El caso contra César Duarte: el proceso que le espera y las investigaciones por corrupción que aún tiene pendientes
El priista César Duarte Jáquez fue extraditado ayer por Estados Unidos para ser enjuiciado en Chihuahua, estado del que fue gobernador de 2010 a 2016, por los delitos de asociación delictuosa y peculado agravado por un monto de más de 96 millones de pesos.
Duarte, que estaba afiliado al PRI desde 1980, es acusado por la Fiscalía General de Chihuahua de haberse coludido con varios funcionarios para transferir recursos públicos a dos empresas de las que era socio, entre 2011 y 2014. El gobierno federal logró su extradición con base en una orden de aprehensión girada por un juez de Chihuahua por ese caso en octubre de 2019.
Sobre el exmandatario están vigentes en el fuero estatal otras 17 órdenes de aprehensión por otros casos de corrupción. Además, existe una orden de aprehensión a nivel federal que fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), por el delito de peculado electoral.
Al margen de esos casos, Duarte también fue denunciado e investigado por la llamada “Operación Zafiro”, un presunto mecanismo de triangulación de recursos federales para financiar campañas electorales del PRI y que se implementó en varios estados. Este asunto no derivó en una orden de aprehensión contra el mandatario ni escaló a niveles jerárquicos superiores, debido a que el gobierno federal, en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), arrebató a la fiscalía de Chihuahua el expediente y terminó por desistirse de la investigación.
Animal Político reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) inició en 2021 la integración de una nueva carpeta de investigación contra el priista tras detectar que tuvo un enriquecimiento inexplicable que asciende a 190 millones de pesos.
La defensa de Duarte sostiene que, conforme el “principio de especialidad” que rige los tratados de extradición, el priista solo podrá ser juzgado por el caso por el que procedió su extradición.
“Como viene bajo el principio de especialidad, no le pueden imputar más delitos de los que vienen autorizados por Estados Unidos; lo único que le van a poder atribuir es esta causa de asociación y peculado; es la única. Le habían librado alrededor de 19 órdenes de aprehensión, unas se han caído, pero lo que es una realidad es que no le pueden imputar más causas que esa”, afirmó su abogado, Ricardo Reyes Retana.
No obstante, existen antecedentes en los que personas extraditadas fueron imputadas en México por delitos distintos a los autorizados por el país extraditante. Fue el caso del veracruzano Javier Duarte, quien fue extraditado inicialmente solo por hechos de corrupción, pero luego se integró una carpeta de investigación en su contra por desaparición forzada, caso en el que México pidió autorización a Guatemala —el país que lo extraditó— para hacer una excepción al principio de especialidad.
Con este antecedente, es posible que César Duarte sea procesado por los demás delitos de que se le acusa, siempre y cuando Estados Unidos otorgue su beneplácito.
El caso de los 96 mdp
Duarte logró ser extraditado a México con base en una solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la FGR. En la solicitud de extradición, el exgobernador —que también fue diputado federal y local por el PRI— fue acusado de haber orquestado el desvío de 96.6 millones de pesos a dos empresas en las que era fundador, accionista mayoritario y presidente del consejo de administración: Unión Ganadera y Financiera de la División del Norte.
De acuerdo con el diario Milenio, la solicitud de extradición señalaba que los recursos malversados provenían de fondos originalmente destinados a dar subsidios y créditos a productores ganaderos y para promover la disponibilidad de carne de res de mejor calidad.
Los recursos fueron desviados mediante contratos simulados para la compra de equipos de inseminación artificial de ganado, compra de vaquillas, transporte de ganado, alimento para ganado y granos para productores, así como para la adquisición de un inmueble.
La solicitud del gobierno mexicano señala como cómplices de Duarte a Carlos Hermosillo, que a la postre sería diputado federal y que falleció en un accidente automovilístico; a Guadalupe Medina Aragón, tesorero de una empresa del exgobernador, y a varios funcionarios estatales.
