La Corte pospone la discusión sobre el desafuero y la orden de arresto contra Francisco García Cabeza de Vaca
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso el análisis de las controversias constitucionales sobre el desafuero y la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Con esto, el tema será analizado y discutido hasta después de las elecciones del 5 de junio para renovar la gubernatura de Tamaulipas.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá solicitó a la Primera Sala enlistar estos asuntos con los números 50/2021 y 70/2021.
En el primer caso, el Congreso local impugnó el desafuero de García Cabeza de Vaca resuelto por la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2021, un acto que no fue homologado por el Legislativo local, donde en ese momento había una mayoría del PAN. También se debe resolver la impugnación sobre la orden de aprehensión en contra del gobernador que obtuvo la Fiscalía General de la República (FGR) en mayo de 2021.
Javier Martín Reyes, profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo en entrevista con Animal Político que lo que se discutirá es quién tiene la última palabra en el proceso de desafuero de gobernadores: ¿el Congreso local o la Cámara de Diputados?
“Hay una interpretación que dice que la última palabra la tiene la Cámara de Diputados y lo que dice es que en el momento que se le quita el fuero a un gobernador, entonces ya puede ser procesado penalmente porque ya se le quitó la inmunidad procesal. Pero hay otra interpretación, que creo que es la correcta, que dice que cuando se trata de funcionarios locales se necesita la declaratoria de la Cámara de Diputados y también del Congreso local”, dijo el también abogado constitucionalista.
El proceso de desafuero del gobernador de Tamaulipas comenzó a inicios de 2021 a solicitud de la FGR, por los delitos que le atribuye de lavado de dinero, asociación delictuosa y defraudación fiscal.
El gobernador está implicado en posibles operaciones de lavado de dinero por más de 100 millones de pesos, con recursos que provendrían, presuntamente, de posibles hechos de corrupción e incluso de triangulaciones con dinero ligado al narcotráfico.
