Sofía Abigail Caballero Huete tenía tres años cuando intentó cruzar el Río Bravo de la mano de su mamá, Irma Yaritza. Desde Nicaragua, habían logrado llegar a Piedras Negras, Coahuila, para cruzar a Estados Unidos. Iban con un grupo relativamente grande que, después de juntarse con otro, sumaba cerca de 100 personas. El hermano de Irma también iba con ellas.
En la noche del 17 de mayo, finalmente se dio el cruce, mayoritariamente de personas originarias de Nicaragua y Venezuela. La madre de Sofía, de 25 años, había decidido dejar atrás la difícil situación socioeconómica que vivía en su país para alcanzar a su esposo y papá de la niña, que vive en Estados Unidos.
Los tres iban en la parte delantera del grupo y, de acuerdo con lo que relató más tarde el hermano de Irma, él la llevaba sobre los hombros y detrás venía su hermana. Ya cerca de llegar, a unos 10 metros del límite con Estados Unidos, el nivel del agua del río comenzó a subir, se tornó violento y les empezó a rebasar. El tío de Sofía resbaló, la niña se soltó, pero él alcanzó a hacer el intento de pasársela a su hermana, que iba atrás de él y todavía estaba de pie.
La situación se tornó aún más complicada: el río volvió a sumergirlo y con mucho trabajo logró llegar a la orilla. Al voltear la mirada, había perdido de vista a su hermana y a su sobrina. El cadáver de Irma fue hallado al día siguiente, pero la niña permanece desaparecida hasta hoy.
Aunque el tío de Sofía sí logró reunirse con su cuñado en Estados Unidos, no todo el grupo pudo llegar a ese país. Quienes sí lo hicieron se reagruparon al cruzar, trataron de localizar a los demás entre gritos y espanto, e intentaron ayudar a quienes estaban por salir, pero algunos no lo consiguieron.
Como la mamá de Sofía, 37 personas han muerto en los primeros cinco meses de 2022, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM), durante su paso por Coahuila, Baja California, Tamaulipas y Veracruz en su intento por llegar a Estados Unidos. De ellas, en 33 casos fue porque no pudieron sortear la fuerza de la corriente, la profundidad y las bajas temperaturas del Río Bravo, 24 en Piedras Negras y ocho en Ciudad Acuña.
En tanto, Sofía es parte de los niños y las niñas desaparecidas en contexto migratorio que, de acuerdo con el Programa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas (PBPMD) del Servicio Jesuita a Migrantes en México, representan el 14% de los reportes que la asociación ha recibido en los últimos años. El SJM ha advertido, además, que se trata de un perfil que suele pasar desapercibido cuando se habla de desaparición de migrantes en México.
“Con respecto a Irma, desafortunadamente ellos como familiares se enteran un par de días después, realmente, de que el 18 fue localizado su cuerpo a las orillas del Río Bravo por las autoridades mexicanas. La que no aparece hasta el momento es la menor Sofía. Hay todavía varias interrogantes alrededor del asunto”, señala Fabienne Cabaret, abogada de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), que tuvo conocimiento del caso hasta una semana después.
Salvo por el proceso de repatriación del cuerpo de Irma, localizado e identificado por la Fiscalía General de Coahuila vía remota con ayuda de sus padres, que viven en Nicaragua, la desaparición de Sofía “estaba totalmente fuera del radar”. Hasta ese momento, no era motivo de búsqueda ni de investigación, cuando ya era claro que hacía falta localizarla, porque Irma llevaba en su ropa la documentación de su hija.
“No había ninguna acción específica al respecto, por lo menos de la que la familia tuviera conocimiento”, señala Cabaret. Es hasta el 24 de mayo cuando la fundación se entera del hecho y establece contacto con el papá de Sofía, que, junto con su tío, permanece en Estados Unidos. De la misma manera, logran tener comunicación con sus familiares en Nicaragua, para después asegurarse de que existiera un reporte de desaparición en la fiscalía local y de que esta emprendiera las tareas de búsqueda e investigación.
“Lo que hicimos fue poner en articulación a la Comisión de Búsqueda del estado de Coahuila con el señor Ángel Caballero, papá de Sofía, para que se formalizara el levantamiento de los reportes”, relata la abogada. Finalmente, el 25 de mayo, ocho días después de su desaparición, comenzó a circular de manera oficial la ficha de búsqueda de la niña.
