Las presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita de Enrique Peña Nieto han sido motivo de discordia entre Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); y su antecesor, Santiago Nieto Castillo.
Ambos políticos se adjudican la investigación en contra del exmandatario mexicano, a quien acusan de beneficiarse con más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales.
De acuerdo con lo que dijo Gómez en la mañanera, la investigación de la UIF respecto al patrimonio del expresidente comenzó el 20 de octubre de 2021.
“Se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones un mil 429 pesos”.
Pablo Gómez detalló que Peña Nieto recibió el dinero a través de una familiar desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por 29 millones de pesos.
Después de lo dicho por Gómez, Santiago Nieto tuiteó que las investigaciones se hicieron cuando él todavía era titular de la UIF.
“La información relacionada con Enrique “N”, que hoy en día es parte de una de denuncia, fue reportada previamente a diversas autoridades competentes”, escribió.
Los modelos de riesgo implementados en la UIF desde 2019 permiten detectar operaciones irregulares y con presunción de delito. La información relacionada con Enrique “N”, que hoy en día es parte de una de denuncia, fue reportada previamente a diversas autoridades competentes.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) July 7, 2022
El exfuncionario, en entrevista con El Universal, dijo que lo revelado este 7 de julio fue resultado de las declaraciones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien está acusado de recibir sobornos por parte de Odebrecht.
Según lo explicado por Santiago Nieto, la tarea de la Unidad fue corroborar los datos.
“Se analizaba operación por operación en todo el sistema financiero para ver si había elementos o no para proceder y en su caso presentar una denuncia”, explicó el funcionario.
Fue en septiembre de 2020 cuando Nieto Castillo habló de una lista de 70 personas, todas mencionadas por Emilio Lozoya, quienes estaban involucradas en una red de lavado de dinero. En esa lista figuraban Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Además de los 26 millones de pesos transferidos, Peña Nieto tiene vínculos corporativos con dos empresas en las cuales se detectaron irregularidades fiscales y financieras.
En una de las firmas (empresa “A”), Peña Nieto tiene calidad de accionista, misma que comparte con familiares. Esta empresa se fundó antes de que Peña Nieto fuera electo presidente.
Mientras que la empresa “B” fue prestadora de servicios con Peña Nieto: recibió recursos por 10 mil 533 millones entre 2013 y 2018. Además, de 2015 a 2021, envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido.
Ante las revelaciones, Peña Nieto aseguró que demostrará la legalidad de su patrimonio.
En dos mensajes publicados en su cuenta de Twitter, el exmandatario expresó su confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia.
demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales.
Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia.— Enrique Peña Nieto (@EPN) July 7, 2022