“El dinero transferido del erario estatal a Unión Ganadera y a Financiera bajo los contratos y la compra inmobiliaria no fue usado para lo que estaba destinado. El análisis financiero trazó que el dinero fue a cuentas bancarias, propiedades y compañías relacionadas con Duarte o sus socios. De acuerdo con testigos, Duarte, Hermosillo y Guadalupe Medina Aragón —quien sirvió como contador en Unión Ganadera y Financiera, así como contador personal de Duarte y contador de Pavimentos y Servicios de Parral SA de CV, compañía constructora de la esposa de Duarte— eran los únicos que administraban los fondos de las compañías y estaban al tanto de la dispersión de los mismos”, indica la solicitud de extradición.
El documento detalla que, en junio de 2011, las secretarías de Hacienda y de Desarrollo Rural autorizaron el pago de 53.5 millones de pesos a Unión Ganadera supuestamente para la adquisición de equipamiento para la inseminación artificial de ganado. Ese dinero fue transferido a la cuenta de Pavimentos y Servicios, desde la cual, a su vez, se hicieron varios pagos, uno de los cuales fue para una tarjeta de crédito American Express a nombre de la esposa de Duarte, y otro para el administrador del rancho El Milagro, propiedad del exgobernador.
Ayer, nada más aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la fiscalía de Chihuahua cumplimentó una orden de aprehensión girada por un juez local en contra de Duarte por este caso de peculado agravado, delito que sirvió de base para su extradición.
“Nómina secreta”
Otra de las acusaciones contra Duarte está relacionada con el supuesto desvío de alrededor de mil millones de pesos de la “caja chica” de la Tesorería del estado que habrían sido usados para pagar sobornos a legisladores y políticos de diversos partidos, funcionarios públicos, líderes sindicales y medios de comunicación, en un caso conocido como “nómina secreta”.
La investigación señala que, durante el sexenio de Duarte, entre 2010 y 2016, mes con mes, se extraían cheques de entre 15 y 20 millones de pesos de las partidas de la Secretaría de Hacienda destinadas al gasto operativo y al pago de la nómina de los empleados estatales, recursos que eran depositados a una empresa de traslado de valores que, a su vez, hacía llegar el dinero líquido a las oficinas de la Tesorería estatal, donde era resguardado y administrado para el pago de los sobornos.
Entre los personajes acusados de estar en la “nómina secreta” de Duarte se encuentra la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien, según la acusación, cuando era vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN en el Congreso estatal, habría recibido sobornos por 10 millones de pesos. Los pagos también habrían sido dados a César Jáuregui, coordinador de la bancada, con la finalidad de que ambos jefes panistas apoyaran en el Legislativo los intereses del entonces gobernador Duarte, especialmente en la aprobación de las cuentas públicas y la adquisición de deuda.
Otras figuras señaladas en el expediente como beneficiarios de los sobornos son Cruz Pérez Cuéllar, exsenador y actual alcalde de Ciudad Juárez; Armando Cabada, exalcalde de esa ciudad; Hortensia Aragón, exdiputada local y exdirigente del PRD, y Fernando Reyes Ramírez, exdiputado local de MC.
También Javier Contreras Orozco, exdirector del Heraldo de Chihuahua; María Ávila Serna, exdiputada local del PVEM; Rodrigo de la Rosa, excoordinador del PRI en el Congreso local; Cristopher James Barousse, exlíder nacional de Jóvenes del PRI, y Teokali Hidalgo, exdirigente municipal del tricolor en la ciudad de Chihuahua.
Cinco de dichas personas admitieron haber sido beneficiarias de los pagos de Duarte y se acogieron al criterio de oportunidad para colaborar con el Ministerio Público; como parte del acuerdo de reparación del daño, devolvieron en conjunto 19.2 millones de pesos al erario estatal.
Peculado electoral
En 2017, la FEDE (antes Fepade) obtuvo una orden de aprehensión contra Duarte por “peculado electoral”, efectuado mediante la retención ilegal de salarios a 700 empleados del gobierno estatal a lo largo de seis años.
