23 estados esperan la despenalización del aborto; con amparos, algunos apuestan por la homologación al criterio de la Corte 

Aunque 23 estados siguen esperando por la despenalización del aborto en sus códigos penales, algunos, como Aguascalientes, Puebla y Baja California Sur, han optado por la vía del amparo para obligar a la homologación con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) que, desde 2021, declaró inconstitucional la criminalización del aborto. 

Acompañados por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), otros tres estados se sumarán en las próximas dos semanas al esfuerzo por la vía del amparo, según confirmó la organización. Estos se darán a conocer una vez que la acción legal sea promovida, pues aún continúa el diálogo con las colectivas a nivel local para ver cuáles de ellas se sumarían.

Esto, a raíz de la determinación de la SCJN del 7 de septiembre de 2021, mediante la cual resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales. 

Aunque la resolución de la Corte es un precedente para que, en adelante, ningún juez local o federal determine encarcelar a una mujer por el delito de aborto, las organizaciones y colectivas coinciden en que la despenalización a nivel local sigue siendo no solo importante, sino necesaria como paso obligado para homologar las legislaciones locales con lo determinado por la SCJN.

Mientras que el martes pasado, con reformas a su Código Penal y Ley de Salud locales, Guerrero se convirtió en la novena entidad donde el aborto voluntario está despenalizado, bajo ciertas condiciones —además de la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Coahuila y Sinaloa—, otros estados siguen en el intento por la vía del amparo o la insistencia legislativa, incluso tras el rechazo de varias iniciativas.

Es el caso de Quintana Roo y Puebla, donde un activismo fuerte y con mucha presencia ha llevado incluso a la toma de los congresos locales, a largos procesos de iniciativas presentadas, y también a obstáculos para dictaminarlas y pasarlas a pleno.

En Puebla, por lo menos cuatro bloques de iniciativas han sido congelados o han quedado olvidados después de haberse turnado a comisiones. En otros estados, como Guanajuato, también hubo iniciativas que quedaron olvidadas; en Durango, se dio un proceso muy amplio de recolección de firmas para una iniciativa ciudadana, que después se vio obstaculizada; en Morelos, las iniciativas nunca fueron votadas; en Michoacán, aunque también se han dado, han enfrentado diversos obstáculos; en Jalisco, se presentó una que sigue en el Congreso local en espera de ser dictaminada; en Sonora, aunque existe una movilización social fuerte, no se ha reflejado en esfuerzos legislativos, y en Nayarit, apenas comienza el diálogo entre la sociedad civil y las legisladoras. 

“Las despenalizaciones están avanzando en un momento muy histórico, para el que pasaron muchos años desde la despenalización de 2007 (en la CDMX) para que Oaxaca finalmente pudiera en 2019. A partir de ahí, se han acelerado y una lucha histórica que tenía décadas justo ahorita está avanzando de manera muy acelerada en toda América Latina, producto de las movilizaciones sociales que han estado exigiendo que pueda haber acceso al aborto legal, seguro y gratuito”, explica Santana. 

“Es muy importante decir que en todos los estados hay sociedad civil organizada, colectivas locales y activistas independientes que están reclamando muy fuertemente que se pueda despenalizar y legalizar el aborto en sus estados; muchos de ellos sí han retomado las exigencias y presentado iniciativas, pero están detenidas por falta de voluntad política. Hoy estamos en otro momento en cuanto a la despenalización del aborto, porque las resoluciones que la Corte emitió el año pasado son clave para los procesos de despenalización”, añade Santana.

Sin embargo, las estrategias diferenciadas también han resultado en reformas estatales variadas, la mayoría con la consideración de 12 semanas, pero no siempre con una modificación a las leyes estatales de salud que garanticen no solo la ausencia de castigo para mujeres y personas gestantes, sino el acceso al aborto como un servicio de salud seguro y gratuito. Aun así, en los estados, no debería ser problema que primero exista una reforma al Código Penal y después a la Ley de Salud, porque la Secretaría de Salud federal ya ha emitido lineamientos técnicos para brindar el servicio, aunque no siempre se cumplen.

