diferencia de 53 millones 936 mil pesos.
En tanto, en la declaración 2017, del ejercicio fiscal 2016, el exfuncionario público declaró depósitos de 259 mil 911 pesos, pero los estados de cuenta revelan transferencias por 7 millones 103 mil pesos, las cuales tampoco fueron notificadas al SAT.
El Ministerio Público detalló que el IMSS le informó que la empresa Cami no cuenta con alta patronal y tampoco se identifica su CURP, mientras que la Policía de Investigación, que acudió al domicilio fiscal de la empresa para verificar que ahí se ubicara, notificó que se trata de departamentos.
“Lo que hace nugatoria, señor Vizcaíno, la posibilidad de generar activos ante la inexistencia de los mismos”, expuso el Ministerio Público.
La empresa Residencial Mariposa presuntamente recibió entre 2015 y 2016 depósitos por 8 millones 060 mil pesos, recursos que no se declararon.
En 2015, por ejemplo, se notificó ante el SAT que esta empresa no había tenido ingresos. Sin embargo, la información bancaria da cuenta de transferencias por 1 millón 684 mil pesos.
Respecto del ejercicio 2016, se declararon ingresos por 330 mil 720 pesos, pero los depósitos recibidos fueron de 6 millones 706 mil pesos, es decir, no se declararon 6 millones 376 mil pesos.
Los recursos no declarados por ambas empresas, de las cuales Vizcaíno es dueño, ascienden a poco más de 69 millones de pesos. Pero, de acuerdo con lo que detalló el Ministerio Público, en otros años fiscales el exfuncionario declaró más dinero del cual se confirmó que poseía en sus cuentas bancarias, hecho por el cual la acusación que hacen las autoridades en su contra es por enriquecimiento ilícito por 65 millones 734 mil pesos.
Propiedades que llamaron la atención
Durante la audiencia, el Ministerio Público también informó que se investigó la compra de dos bienes inmuebles que llamaron la atención, y no porque fueran pagados en efectivo, sino porque las cantidades por las que los adquirió no corresponden a la realidad.
El primer caso es la compra del 50% de un inmueble ubicado en Insurgentes Sur, colonia Guadalupe Inn, por el cual pagó 1.4 millones de pesos. Sin embargo, ya ha dado cuenta públicamente la fiscalía capitalina de que ese inmueble tiene un valor comercial superior a los 30 millones de pesos.
No solo eso: el Ministerio Público también informó al juez que el imputado compró dicha propiedad a Nicias René Aridjis Vázquez, quien durante 2012 y 2016, cuando Vizcaíno era director de jurídico de Benito Juárez, se desempeñó como director de Obras y Desarrollo Urbano en la misma demarcación, y quien hoy es buscado por las autoridades también por enriquecimiento ilícito durante su encargo público.
“(Esta) adquisición llama poderosamente la atención de esta representación social en virtud de que fue por debajo de su valor real”, dijo el Ministerio Público.
Otra de las propiedades del exfuncionario que es investigada es un inmueble en Tepoztlán, Morelos, por el cual pagó 500 mil pesos en efectivo.
Será este jueves a las 10:00 horas cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso de Vizcaíno por presunto enriquecimiento ilícito.
En tanto, las autoridades continúan con la búsqueda de Nicias Aridjis, señalado junto con Vizcaíno de encabezar el llamado “cártel inmobiliario” de Benito Juárez, un esquema basado en el intercambio de favores, por medio de colusiones fuera de la ley con constructoras y desarrollos inmobiliarios, así como mediante extorsiones a empresarios.
