En carta a Javier Coello, Lozoya acusó presiones del gobierno para cambiar de abogados y de estrategia legal
“Habiendo visto la injustificada persecución en contra de mi familia, me es imposible creer que en mi caso no se observe el más mínimo respeto por los derechos humanos de mi familia, míos e incluso de mis propios abogados… conociendo tu postura divergente sobre las decisiones relacionadas con la estrategia y acciones que he definido por la misma presión que genera que mi madre, esposa y hermana estén siendo perseguidas… te relevo a que sigas representando mi defensa penal…”.
Estos son extractos de la carta fechada el 5 de junio de 2020 en Madrid, España, con la que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, comunicó a su entonces abogado, Javier Coello Trejo, y a su despacho de litigantes, que había decidido relevarlos de su defensa penal luego de casi tres años de representarlo en el caso Odebrecht.
En la misiva, de la que Animal Político tiene copia, Lozoya justifica la decisión de cambiar de abogados tras acusar que existían fuertes presiones en su contra, así como la necesidad de modificar su estrategia de defensa. La semana pasada, se revelaron audios de una llamada del fiscal general y el padre de Lozoya, que habría ocurrido meses antes de esta carta, donde justamente el fiscal le reclamaba cambiar de litigantes para no poner en riesgo la “colaboración” entre ellos.
“Las circunstancias hacen imposible que vayan adelante con lo que se viene”, añade Lozoya en la carta, y asegura a Coello que se trata de “una decisión muy difícil” debido al respecto que tiene por él, por su hijo —el también abogado Javier Coello Zuarth— y por la amistad con ambos.
“Como bien sabes, hace meses pondero la muy difícil situación en la que te ha puesto mi defensa legal ante la evidente pérdida de garantías que se vive actualmente en México en la impartición de justicia”, señala Lozoya.
Además, el exdirector de Pemex pone otro factor sobre la mesa: la “postura divergente” de los abogados Coello Trejo sobre las decisiones relacionadas con la estrategia que había decidido ante —sostiene Lozoya— las presiones que existían por la persecución penal sobre su familia.
“Quiero externarte nuevamente mi agradecimiento por todo tu apoyo, tu afecto y amistad a toda la familia Lozoya”, concluye el exdirector de Pemex.
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El contexto y las presiones a Emilio Lozoya
En 2017, la entonces PGR inició una investigación penal en contra de Lozoya, tras conocerse en Estados Unidos declaraciones de directivos de la constructora Odebrecht, en la que estos afirmaban haber sobornado al exdirector de Pemex para obtener contratos, un mecanismo de corrupción que la empresa de capital brasileño había replicado en varios países de la región. En 2019, a dicha indagatoria se sumó una segunda por los supuestos sobornos que otra empresa, Altos Hornos de México, le entregó a cambio de que gestionara la compra de Pemex, con sobreprecio, de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
Durante casi tres años, los abogados del despacho Coello Trejo y Asociados llevaron a cabo la defensa del exfuncionario del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Todo, bajo una misma hipótesis: que Lozoya era inocente, que el dinero que había recibido no era de sobornos sino de pagos de servicios antes de que asumiera el cargo y que, en todo caso, los contratos y otras adquisiciones se habían decidido por el propio presidente.
Pero desde finales de 2019 y a lo largo de 2020, el padre de Lozoya, el empresario Emilio Lozoya Thalmann, comenzó a negociar con la fiscalía una estrategia paralela: el ya no pelear sino colaborar a cambio de beneficios legales y una eventual exoneración. Esto implicaba que el exdirector de Pemex reconociera que había participado en hechos ilegales y que había recibido dinero de Odebrecht, pero no para quedárselo sino para —supuestamente— sobornar a legisladores de oposición.
Se trataba de una estrategia totalmente contraria a la diseñada por los entonces abogados defensores, quienes querían mantener la ruta de pelear en tribunales con la interposición de recursos legales. Uno de ellos fueron los amparos que el fiscal Alejandro Gertz Manero le reclamó al padre de Emilio Lozoya haber interpuesto.
Como Lozoya Austin señala en su carta, los Coello en realidad no estaban de acuerdo con que “la colaboración” fuera una buena idea. De acuerdo con personas con conocimiento del caso, el problema que veían los entonces defensores es que era complejo probar lo que le pedían denunciar.
Sin embargo, tras ser detenido en España en febrero de 2020, las cosas se aceleraron. El exdirector de Pemex decidió seguir la petición de su padre, relevó de su defensa a los Coello Trejo y aceptó renunciar a pelear el juicio de extradición a México. En su lugar nombró nuevos defensores: Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda.
Unas semanas después de haber llegado al país, Lozoya presentó una denuncia en contra de decenas de políticos de oposición, expresidentes y hasta una periodista, señalando múltiples hechos de supuesta corrupción, y a varios los acusó de haber recibido sobornos de parte suya.
No obstante, hasta ahora solo un exsenador ha sido procesado por estos hechos y no hay sentencias. Y aunque el haber seguido dicha estrategia le valió a Lozoya librar la prisión preventiva durante año y medio, en noviembre de 2021 fue encarcelado en el Reclusorio Norte luego de que la fiscalía consideró que no ha aportado la información suficiente ni ha reparado el daño.
Hasta la fecha, la FGR tampoco ha suspendido las acciones penales en contra de la madre de Lozoya, Gilda Margarita Austin y Solís, ni del resto de sus familiares. Y en enero pasado, solicitó a un juez que tanto el exdirector de Pemex como su madre sean sometidos a juicio, declarados culpables y que se les impongan penas de cárcel.
Rompimiento definitivo
Aunque en la carta de junio de 2020 Lozoya relevó de su defensa penal a los Coello Trejo, no les revocó los poderes legales para representarlo. De hecho, y como este medio ya detalló en otra nota, firmó un convenio con ellos para que a nombre suyo iniciaran una demanda civil en contra del empresario Carlos Adolfo Autrey Díaz, a quien el exfuncionario le había prestado 31 millones de pesos y no se los había devuelto.
Finiquitar ese proceso era clave ya que, al momento de relevarlos de su defensa, Lozoya tenía un adeudo de 25 millones de pesos con el despacho Coello Trejo y, para pagar, ofreció ceder los derechos del contrato de préstamo con Autrey y que de ahí se cobraran los honorarios no cubiertos.
Así se mantuvo la situación hasta que, en abril de este año, Lozoya decidió revocarle definitivamente los poderes a Coello Trejo y Asociados, con lo que ya no pudieron representarlo en ningún otro caso.
Los Coello, por su parte, denunciaron que pudo haberse cometido un posible fraude y estudian acciones legales contra el exdirector de Pemex, en caso de que este no les entregue la millonaria suma que les debe.