Hasta aquel momento, las autoridades solo habían llevado a cabo el proceso de identificación de Irma, sin tomar en cuenta la desaparición de Sofía. “Eso es parte también de las cosas que llaman la atención, y es solo un caso, hay muchísimos más; después, además, nos vamos enterando, por el testimonio de la familia y la información de prensa, que probablemente se encontraron otros cuerpos”, dice Cabaret.
La abogada lamenta el desorden en la información a pesar de que los cruces por Piedras Negras son frecuentes: “Sabemos la situación, pero al tomar un caso en específico, te vas dando cuenta de cómo está el contexto. Es muy probable que no haya una capacidad o atención a la altura de la situación. En todo caso, ya se empezó con esa primera acción del reporte de desaparición y seguimos con la verificación de la existencia de un expediente de investigación por parte de la fiscalía”.
La intención de la fundación es, además, poder acompañar a la familia por la complejidad que representa el hecho de que no estén en México para poder dar seguimiento a las acciones de búsqueda e investigación. Para la abogada, resulta preocupante que, de no haberse dado un contacto a través de la FJEDD, el caso de Sofía no sería ni siquiera del conocimiento de la fiscalía local, y con los familiares fuera del territorio, habría sido muy complicado dar a conocer su desaparición.
“Desafortunadamente, preocupa siempre, cuando se trata de menores de edad, de niños de primera infancia, que eso nos muestra la tragedia que implica todo esto para la infancia… Si en un solo caso podemos detectar tantas situaciones inadecuadas, que invisibilizan a las víctimas, cómo estarán los demás”, cuestiona Cabaret.
Además, subraya la importancia de que el Mecanismo de Apoyo Exterior funcione adecuadamente.
En el caso de Sofía, lo primero que hizo su padre fue acudir al consulado de Nicaragua en Estados Unidos, donde no pudo encontrar una respuesta: “Hay mucha resistencia, dependiendo del consulado, no en todos, pero hay una tendencia general en el sentido de que no se quieren involucrar más allá de las facultades formales, diplomáticas, que tienen, y cuando los ciudadanos acuden a ellos para reportar una situación de desaparición, un secuestro o alguna otra en contexto de migración, son muy pocas las respuestas positivas de apoyo. La respuesta suele ser, como en este caso, ‘si algo sabemos, le informamos’, y hasta ahí”.
La FJEDD ha tratado de impulsar un rol más activo de los consulados y la Cancillería, para que las autoridades de los países de origen faciliten los procesos o, por lo menos, den seguimiento a los casos y acompañamiento o apoyo a las familias.
Animal Político publicó que el Mecanismo de Apoyo Exterior, creado por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, aunque ya instalado, aún no cuenta con lineamientos específicos que aseguren la coordinación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Fiscalía General de la República (FGR), el INM, la Cancillería y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Esto permitiría que cualquier familia pueda utilizar consulados o embajadas para denunciar desde donde esté.
“Por eso se cortan los procesos de búsqueda —explica Cabaret—, porque desde territorio extranjero, ya sea Estados Unidos o Centroamérica, la gente ni siquiera piensa que pueda haber una forma de denunciar o de asesorarse. Seguimos pugnando por la implementación de mecanismos como el Mecanismo de Apoyo Exterior, que es una de las batallas grandes de la fundación, porque ayuda mucho no solamente a colocar y garantizar el inicio de investigaciones penales en caso de desaparición y otros delitos, sino que permite esa conexión entre víctimas y autoridades investigadoras o buscadoras, que es clave para poder llegar a alguna respuesta”.
Con el nuevo sistema de justicia penal, la fundación ha encontrado ventajas para la comunicación electrónica, que permite sostener reuniones con las víctimas o desahogar diligencias a la distancia, pero falta “la práctica y la voluntad a conciencia de todo lo que ocurre en México, no solamente a las personas mexicanas, sino a las migrantes o con otra condición de extranjeras en el país; es evidente que se necesita una sensibilización desde los procesos de colaboración entre países”, concluye.
Hace unos días, Sofía Abigail cumplió cuatro años.