Indagatoria de la UIF contra Peña Nieto por presunto lavado implica a su hermana y su cuñado

La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita que favorecieron al expresidente Enrique Peña Nieto implica a una empresa en la que también participan una de las hermanas del exmandatario y su cuñado: Verónica Peña Nieto y Juan José Chimal Velasco.

Tanto el expresidente como estos dos familiares son accionistas de Impulsora Agrícola La Laguna. Esta compañía es una de las dos aludidas la semana pasada por Pablo Gómez, titular de la UIF, durante su exposición sobre la indagatoria contra Peña Nieto. La otra es Plasti-Estéril, aunque esta firma dejó de ser propiedad de la familia en los 90.

Durante la revelación del caso la semana pasada, Pablo Gómez dijo que están en la mira dos empresas constituidas por Peña Nieto y sus parientes, aunque no especificó los nombres. Animal Político confirmó, mediante documentación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC), que una de ellas es Impulsora Agrícola La Laguna, SPR de RI, constituida en 1988, y la otra es Plasti-Estéril, SA de CV, constituida en 1991.

Existen indicios de que Plasti-Estéril dejó de ser propiedad de los Peña desde la década de los 90. Pero en Impulsora Agrícola La Laguna continúan figurando como accionistas el propio expresidente, su hermana Verónica Peña, su cuñado Chimal Velasco y el hijo de estos, Juan José Chimal Peña, así como otros parientes, entre primos, tíos y sobrinos, según los registros.

Productores FCB recibió apoyos del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader, antes Sagarpa), que tenía el objetivo de apoyar a las unidades económicas rurales con inversión en su desarrollo de capital físico, humano y tecnológico. 

En 2015, la entonces Sagarpa transfirió recursos a 11 beneficiarios —entre ellos, la empresa Productores FCB— por 194.4 millones de pesos. En la revisión de la Cuenta Pública de ese año, la ASF detectó que los beneficiarios alteraron los estados de cuenta bancarios en los que se les transfirieron los fondos.

Uno de ellos, por 11.7 millones de pesos, fue hecho a la empresa Construcciones y Transportes Caradego, SA de CV, que fue constituida en julio de 2015 en Chalco y que los auditores no localizaron en su domicilio. Los supuestos accionistas de la empresa son Eliazar Morales Muñoz y Guillermo López Sánchez, quienes registraron domicilios en colonias populares de las alcaldías Gustavo A. Madero y Benito Juárez y no reportaron actividades comerciales previas.

Productores FCB hizo otro pago por 22.2 millones de pesos a la empresa K-PMO Administración de Proyectos Tecnológicos y Organizacionales, SA de CV, de la que la ASF constató que su actividad económica es ajena a los conceptos de los servicios facturados a la compañía del cuñado de Peña Nieto.“Se comprobó que se dedica a los servicios de consultoría en administración, sin embargo, los servicios que factura son por equipos para agroindustria y para cuartos fríos, así como sistema fotovoltaico”, denunció la ASF en la auditoría forense 339-DE.

Además de los desvíos, los auditores encontraron que Productores FCB reportó un saldo en el estado de cuenta por 6.4 millones de pesos, pero su saldo real era de 3.1 millones, irregularidad que, según las Reglas de Operación del Programa, es causa de terminación anticipada de los convenios suscritos por la Sagarpa con los beneficiarios, lo que no se llevó a cabo.

La Dirección General de Responsabilidades de la ASF inició el procedimiento resarcitorio DGR/D/08/2020/R/15/114 en contra de Productores FCB por las irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2015 en relación con el programa agrario.

El ente fiscalizador determinó que la empresa presentó documentación alterada, ya que exhibió estados de cuenta bancarios que no son coincidentes con los obtenidos a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Además, no acreditó haber realizado la aportación a la que se comprometió, y no justificó ni comprobó la debida aplicación de los recursos federales en los términos pactados con la Sagarpa.

La empresa de la que Chimal Velasco es tesorero no solo causó un daño millonario a la hacienda pública, sino que se ocultó para no rendir cuentas. En octubre de 2020, la ASF publicó en el Diario Oficial de la Federación un edicto en el que citó a una audiencia a representantes de Productores FCB, pues no fueron localizados en los domicilios registrados en el expediente del procedimiento resarcitorio.

“Lo anterior, a efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga, ofrezcan pruebas y formulen alegatos; apercibidos que, de no comparecer sin causa justa, se tendrán por ciertos los hechos que se les imputan y por precluidos sus derechos para manifestar lo que consideren pertinente, ofrecer pruebas y formular alegatos, y se resolverá con los elementos que obren en el expediente respectivo”, dice el edicto.

Cuñado incómodo

El cuñado del expresidente ha estado involucrado en otros posibles casos de corrupción. Por ejemplo, en enero de 2019, se dio a conocer que la empresa Explocean, S de RL de CV, fue incluida en una denuncia de la Fiscalía General de Chihuahua por un presunto desvío de 23 millones 200 mil pesos de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte durante el gobierno de César Duarte.

Durante una audiencia ante un juez, se reveló que Chimal Velasco fungía como directivo de relaciones públicas de la compañía cuando se registró el desvío, entre 2014 y 2015.

La acusación de la Fiscalía General de Chihuahua refiere que el gobernador Duarte ordenó expresamente el pago de los recursos a Explocean “para quedar bien con el presidente”. Para justificar el pago, el gobierno estatal formalizó un contrato con la empresa por una supuesta asesoría para la federalización del pago de la nómina educativa.

