El Servicio de Administración Tributaria (SAT) nunca pidió la constancia de situación fiscal, fueron los empleadores, aseguró este viernes Raquel Buenrostro, jefa del órgano fiscalizador.
“El SAT no pide la constancia de situación fiscal a ningún ente público o privado, esa es información que ya tenemos”, dijo Buenrostro.
Durante la conferencia de prensa, la titular del @SATMX explica que el Servicio nunca ha solicitado a los contribuyentes la constancia de situación fiscal. pic.twitter.com/7PO3sbcPes
— Animal Político (@Pajaropolitico) July 8, 2022
Tras los reclamos de largas filas en las sedes del SAT y saturación en los sistemas web para conseguir la constancia, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró hace unas semanas que “si solo complica las cosas a los contribuyentes, que se quite”.
Esta mañana, durante la conferencia matutina, Raquel Buenrostro dijo que debido a que no se tiene una cultura para las aplicaciones y hacer el trámite digital, a que se dejó hasta el último momento el trámite y a que patrones condicionaron el pago, se decidió que el requisito entrara en vigor hasta el 1 enero de 2023.
Sin embargo, destacó, también se valorará si realmente tiene un impacto importante en la contención de la creación de empresas factureras e empresas fantasmas, “lo que podemos hacer es dar una prórroga o valorarlo y quitarlo”.
Buenrostro explicó que a partir de este año se realizó una modificación en la miscelánea fiscal, que estableció que además del RFC, se necesitaba verificar el nombre, razón social y código postal, requisito que entraría en vigor el 1 de julio.
De acuerdo con la jefa del SAT, a partir del 1 de enero de 2023, será obligación del contribuyente incluir su código postal y su nombre, ya sea trabajador o pensionado, cada que emita una factura.
Detalló que fue una medida preventiva para las empresas factureras, pues muchas de ellas emiten nóminas a jóvenes o adultos mayores y aprovechan para generar nominas falsas.
Los contribuyentes —como les llama el SAT— tienen que conseguir su constancia porque las empresas —y no el SAT— necesitan saber cuál es el código postal con el que la persona está dada de alta. Esto es necesario por el cambio del sistema de software del SAT.