Juez vincula a proceso a ocho exfuncionarios por colapso de la Línea 12 del Metro
Ocho de los diez imputados por el colapso de la Línea 12 del Metro el 3 de mayo de 2021, entre ellos el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, fueron vinculados a proceso por homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos.
En una audiencia que se prolongó por 32 horas, el juez José Luis Palacios Fernández encontró datos suficientes para que continúe la investigación por el caso y que, en su momento, la Fiscalía acuse formalmente a los exfuncionarios para que vayan a juicio.
El juez ratificó las medidas impuestas a los imputados en la audiencia del 14 de julio las cuales consisten en que se presenten una vez al mes a firmar y entreguen sus pasaportes a fin de garantizar su estadía en el país.
Al término de la audiencia, Gabriel Regino, abogado de cinco de los ocho exfuncionarios públicos vinculados a proceso por homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos, dio a conocer una de las pruebas presentadas al juez en la que se confirma que expertos contratados por el propio Gobierno capitalino -aparte de la firma noruega DNV- concluyeron que el tramo colapsado no tenía problemas de construcción como argumenta el Ministerio Público.
El litigante recordó que el 16 de junio de 2021, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la creación de un comité de refuerzo y rehabilitación de la Línea 12 del Metro. Entre los ingenieros que conforman dicho comité se encuentra Raúl Jean Perrilliat, especialista en estructuras y perito certificador, quien -reveló Regino- descartó errores de construcción.
“En noviembre de 2021 este integrante de la comisión para la rehabilitación de la Línea 12 analizó todo el tramo del colapso y lo que concluyó es que toda la construcción del mismo (…) fue adecuada, adecuada, adecuada”, dio a conocer el abogado.
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“Los propios expertos contratados por este gobierno nos han dado la razón: la construcción fuer adecuada (y) es lo mismo que está pasando con la empresa noruega DNV a quien difamó el Gobierno de la CDMX diciendo que tenía intereses, y que no quiso seguir con su dictamen porque estableció la falta de mantenimiento e inspecciones como una de las causas de esa tragedia”, agregó.
La prueba presentada en la audiencia fue aceptada y más adelante será valorada por los tribunales.
“Este es el nivel de lo que nos estamos enfrentando. Nosotros nos vamos a descansar hasta que se descubra y reconozca la verdad… El sismo de 2027 y la sobrecarga de 2015 generaron fracturas en el tramo elevado”, sostuvo Regino.
Afuera de los juzgados, el litigante insistió que esta información era conocida por la administración de Sheinbaum y que no se hizo nada para atender los daños a la estructura.
“(Mis representados) son inocentes, vamos a seguir todas las etapas del proceso, vamos a apoyar a las víctimas y vamos a desenmascarar a quienes están protegiendo a personajes como Florencia Serranía y a personajes que estuvieron en la administración de Miguel Ángel Mancera”, subrayó.
“El resultado (de la audiencia) es la vinculación a proceso de las ocho personas que fueron imputadas, pero que desafortunadamente para las víctimas -que son la parte más esencial de este proceso- no significa nada porque una vinculación a proceso no es una condena, es el inicio de un largo y cruento proceso que va a durar años y años”, dijo Regino.
De hecho, consideró que la vinculación a proceso de los exfuncionarios es una determinación que está favoreciendo la protección de los verdaderos responsables de la tragedia que cobró la vida de 26 personas y dejó a más de 100 heridos.
Durante la audiencia, el juez también otorgó un periodo de seis meses, el cual concluirá el 20 de enero de 2023, para que se lleve a cabo la investigación complementaria. Este tiempo podrá ampliarse a petición del Ministerio Público o la defensa.
Durante estos meses, los ocho exfuncionarios tendrán que acudir a firmar mensualmente y entregar sus pasaportes a fin de garantizar su estadía en territorio nacional. En tanto, la fiscalía y la defensa se harán llegar de todas las pruebas necesarias para demostrar al juez por qué el caso debe ir a juicio o no.
Entre estas pruebas que irán recabando, adelantó Regino, solicitarán entrevistar a la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, pedirán los dictámenes hechos por DNV en su versión original y en inglés, que se les entreguen todas las bitácoras de mantenimiento hechas a la Línea 12 y que se realice una investigación rigurosa de todos los recursos económicos destinados al mantenimiento de la también llamada línea dorada.
También a la salida, el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, insistió en su inocencia y en la confianza que tiene en las instituciones.
“Siempre estaremos a disposición de la autoridad para cuantas veces seamos requeridos, nos presentaremos para hacer las aclaraciones pertinentes. Este tiempo se va a aprovechar para reunir el cúmulo de pruebas que tenemos y que avalan nuestros dichos”, dijo el exfuncionario
Los exfuncionarios del Proyecto Metro que fueron vinculados a proceso son: Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro; Moisés Ponce Guerrero, exdirector de construcción de obras; Juan Antonio Giral y Mazón, director de diseño de obras civiles; así como Enrique Baker Díaz, subdirector de estructuras e ingeniería.
También Ricardo Pérez Ruiz, encargado de estructuras corresponsables de seguridad estructural; Juan Carlos Ramos Alvarado, residente de obra tramo Olivos-Tezonco; Fernando Amezcua Ordaz, exdirector general de supervisión de obra; y Fernando Ramiro Lalana, exdirector de coordinación de supervisión de obra.
Denunciarán al MP
Teófilo Benitez, asesor jurídico de 13 víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro, informó que procederán a denunciar al Ministerio Público por su deficiente actuar.
“Vamos a tener que denunciar a la Ministerio Público, junto con todo su equipo, debido a todas las fallas técnicas que tuvieron durante esta audiencia, ya que dejan en estado de indefensión a una de las víctimas que perdió la vida y que no hicieron la reclamación de la reparación del daño de su vehículo”, compartió Benitez.
Este punto, continuó, es el primer paso a seguir, sin embargo no es el único. De hecho, anticipó que tendrán que ir “enderezando la investigación” ante la serie de omisiones cometidas por la Fiscalía.
A su salida de la audiencia, la asesoría jurídica -al igual que la defensa- cuestionaron por qué las autoridades no buscaron imputar los delitos a la exdirectora del Metro, Florencia Serranía o al consorcio constructor.
“¿El Ministerio Público es tan ignorante o está actuando de una forma no legal?”, cuestionó el abogado Antonio López Mendoza, miembro de la asesoría jurídica de las víctimas.
De la misma manera lamentaron que el juez no haya aceptado modificar las medidas cautelares a los ocho imputados. En su oportunidad ellos solicitaron medidas que se les colocará un brazalete e, incluso, para asegurar la reparación del daño, que se les embargarán sus bienes, sin embargo, el juez no lo consideró.