Por el delito, fue imputado el exsecretario de Educación de Duarte, Marcelo González Tachiquín.

“César Duarte y Marcelo González Tachiquín tuvieron en 2014 una reunión con Juan José Chimal Velasco, encargado de relaciones públicas de la empresa Explocean y cuñado del entonces presidente Enrique Peña Nieto, para pactar servicios profesionales de asesoría técnica y contable para el manejo de los recursos que entregó la Federación a Chihuahua para el sector educativo”, publicó La Jornada.

“En la reunión entre Juan José Chimal, César Duarte y Marcelo González Tachiquín participaron Pedro Pinzón y Salvador Zulueta, socios de la empresa, quienes ofrecieron la ampliación de recursos federales para el estado, pues la entrada en vigor de la reforma educativa complicó la asignación de presupuesto y desapareció el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal”.

Explocean no solo se dedicaba a las “asesorías”. También tenía un permiso para prestar el servicio de seguridad privada, mismo que le fue suspendido en 2015 por la Secretaría de Gobernación (Segob) por haber violado la Ley Federal de Seguridad Privada, particularmente en lo referente a inscribir a su personal operativo, equipo y armamento en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.

Negocios familiares

Un socio de Juan José Chimal Velasco en Productores FCB, Alberto Chapa García, estuvo implicado en otro posible caso de corrupción.

Chapa García es socio de Ricardo Arturo San Román Dunne en Operadora Barrier Systems de México, SA de CV, que, según una investigación de Aristegui Noticias, vendió a sobreprecio un sistema de barreras móviles a la constructora española OHL para las obras del Viaducto Elevado: la maquinaria fue vendida desde Estados Unidos a 240 millones de dólares, pero en México se pagaron 485 millones de dólares, más del doble. Los recursos públicos fueron entregados por el gobierno de Peña Nieto cuando este era gobernador del Estado de México. 

Ricardo San Román Dunne es amigo de Peña Nieto. Su hermano Roberto San Román fue padrino de primera comunión de Paulina Peña Pretelini, la hija mayor del expresidente.

Grupo Imagen publicó en abril de 2015 que el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó sobre el anuncio de una auditoría a dos contratos entregados a la familia del compadre de Peña Nieto: la primera, por trabajos faltantes en el paso a desnivel La Pila, en la carretera México-Toluca, y la segunda, por trabajos de mejoramiento en la carretera Toluca-Taxco.  

En el primer caso, los auditores encontraron que la obra presentaba “deficiente planeación, programación y presupuesto”, pues originalmente se planteó en 78 millones de pesos, y la obra terminó costando 43 millones más. 

Además, al revisar el contrato, los auditores encontraron que el consorcio de la familia San Román obtuvo el contrato sin cumplir los requisitos de la licitación pública. El documento apuntó: “La proposición no fue evaluada conforme a los establecido en las bases de licitación”, publicó el diario AM.

Y por otro lado, el consorcio de los San Román fue una de las siete empresas contratistas encargadas de materializar el compromiso presidencial número 92: la obra del Paseo de la República en Querétaro, que tuvo un costo de mil 350 millones de pesos.  

Sin embargo, la ASF realizó observaciones a la obra por 104 millones de pesos, correspondientes a las cuentas públicas 2014, 2015 y 2016. 

La historia de Plasti-Estéril

En 1991, con 25 años, Enrique Peña Nieto, su padre Arturo Peña del Mazo, su hermano Arturo Peña y un tercer socio, Víctor Manuel Monroy Naime, fundaron la empresa Plasti-Estéril, SA de CV, una compañía dedicada principalmente a fabricar plásticos estériles para hospitales y la industria farmacéutica. Todos compartieron en partes iguales la sociedad, que fue de 500 acciones (100 cada uno), de acuerdo con el acta constitutiva. 

Los fundadores de Plasti-Estéril siguen apareciendo como socios activos en plataforma digital del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, y al menos hasta 2018 también aparecían en los archivos impresos de la oficina regional de El Oro, en el Estado de México. Sin embargo, los Peña y Monroy vendieron sus acciones en los 90 y esa información no se ha actualizado por parte de los nuevos accionistas. 

En 1992, los Peña realizaron un contrato de compraventa o endoso de las acciones de Plasti-Estéril a la empresa Equisflex, SA de CV, constituida en 1979, cuyo socio principal es el ingeniero industrial Carlos Alejandro Monroy Carrillo, actual director general de Grupo La Moderna, dedicado a la fabricación de sopas de pasta. 

Para 1997, Equisflex endosó cinco títulos de acciones —que sumaban la totalidad de la empresa— a filiales de la internacional Baxter, una farmacéutica con presencia en 80 países y que participa en la bolsa de valores de Nueva York, así lo detalla el expediente del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Baxter y sus filiales en México han sido contratistas de institutos de salud del gobierno mexicano. Incluso, algunos de sus productos que se han vendido al sector público fueron fabricados en la planta de Plasti-Estéril, ubicada en Atlacomulco, Estado de México. 

La evidencia documental pública y disponible hasta el momento no muestra relación directa entre la familia del expresidente y Baxter. A pesar de que Baxter tiene el control de Plasti-Estéril desde hace más de 25 años, no ha actualizado los nombres de los socios activos en la plataforma digital del Registro Público de Comercio.