Universidades para el Bienestar, programa emblema de AMLO, violan derechos laborales de docentes

Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García son uno de los programas emblema del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, su operación muestra irregularidades, ya que en al menos 52 sedes sus docentes fueron dados de baja sin recibir el finiquito de ley, lo que constituye una falta a la Ley Federal del Trabajo, ya que laboraron por cerca de dos años sin prestaciones, sin reportar impuestos por ellos y sin contrato.

Después de dos años laborando para la sede Xochimilco de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) en la Ciudad de México, el maestro Alejandro Águila Martínez ya no fue convocado para continuar impartiendo clases. No recibió un finiquito, ni el resto de las prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo como término de una relación laboral. Ni siquiera recibió una explicación por parte del Organismo Coordinador de las UBBJG sobre su baja laboral.

El profesor Águila Martínez inició su proceso de ingreso a las Universidades del Bienestar Benito Juárez García en abril de 2019 con una capacitación que tomó en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL, en Pátzcuaro, Michoacán.

La inducción fue realizada por Raquel de la Luz Sosa Elízaga, que más tarde se convertiría en la directora general del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”.

Universidades para el Bienestar ‘Benito Juárez García’

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En el documento, las autoridades atribuyeron funciones al Organismo Coordinador de las UBBJG como un organismo descentralizado encargado de prestar, desarrollar, coordinar y orientar servicios de educación superior a través de las sedes educativas del programa Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”.

La intención plasmada en el decreto de creación es que mediante dicho programa, el gobierno pretendía solucionar el problema de rezago educativo de tipo superior en municipios ubicados en zonas del País con mayor pobreza y rezago social.

“Que la inclusión a la educación de tipo superior de los jóvenes procedentes de municipios de alta y muy alta marginación contribuirá a impulsar el desarrollo nacional mediante la formación de profesionistas comprometidos con las necesidades sociales de la población y con los conocimientos necesarios para enfrentar los problemas que se plantean en las comunidades de distintas regiones del País”, señala el documento.

Convenios y promesas 

En julio de 2019, tres meses después de ir a Pátzcuaro a la inducción, el profesor Alejandro Águila fue convocado para que se incorporara a clases en la sede Xochimilco. Esto ocurrió el mismo mes que fue publicado el decreto de creación del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”.

El documento de creación señalaba que las relaciones laborales de las UBBJG con los empleados sería conforme lo establece la ley.

“Artículo 13. Las relaciones de trabajo entre el Organismo de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y sus trabajadores, se regirán por el Apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, subraya el decreto.

Unos meses después, el 21 de noviembre de 2019, fueron publicados los Lineamientos para la instalación/rehabilitación y operación de las sedes educativas del Programa Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García” en el Programa Presupuestal U083, correspondiente al Organismo Coordinador de dichas universidades.

En esos lineamientos quedó establecido que las UBBJG tendrían un esquema de trabajo permanente con los trabajadores.

“Gastos de operación. Relativos a la contratación de servicios de personal docente de calidad, y demás de apoyo para las actividades docentes, el cual se desarrollará mediante un esquema de servicios profesionales hasta en tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprueba un régimen laboral permanente en el OCUBBJG”, escribe.

Con lo señalado en estos documentos, el profe Alejandro sintió que su situación laboral tenía certeza. Además de las promesas de apoyo para comprar viviendas a aquellos maestros que tuvieran que trasladarse a sedes que no estaban cerca de su localidad de residencia.

“Dije bueno, si ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación y nos lo dijo la doctora (Raquel Sosa) en aquella habilitación, pues es que se va a llevar a cabo, porque decía aquí permanente, un régimen laboral permanente”, recordó.

“Ya estaba de alguna forma la promesa”, añadió.

La ilusión de tener plazas continuó cuando les comentaron que estarían incorporados en la Función Pública.

“Pero ya con el tiempo nos fuimos dando cuenta que eran cosas que se inventaba la coordinadora, la directora general, no sé quién las inventaba, como para irnos amenazando”, lamentó Alejandro.

Convenios de colaboración por contratos

Cuando ingresó como profesor de la sede Xochimilco, Alejandro tuvo que firmar un documento en el que se establecían sus obligaciones como trabajador, pero no incluía los derechos que tenía como tal. Además cada cambio de ciclo escolar, ya sea semestre o cuatrimestre, lo volvía a firmar. Sin embargo, a diferencia de otros empleados, esto lo hacía ya que había prestado los servicios.

“Normalmente los daban a finales, al final, digamos ya que se terminaba el convenio. Nos pagaban y ya nos daban al final a firmar convenios, a firmar los recibos”, explicó.

Es decir, Alejandro al igual que otros profesores, se presentaba a trabajar durante el semestre, cumplía con las obligaciones establecidas de dar sus horas de clase, prácticas y lo que correspondiera con el alumnado; quincenalmente recibía su pago, pero hasta el final del semestre recibía el convenio de colaboración fechado al principio del periodo de clases y los recibos con las fechas correspondientes de las quincenas, pero emitidos meses después. Aunado a ello no se quedaban con ninguna copia, ni siquiera con la firmada por las autoridades de las UBBJG.

Los recibos y convenios se los otorgaban a finales de cada ciclo escolar, pero con fechas de meses anteriores. Por ejemplo, si el 15 de diciembre acababan las clases, les pedían que para ese día estuvieran firmados los convenios y los recibos de pago porque no les volvían a depositar hasta el nuevo inicio de clases.

