El abuso de la prisión preventiva oficiosa es porque el Poder Judicial no funciona y no defiende a los pobres, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Afirmó que el Poder Judicial debería tener un buen sistema de defensoría de oficio y que haya un Consejo de la Judicatura que funcione bien.
En conferencia de prensa, señaló que no está de acuerdo con la posición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la desaparición de la prisión preventiva oficiosa.
Al preguntar si la prisión preventiva oficiosa afecta más a los pobres, @lopezobrador_ dijo que “el Poder Judicial no los defiende. El Poder Judicial debería tener un buen sistema de defensoría de oficio, y funcionar muy bien, que no funciona, el Consejo de la Judicatura”. pic.twitter.com/eubwTYw48T
— Animal Político (@Pajaropolitico) August 26, 2022
Aseguró que, si los jueces puedan decidir, será dar protección para jefes de bandas de la delincuencia organizada y delincuentes de cuello blanco.
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Ejemplificó con el caso de José Bernabé, ‘La Vaca’, generador de violencia en Colima, donde un juez le otorgó la libertad en días pasados.
¿Cuántos jueces, cuántos magistrado, cuántos ministros han ido a la cárcel? ¿Es un poder incorruptible? ¿Es el Castillo de la pureza? Estimo mucho al presidente de la Corte, lo considero un hombre íntegro, pero no coincido con él en este tema”, dijo
López Obrador advirtió que eliminar la prisión preventiva oficiosa significa pérdida de vidas humanas, no solo de quienes son víctimas, sino también de elementos de policía y Ejército.
Los proyectos que se han dado a conocer sobre la eliminación de la prisión preventiva oficiosa son bajo el argumento de que es violatoria a los derechos de las personas. En contraparte, el gobierno federal considera que es necesario conservarla.
La Presidencia de la República —a través de un documento elaborado por la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo— pidió a los ministros que mantengan la prisión preventiva oficiosa, bajo el argumento de que eliminarla sería perjudicial para la seguridad pública.
El futuro de la prisión preventiva oficiosa en México se definirá a partir del lunes 5 de septiembre.
Este viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sesiona para discutir el caso de dos mexicanos que estuvieron presos sin juicio durante 17 años, del que probablemente saldrá una sentencia que ordene al Estado mexicano eliminar esta medida que permite encarcelar de manera automática y sin análisis judicial a personas acusadas de cometer alguno de los delitos enlistados en al artículo 19 de la Constitución.
De acuerdo con una investigación realizada por Animal Político e Intersecta, en México cada día se encarcelan a 300 personas, lo que ha provocado ya el crecimiento más rápido de la población penitenciaria en 15 años.
Pero este número no indica que se haya logrado abatir la impunidad o frenado la violencia.
En realidad, quienes están en la cárcel son personas acusadas de pequeños robos o de narcomenudeo, que fueron enviadas a prisión mientras termina la investigación y se le enjuicia.
La reforma al artículo 19 de la Constitución permitió el encarcelamiento ‘preventivo’ automático por una veintena de delitos, más del doble de los que se permitían antes. Hoy la prisión preventiva oficiosa acepta encarcelar con solo una denuncia por robo.
El resultado: 130 mil detenidos en dos años en 21 estados, quienes son personas son inocentes ante la ley, pero la autoridad las detuvo y ha usado la figura de prisión preventiva para mantenerlas en la cárcel sin juicio y sin que se haya probado alguna acusación en su contra.