Tres jóvenes en situación de calle son sentenciados a 24 años de prisión por no evitar un homicidio

El 17 de mayo de 2021, Joshua, Mauricio y Damián, jóvenes que pernoctaban en calles de la colonia Morelos, de la Ciudad de México, se involucraron en una riña. Al mismo tiempo, a unas cuadras, ocurrió un homicidio con arma de fuego por el que ahora ellos han sido sentenciados a 24 años de cárcel.

El argumento del juez para la sentencia fue que ellos no hicieron nada para denunciar el delito.

Angélica Yniesta, coordinadora del Centro Comunitario Morelos de Ednica, relata que como a muchos otros jóvenes en situación de calle, a Joshua, Mauricio y Damián se les recibía cotidianamente con la posibilidad de lavar su ropa, asistir a actividades educativas, preparar alimentos, y más tarde volver a sus lugares de trabajo y pernocta. Cuando es posible, también les ayudan a generar habilidades que les permitan crear una vida fuera de la calle.

En medio de un entorno sumamente violento, donde está normalizada la venta y consumo de drogas, prácticamente todos los chavos que participan en el programa son jóvenes que viven con problemas de adicciones y que regularmente son blanco fácil de la policía, además de que constantemente enfrentan discriminación por parte de la comunidad y de las autoridades.

Los hechos

La coordinadora del centro recuerda cómo hace poco más de un año, los tres jóvenes acudieron a contarle que habían peleado entre ellos y uno había resultado lastimado con unas tijeras. Unos minutos después, el lesionado regresó con otros compañeros para reclamarles lo sucedido. Mientras esta segunda pelea transcurría, a unas tres o cuatro calles, una persona había muerto por disparo de fuego.

Ellos no conocían a la persona asesinada, no compartieron en ningún momento el espacio físico con él y hasta hoy, nadie ha podido presentar una evidencia que los ubique en la escena del delito.

Mauricio tenía alrededor de 15 años de participar en el centro comunitario, mientras que Joshua y Damián acudían hacía unos cinco.

Desde el Reclusorio Oriente, Mauricio y Joshua se dicen desesperados porque es su primera vez en reclusión y están ahí por un delito que no cometieron.

“Más que nada, los policías querían tener una corona; ellos querían sacar más que nada dinero y poder meternos al reclusorio”, dijo Mauricio.

El joven afirma que cuando fue detenido no tenía conocimiento sobre sus derechos; ahora que está en reclusión, su situación se torna más difícil por ser parte de la población LGBTTT+.

“Nosotros estábamos durmiendo en un remolque; llegaron los policías y nos empezaron a agredir. A mí me pasaron a una patrulla aparte, me pegaron, me sacaron  y de ahí me pasaron a otra patrulla tipo camioneta color negro, me empezaron a golpear y amenazar”, relata.

Joshua confirma los malos tratos y golpes en el momento de la detención, así como las amenazas para que se dijeran culpables del delito:

“En el trayecto todavía tenía la esperanza de salir en el MP porque venía por un delito que no cometí, que no había estado en el momento de los hechos, ni nada de eso, y aún así nos trajeron para acá. Llegamos al reclusorio; llegas sin conocer, con miedo, con preocupación, sin saber qué va a pasar, si vas a salir, si te vas a quedar, y conforme va pasando el tiempo, vas perdiendo la esperanza de pisar la calle, la ilusión”.

Jóvenes sentenciados: ‘confusión armada’

En entrevista, Salvador Herrera, abogado de los jóvenes, relata que después de los hechos, el camino legal ha mostrado una serie de errores cometidos por la Fiscalía capitalina, así como “una confusión armada” en la que no existen pruebas de que Joshua, Mauricio o Damián hayan tenido o disparado un arma.

La defensa afirma que existió abuso de la fuerza desde el momento de su detención, y ellos resultaron ser “los culpables perfectos” por sus condiciones de vulnerabilidad. Además, ante la falta de evidencias, el asunto llegó hasta el absurdo legal de asegurar que su responsabilidad recae no en su participación directa, sino en no hacer nada frente al hecho.

