La FGR investiga a Alejandro Moreno por posibles desvíos de fondos federales y tráfico de influencias para retrasar denuncias
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por un presunto desvío millonario de fondos federales detectado en su gestión como gobernador de Campeche, así como por un posible tráfico de influencias para retrasar la presentación de denuncias penales o administrativas en su contra por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La FGR inició una nueva carpeta de investigación contra el líder priista por diversos hechos que podrían constituir delitos. Una línea de investigación está relacionada con los presuntos desvíos de Campeche y el supuesto tráfico de influencias. Otras líneas paralelas son por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y fraude fiscal, según confirmaron a Animal Político autoridades federales.
El expediente fue abierto este año, en parte, con una investigación de 2022 de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), en la que se detectaron operaciones irregulares que involucrarían al exgobernador, sus familiares y varios empresarios y compañías.
Esto contradice las recientes afirmaciones de Moreno sobre que la FGR ya lo exoneró. En efecto, en la fiscalía existió una primera carpeta de investigación por la presunta adquisición irregular de inmuebles entre 2012 y 2015, misma que fue cerrada por falta de elementos de prueba. Sin embargo, en esa carpeta no se incluían los delitos correspondientes a la nueva indagatoria.
De 2016 a 2018, los tres años completos que Moreno fungió como mandatario de Campeche, la ASF detectó que 4 mil 336 millones de pesos de fondos federales se gastaron de manera irregular. De ese dinero, aún no se ha aclarado el destino de 3 mil 855 millones, con corte a este 6 de julio, de acuerdo con datos públicos oficiales de la Auditoría.
A más de tres años de que ‘Alito’ dejó la gubernatura, el ente fiscalizador no ha presentado las denuncias correspondientes ante la FGR o la Secretaría de la Función Pública (SFP), aun cuando ya transcurrió el plazo legal para ello. Pese a la inacción de la ASF, y a raíz de una denuncia, la FGR indaga el destino de los recursos observados en Campeche, y también el posible tráfico de influencias por el que presuntamente no se han denunciado los posibles desvíos millonarios.
El priista Pablo Angulo, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados y miembro del CEN del PRI, aseguró que Moreno entregó al órgano fiscalizador toda la documentación que comprueba el correcto ejercicio de los recursos públicos, y que ha sido la propia Auditoría la que ha incurrido en retrasos.
En entrevista, rechazó que ‘Alito’ haya incurrido en tráfico de influencias para retrasar la presentación de denuncias. Aseguró que, si eso explicara el retraso en la solventación de observaciones, todos los gobiernos habrían incurrido en dicho delito, pues se trata de un problema de dimensiones nacionales.
“No es no haya sido aclarado (el destino de los recursos); se entregó la documentación correspondiente, yo más bien te diría que es en la ASF donde existe un rezago, no solo de Campeche, sino de todo el país, y que ya se está trabajando para que se vaya determinando efectivamente qué ya no es solicitud de aclaración y qué ya es un daño patrimonial para que se deslinde la responsabilidad sobre los servidores públicos. No es un tema de Campeche, es un tema de todo el país y es un tema de la ASF”, arguyó Angulo.
“¿Cómo podría haber un tráfico de influencia si el presidente del PRI dejó de ser gobernador hace tres años y entregó la documentación correspondiente a su administración? Yo te diría que entonces existe un tráfico de influencias en todo el país y en el gobierno federal actual. Eso hay que descartarlo (…) no hay ninguna carpeta de investigación en la FGR por ese motivo, la ASF ha sido seria responsable”, agregó.
Señalan inacción de la ASF
El exauditor de especial de Cumplimiento Financiero de la ASF Gerardo Lozano explicó que “todo daño o perjuicio a la hacienda pública federal determinado en las cuentas públicas 2019 y anteriores ya deberían estar denunciados si no fueron aclarados en el plazo que establece la ley que son 160 días hábiles, aproximadamente 240 días naturales (ocho meses), considerando las vacaciones de la ASF”.
Por ejemplo, “el último informe de la Cuenta Pública 2019, que se presentó el 20 de febrero del 2021, tiene ocho meses del periodo de plazo, que se cumpliría en octubre del 2021. Lo que no se aclaró (de irregularidades), independientemente de la vía administrativa, debería seguirse la vía penal”, afirmó en entrevista.
“Si el plazo de aclaración de la Cuenta Pública 2019 terminó a finales de octubre del 2021, han pasado más de ocho meses y no hay ninguna denuncia a la fecha”, insistió.
El área de comunicación de la ASF respondió a este medio que las denuncias son interpuestas cuando concluyen los procedimientos y, además, son responsabilidad del área de seguimiento.
El nuevo reglamento derogó la fracción XXXIV del artículo 12, que facultaba a todas las direcciones generales de las áreas auditoras a presentar las denuncias penales que procedan por las irregularidades detectadas y coadyuvar en los procesos penales. Ahora, se otorga esta facultad de forma exclusiva a la Auditoría Especial de Seguimiento, que depende directamente del auditor David Colmenares.
Dicha área es encabezada por Nemesio Ibáñez Aguirre desde mayo pasado, quien ha trabajado con Colmenares desde 1986, cuando este fue secretario de Finanzas del gobierno de Oaxaca e Ibáñez su subordinado como subsecretario de Ingresos, durante el gobierno de Heladio Ramírez. Además, también trabajó desde 2008 en el despacho Colmenares Páramo y Asociados, según sus currículums.
La Auditoría Especial de Seguimiento fue una creación justamente de Colmenares a su llegada a la ASF para concentrar la responsabilidad de las solventaciones, es decir, el procedimiento que borra las irregularidades señaladas en las auditorías a las instituciones del gobierno federal cuando estas presentan las pruebas que descartan los señalamientos.
Los desvíos no denunciados: Operación Safiro y Estafa Maestra
Parte de los recursos cuyo destino no aclaró el gobierno de Alejandro Moreno provinieron del Fondo para Fortalecimiento Financiero (Fortafin), una partida opaca que fue creada en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y que fue usada por varios gobiernos estatales para desviar recursos públicos millonarios hacia campañas electorales del PRI como parte de la llamada Operación Safiro.
Los datos de la propia ASF demuestran que en los ejercicios 2017 y 2018 se gastaron irregularmente 159.5 millones de pesos de dicho fondo.
La auditoría de Cumplimiento Financiero 1705-DE-GF indica que la Secretaría de Finanzas estatal transfirió mediante un convenio 62.1 millones de pesos a la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), lo que constituye una irregularidad, pues las aportaciones a las universidades se deben efectuar con recursos estatales.
La Unacar fue señalada en la investigación periodística de La Estafa Maestra por su presunta participación, junto con otras universidades públicas, como intermediaria en un desvío por 7 mil 670 millones de pesos durante la administración de Peña Nieto.
La ASF detectó que otros 89.2 millones de pesos fueron transferidos irregularmente a la Universidad Autónoma de Campeche (UAC).
De todo el dinero público cuyo destino no comprobó Moreno durante su administración, el 80% corresponde solo a 2018, año de la elección presidencial.
Uno de los fondos federales más afectados fue el de Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios, en el que la ASF detectó un ejercicio no justificado de 2 mil 941 millones de pesos.
Otro de los fondos cuyos recursos se ejercieron indebidamente fue el de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), del que la ASF determinó 339 millones de pesos cuyo destino no fue aclarado.
La ASF también encontró malos manejos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional, con un posible daño al erario por 63.8 millones de pesos que fueron pagados a cinco empresas por obras de construcción y remodelación de inmuebles que no se concluyeron.