Cuando inició la pandemia de Covid-19, los docentes empezaron a recibir los convenios de colaboración y los recibos vía correo electrónico, pero al igual que en ocasiones anteriores, no se quedaban con un acuse firmado.

“En un principio nos decían que los podíamos digitalizar pero después nos dijeron no”, recordó. Les pidieron que los mandaran por paquetería. Luego les dijeron que los imprimieran, firmaran y los llevaran a las sedes donde impartían clases.

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Adicionalmente, aunque los pagos estaban establecidos de forma quincenal también hubo irregularidades para recibirlos. En un principio el profe Alejandro tardó de dos a tres meses para tener percepciones por su trabajo como docente; después a veces se retrasaban con los pagos.

“Porque tal cual no hay una nómina”, criticó. “Nunca firmamos nómina, no firmamos nómina, no aparecíamos como tal registrados frente a la Función Pública que era otra cosa”.

¿Quién paga los impuestos?

Cuando ingresó como docente, a Alejandro le pidieron que se diera de alta en Hacienda, tramitó su firma electrónica para poder emitir facturas de pago, pero ya que tenía todo completo le dijeron que siempre no. Pero cuando se retrasaba el depósito de la quincena les reiteraban que debían darse de alta en el SAT para que los maestros les dieran un recibo y así les pagarían.

“Entonces eso fue una motivación de muchos que dijimos, bueno si con eso me pagan, sí yo me doy de alta en el SAT, entonces sí muchos nos dimos de alta en el SAT, pero ya cuando por fin nos pagaron nos dijeron que no era necesario que nosotros le diéramos un recibo, entonces no”, recordó.

Mientras trabajó como profesor, Alejandro no vio en sus recibos de pago algún tipo de descuento que indicara el pago de impuestos por su labor por parte de la Universidad, ni tampoco que fueran enteradas cuotas al Seguro Social, por lo que se asesoró con un contador que le explicó que como era trabajador, la Universidad tenía que hacerse cargo de pagarlos.

“En la universidad nos dijeron que ahorita como por el momento se estaba pagando por medio del presupuesto, que no era necesario que se reportara, que se pagara impuesto”. Pero en su declaración anual sí lo reportó como un ingreso, el cual no le generó impuestos.

Los recibos de pago que firmaban cada final de semestre no mostraban las prestaciones o descuentos correspondientes como trabajadores. Esto generó mayor inquietud con el inicio de la pandemia de Covid-19; la respuesta que obtuvieron fue que sí les darían seguridad social, primero a estudiantes y posteriormente a los trabajadores, pero no fue así.

El despido 

Para ingresar como maestros de las Universidades para el Bienestar, Alejandro y otros docentes tuvieron que presentar diferente documentación, pasaron por un proceso de entrevistas y talleres de inducción, pero eso no los exentó de que en el proceso laboral recurrentemente fueran sometidos a volver a entregar el currículum, título profesional, cédula, resumen ejecutivo, así como los cursos que habían tomado, los diplomados, especialidades, maestrías, etcétera.

En mayo del 2021, dos meses antes de su despido, las autoridades de las UBBJG mandaron los resultados de dicha evaluación de perfiles porque con base en ella iban a asignar las horas de clases a los profesores, las cuales fueron repartidas dependiendo de las asignaturas que había.

Alejandro resultó con perfil idóneo en la evaluación de mayo, no obstante en el mismo mes nuevamente hicieron una revisión. El trabajo continuó con las clases y algunas juntas hasta que concluyó el ciclo escolar en el mes de junio.

Tenían la indicación que para el 15 de junio terminaban las clases y debían entregar todo lo correspondiente a la evaluación, firmar los convenios y los recibos de pago, así como lo que compete al proceso administrativo; dos semanas después acudieron a firmar convenios y realizar otras actividades administrativas, y después de ello cuatro profesores no fueron citados sin saber por qué.

A la incertidumbre le siguió la “ley del hielo”. Sus compañeros de la sede no le dijeron nada en los grupos de WhatsApp que tenían en común para mantener comunicación, y con estas acciones Alejandro empezó a sospechar. En ese proceso el profesor recordó un desacuerdo que tuvo en la comisión académica ya que otro maestro “maquilló” su currículum para la segunda evaluación.

Después de varios días de silencio, Alejandro acudió el 21 de julio a la sede y recibió como respuesta un documento en el que le daban las gracias por su labor en el programa. El argumento de su despido fue que había sido una decisión tomada desde el Organismo Coordinador de las UBBJG.

“Nada más les voy a pedir que me mandaron aquí otro convenio, si lo firman les pagamos esta quincena hasta el 15 de julio”, recordó el profesor que le dijeron.

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Sin embargo, no firmó por sugerencia de una abogada con quien ya se había asesorado. Alejandro al igual que los docentes despedidos no recibieron el pago de la última quincena que laboró como docente porque el pago estaba condicionado.

“Ahora sí, primero a firmar el convenio y después el pago, muy diferente a como estuvimos trabajando, primero nos pagaban y después firmábamos convenio, en esta ocasión se estaba condicionando el pago a firmar el convenio antes”, dijo.

“No nos dieron ningún criterio, ninguna justificación, nada. Nada más era gracias, fue muy valioso su aporte y hasta ahí quedó”.

Primera de tres partes.