El único supuesto testigo, explica Herrera, es Saúl, un joven que supuestamente habría presenciado la pelea y que fue previamente detenido y trasladado al Ministerio Público. Sin embargo, la directora de Ednica, Patricia Secunza, y la coordinadora del Centro Comunitario Morelos, aseguran que él mismo admitió, más tarde, que lo habían obligado a declarar contra los tres jóvenes.

Saúl perdió la vida, por lo que nunca pudo ratificar o aclarar su versión ante el juez, pero su declaración inicial fue priorizada como prueba.

El abogado señala que el primer error notorio de la Fiscalía fue que la carpeta de investigación CI-FIEDH/2/UI-1 C/D/00177/05-2021 se abrió por el delito de homicidio con arma blanca, cuando el asesinato del que se acusaba a Joshua, Mauricio y Damián fue con arma de fuego.

El abogado de los jóvenes explica que los policías encontraron a la persona lesionada con tijeras como producto de la riña, hallan a Saúl y lo interrogan; él piensa que se refieren a la pelea entre los jóvenes en situación de calle y los lleva al lugar donde pernoctaban Joshua, Mauricio y Damián.

Una vez ahí, los abordan, evidentemente con lujo de violencia y con ausencia de protocolo; después, el hecho termina mezclado con el homicidio ocurrido en calles cercanas.

Para el abogado, el tema que se ha perdido de vista es la vulnerabilidad de los jóvenes y eso los hace los “culpables perfectos”.

“De pronto ellos son los culpables perfectos, alguien a quien puedes tomar, subir a una patrulla y en el camino decirle lo que quieras: ‘no digas nada porque te va a ir mal; lo mejor es que digas que sí lo hiciste, porque si no, te va a ir peor’. Son muchas situaciones que a este grupo en particular le pueden hacer”, afirma el abogado.

En el caso existen diversas irregularidades, por ejemplo la detención con lujo de violencia, la imposibilidad de vincularlos con la posesión o portación de un arma de fuego, los resultados negativos de todas las pruebas de pólvora y de sangre, así como la falta de evidencia que los ubique en el lugar del homicidio, lo cual tampoco pudo ser probado por los videos que se obtuvieron del C2.

Ante la ausencia de una prueba directa, la Fiscalía optó por presentar la declaración de Saúl, las entrevistas a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que realizaron la detención y a los policías de investigación que acudieron al lugar del homicidio, así como un audio del C2 y las pruebas de criminalística que no demuestran la participación de los jóvenes.

En cuanto al homicidio, ya en el juicio se les imputa un “delito emergente”, que se refiere a un hecho delictivo no planeado pero que surge como consecuencia de uno previo.

“Al momento de hacer la valoración de las pruebas, no hay duda, ni para el juez ni para la Fiscalía ni para la defensa, de que ellos no dispararon ningún arma, eso está probado, pero lo que argumenta el juez es que el delito emergente lo tiene acreditado porque después de sucedido el hecho, después de que un tercero le quitara la vida a la víctima, ellos no hayan ido a denunciar… Eso sí tiene una connotación legal que crea un absurdo jurídico”, relata el abogado.

En la audiencia donde se definió la sentencia, llevada a cabo el 21 de junio de este año y a  cuya videograbación tuvo acceso Animal Político, el juez afirma que “no existió indicio de que los acusados hayan disparado, pero se ha indicado que fue una de las personas que se encontraban en el grupo y que, como delito emergente, los acusados no hicieron nada para evitar esta conducta y como se indicó por el tribunal, no se requiere confrontar, sino denunciar; la obligación es denunciar a efecto de evitar una responsabilidad”.

De acuerdo con el abogado, el juez hace una argumentación en la que busca un sesgo para seguir por esa línea y poder incriminar a los jóvenes.

“No entiendo por qué este juez nos dio esta sentencia, no tenía por qué, porque más que nada no teníamos algo que nos señale que nosotros fuimos. Es injusto que nos tengan privados de nuestra libertad”, reclama Mauricio.

Culpables perfectos

De acuerdo con Ednica, es común que las personas en situación de calle sean acusadas de delitos que no cometieron y que sean tratadas como “chivos expiatorios”. Frecuentemente son inculpados por la portación de un cigarro de mariguana o sin haber cometido ningún delito previo, además de ser extorsionados para dejarlos libres.