“Esos modelos de semanas en realidad ya son obsoletos, porque no estamos en 2007 discutiendo ese tema. La Corte ya trascendió lo de las 12 semanas; entonces, se abre la puerta a no obstaculizar por periodos. Si bien hay iniciativas que sí contemplaron la adición en las leyes de Salud, el escenario ideal es quitar el aborto del Código Penal y, como la Corte también dijo que el aborto es un derecho, dar el acceso y, en ese sentido, modificar las leyes de Salud para que se reconozca”, subraya la coordinadora de la REDefine.

En tanto, con su acompañamiento legal, el área de Documentación y Litigio de Casos de GIRE sigue en la vía de los amparos con la confianza de que en los estados donde los congresos no estén dispuestos a legislar, esta sea la opción para lograr despenalizar mediante el trabajo conjunto de colectivas y organizaciones. 

Sin certezas en el nivel federal

A nivel federal, el escenario sigue siendo incierto. Aunque la despenalización en los estados es prioritaria porque el aborto generalmente es procesado como un delito del fuero común, y la acusación se hace a nivel local, sería necesario hacer cambios en la Ley General de Salud para garantizar el acceso al aborto gratuito como un servicio más, no solo por parte de las secretarías de Salud locales, sino también del IMSS y del ISSSTE. 

Con este propósito, a raíz de la resolución de la Corte de septiembre de 2021, 11 senadoras de todos los grupos parlamentarios del Senado —incluidos el PAN y el PES— presentaron una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la Ley General de Salud y el Código Penal Federal.  

“Las reformas son para el Seguro Social y el ISSSTE. Por eso es importante, porque la Federación tiene muchos servicios hospitalarios y de atención en los estados; si se despenaliza solamente en el estado, únicamente los servicios de salud estatales, o municipales si hay, pueden brindar la interrupción legal del embarazo. Nosotros le hemos dicho al IMSS y al ISSSTE que no pueden negarse: si en el estado donde están sus clínicas está despenalizado y es un servicio de salud, lo tendrían que dar. Sin embargo, no es así, no está tan claro; a veces sí lo hacen, a veces no”, señala la senadora Patricia Mercado.

La iniciativa propuesta detalla que, como parte de las reformas a la Ley General de Salud, se agregaría un apartado que especifica: “Todas las personas e instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud deberán brindar de manera gratuita los servicios de aborto seguro, independentiemente de si la usuaria cuenta o no con derechohabiencia, en los términos de la presente Ley y de las disposiciones reglamentarias o normativas que para tal efecto expida la Secretaría, debiendo garantizarle a la mujer embarazada o persona gestante las mejores condiciones de seguridad y calidad para la atención médica”.

Además, contempla el tema de objeción de conciencia, luego de que el pleno de la SCJN declarara la invalidez del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, que indica que el personal médico y de enfermería puede ejercerla, y así excusarse de participar en la prestación de servicios. La Corte advirtió que la ley no establece los lineamientos y límites necesarios a los que debe apegarse el ejercicio de la objeción de conciencia para no poner en riesgo los derechos humanos de las personas, especialmente el relativo a la disponibilidad de los servicios de salud, por lo que llamó a su regulación.

“Eso también es importante, porque los estados y los servicios de salud se cobijan en el tema de la objeción de conciencia, tal como está en este momento, para no brindar servicios de aborto. Se reforma el tema ahí mismo, en la Ley General de Salud, y como estamos hablando de una ley general, es de observancia obligatoria para todo el país”, explica Mercado.

Mientras que el tema penal, asegura la legisladora, está cubierto con la resolución de la Corte del año pasado y avanza en los congresos locales, es necesario que el otorgamiento del servicio impacte en los servicios federales, IMSS e ISSSTE: “Regularmente no se hace, ahí hay un vacío en el sentido de si están obligados o no, a partir de que ‘mi clínica está en este estado’, pero finalmente es una institución federal, no estatal. Hay un vacío, por eso es importante cambiar la Ley General de Salud, porque entonces ya obliga a todos los servicios de salud a la interrupción a las 12 semanas”.