De acuerdo con la acusación, en ese periodo se acumularon, al menos, 79 millones de pesos, aunque la FEDE únicamente imputó a Duarte la retención de 14.9 millones de pesos correspondientes a 2015, mismos que habrían sido desviados al PRI estatal para financiar campañas electorales.
“Se le quitaba entre el 5 y 10% de los salarios a todos los trabajadores respecto a una compensación que se les tenía que dar. Y ese dinero era filtrado a través de una cuenta, en la que se expedía un cheque, que era cobrado en efectivo y entregado a las oficinas de la tesorería del PRI en el estado de Chihuahua”, explicó el entonces titular de la FEDE, Santiago Nieto.
“El punto central es que se trata de dinero que no era reportado al INE, se trata de dinero que se quedaba el PRI en el estado de Chihuahua, que se utilizaba para las campañas electorales y que evidentemente es una transgresión a las normas de financiamiento por varias vías”.
“Operación Zafiro”
Una vez que el panista Javier Corral asumió la gubernatura de Chihuahua, la fiscalía estatal descubrió que a inicios de 2016 —previo a los comicios de ese año en varias entidades— fueron desviados 250 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda estatal mediante contrataciones simuladas con empresas fantasma.
La fiscalía obtuvo las facturas que comprobaban los desvíos y consiguió que varios exfuncionarios de Duarte —acogidos a un criterio de oportunidad— testimoniaran cómo se habían efectuado los desvíos.
Durante la investigación se documentó que el dinero malversado provenía de un convenio del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) autorizado por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda federal. El jefe de la unidad era Isaac Gamboa Lozano, quien fue asesinado en mayo de 2020, mientras que el titular de la SHCP era Luis Videgaray.
La extradición de Cesar Duarte es fruto del empeño y tesón de muchas personas en una ardua y dura batalla contra la corrupción y la impunidad. El trabajo coordinado de la @SRE_mx, la @FGR y la FGE durante mi gobierno, ha logrado que finalmente enfrente la Justicia en nuestro País
— Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) June 3, 2022
Exfuncionarios de Duarte declararon a la fiscalía chihuahuense que, una vez pagados a las empresas fantasma, los recursos debían ser transferidos a las arcas del PRI nacional, que entonces dirigía Manlio Fabio Beltrones.
La carpeta de investigación incluyó testimonios que señalaban que el exgobernador Duarte ordenó a sus subalternos efectuar los desvíos, con la justificación de que era un acuerdo entre el mandatario y el dirigente nacional del PRI.
Particularmente un exfuncionario de Chihuahua, el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera, relató —según publicaciones en medios— una reunión en la que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, entonces secretario general adjunto del CEN del PRI, le planteó, por instrucciones supuestamente de Beltrones, el plan original para desviar los 250 millones de pesos.
Ese esquema de malversación de fondos públicos recibió el nombre de “Operación Zafiro”.
En esa reunión, Gutiérrez —conocido como “La Coneja”— reveló que la operación se replicaría en más estados. Publicaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad e informes de inteligencia a los que Animal Político tuvo acceso muestran que la red de empresas fantasma usada en Chihuahua también recibió transferencias millonarias de Durango, Morelos, Sonora, Colima, Michoacán y el Estado de México. En total, fueron desviados, al menos, 547 millones de pesos en 2016.
La fiscalía de Chihuahua no pudo terminar la investigación del caso debido a que el gobierno de Peña, por medio de jueces federales y la entonces PGR, maniobró para arrebatarle al estado el expediente sobre la “Operación Zafiro”. Una vez que la procuraduría tuvo el caso en sus manos, se desistió de las acusaciones.
Solo algunos exfuncionarios estatales fueron procesados penalmente, lo mismo que Alejandro Gutiérrez, aunque por otros casos de desvíos menores.
El gobierno de Chihuahua tramitó un juicio de amparo con el que busca echar atrás el desistimiento de la PGR y reabrir el expediente. El asunto se encuentra congelado en la Suprema Corte de Justicia.