“Esto es muy recurrente; los policías incluso los desplazan de sus puntos de trabajo diciéndoles que ahí no se puede, como tampoco podrían trabajar otras personas, pero particularmente es con ellos con quienes hacen eso. También no son considerados ninguno de sus derechos, como poder tener un acta de nacimiento, un INE para tener una identificación oficial; generalmente buscan la forma de no darles servicios.”, señala Angélica.

Algunas de las y los jóvenes con los que trabaja el centro comunitario ya conocen sus derechos y en Ednica han buscado la forma de que sepan qué hacer si son detenidos, pero no todos logran recordarlos o actuar de la mejor manera cuando consumen sustancias, o algunas veces, los policías se tornan aún más agresivos con ellos en el momento en que se defienden.

Patricia Secunza, la directora de Ednica, advierte que por lo general, los datos respecto a violaciones a los derechos de las personas en situación de calle, y particularmente por instancias de justicia, son escasos o inexistentes, pues ahí también se refleja cómo son poblaciones invisibilizadas.

De acuerdo con el estudio  “Identidad legal y poblaciones callejeras. Diagnóstico de Ciudad de México”, realizado por la UNAM, ocho de cada 10 personas encuestadas que vivían en situación de calle denunciaron haber sido discriminadas o agredidas por alguna persona del servicio público; preponderantemente, policías.

De la misma manera refieren enfrentarse a golpes, humillaciones o violencia sexual, de las que constantemente son objetos. Secunza subraya que esto se ha evidenciado, por ejemplo, en los últimos meses, en los que personas en situación de calle han sido llevadas de manera forzosa a albergues, sin su consentimiento.

La directora de Ednica hace referencia a la sentencia de “Niños de la calle Villagrán Morales y otros contra Guatemala”, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece la obligación de garantizar la efectiva protección de los derechos de las personas en situación de calle y ajustar políticas, presupuestos y programas para ello.

“Hay una brecha importantísima, que es resultado de una violencia sistémica y sistemática respecto a los derechos de las personas en situación de calle que terminan siendo el chivo expiatorio para estas detenciones arbitrarias. Otro elemento importante es que ellos refieren haber sufrido tortura al momento de la detención; una persona que estaba durmiendo con ellos fue testigo de esto”, señala Secunza.

Por ello, tanto las familias como la organización presentaron dos quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; sin embargo, ambas siguen en proceso.

En el caso de Joshua, Mauricio y Damián se agrega que dos de ellos pertenecen a poblaciones LGBTTT+, lo cual implica que su acceso a la justicia, así como las situaciones que hoy enfrentan en reclusión, se agravan.

Su abogado señala que uno de los errores fundamentales, y motivo del desacuerdo que la defensa mantiene, es que no existe una aproximación real y un respeto a los derechos humanos de los jóvenes, desde la actuación de los policías y la Fiscalía, así como la integración de la carpeta de investigación al determinar inicialmente un homicidio con arma blanca.

“No tenían claro nada y eso se nota en el expediente”, asegura Salvador.

Cecilia, la mamá de Joshua, vive con la impotencia y la idea de que en México la justicia no existe. Ahora que visita a su hijo ha podido constatar que hay mucha gente inocente dentro del reclusorio.

“Se siente uno impotente, molesto, porque espera una que la justicia sea razonable y que no pase así la situación, que aunque no tengan pruebas, aunque no tengan elementos de que son culpables, se aferren a algo que no es cierto”.

Además de sobreponerse a la preocupación por el trato poco digno que viven, y la discriminación por pertenecer a poblaciones LGBTTT+, sus familiares, abogados y la organización esperan que la apelación pueda cambiar el sentido de la sentencia.

“Esperamos que de verdad haya magistrados o jueces que entiendan de razones, porque cualquier persona al leer la carpeta de investigación puede ver que, desde un principio, hubo muchas cosas que no eran lógicas; si existe la justicia, esperamos que estas personas, que son los magistrados, den su punto de vista de que el juez no hizo tan bien su trabajo”, concluye Cecilia.

Joshua pide que se dictamine algo justo, conforme a lo que pasó, si es que realmente eso merece alguna forma de castigo:

“A final de cuentas todo fue la historia inventada por ellos; ellos obligaron al testigo a declarar en nuestra contra, que nosotros habíamos matado al otro chavo… lo que más me agradaría es que se nos dejara salir en libertad”.