Hasta ahora, las reformas propuestas en materia de aborto no han avanzado en su dictaminación ni discusión en el Congreso federal y su destino es incierto, pues, de acuerdo con Mercado, no es una prioridad para el gobierno, la mayoría legislativa está estrechamente ligada a la postura del gobierno federal, y en ese nivel existe, además, una intervención y preocupación de los poderes fácticos: económicos, políticos y eclesiásticos.  

En Coahuila, el aborto debe considerarse despenalizado

Tanto el ILSB como GIRE coinciden en que Coahuila, donde desde hace ocho meses la SCJN invalidó el artículo 196 del Código Penal local, que penalizaba el aborto, debe contar como un estado donde la despenalización ya es efectiva, por lo que Guerrero es la novena entidad —y no la octava— donde esto ocurre.

“Me parece importantísimo decir que en Coahuila ya está despenalizado el aborto. Es súper importante difundir esto, porque se quedaron pensando que aún faltaba que el Legislativo armonizara el Código Penal de Coahuila, pero ya surtió efectos; está ahí que se derogaron esos artículos por la resolución de la Corte; me parece importante gritarle a todo el mundo que el aborto está despenalizado en Coahuila”, subraya Cristina Santana, de la REDefine. 

Melissa Ayala, de GIRE, reafirma que, cuando la Corte lo declaró inconstitucional, el estado se quedó sin delito de aborto, por lo que hablaríamos de nueve estados, aunque estaría pendiente saber si el Congreso local hará alguna modificación a la Ley de Salud.

“El primer paso es lograr que se saque el aborto de los códigos penales. El siguiente paso, o a la par también tendría que trabajarse, es lograr que en aquellos estados donde se despenalice se garantice el acceso, y se garantice de una manera adecuada: con el equipo necesario, el personal capacitado y, sobre todo, garantizar que existan médicas y médicos no objetores en todos los estados que vayan a proveer el servicio”, explica Ayala. 

Aunque al día de hoy el Congreso no ha reformado la ley, asociaciones civiles y colectivas coinciden en que la decisión del máximo tribunal garantiza que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan interrumpir su embarazo.

Malu, activista de Coahuila, explica que, antes de que la Corte declarara inconstitucional este delito, en el estado se brindaba atención a mujeres que buscaban interrumpir su embarazo por ser producto de una violación o por alteraciones congénitas mediante el programa Aborto Seguro. A partir de la sentencia de la SCJN, aunque no se ha reformado el Código Penal local, este servicio se puede dar por voluntad de la mujer o persona embarazada, es decir, no ha sido necesario cambiar las normas para que se respete la invalidez de la criminalización.

“Tenemos la despenalización y hay un programa que se llama Aborto Seguro, pero la atención todavía no es la mejor. Les proporcionan medicamentos y son procedimientos que hacen en casa, pero si se acaba el horario del hospital, ya no las atienden ni les contestan el teléfono. Muchas de las pacientes acuden a nosotras para que acompañemos sus procedimientos, les damos contención e información porque desgraciadamente hay personal que no las trata bien y las juzga”, señala Malu.

Pese a este panorama, reconoce que, a partir de la despenalización del aborto, ha habido mayor demanda, lo que atribuye a que también hay más información al respecto, accesible a la población. Asegura que la Red de Aborto Seguro Saltillo pasó de atender 30 solicitudes de mujeres y personas que buscan interrumpir su embarazo al mismo número pero cada día.

Para la activista y acompañante de abortos, el que no se hayan modificado el Código Penal de Coahuila ni la Ley Estatal de Salud muestra falta de interés por parte de las autoridades locales para reconocer los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar; sin embargo, dice, la despenalización decretada por la Corte ha abierto el diálogo entre las y los ciudadanos para hablar de un tema que antes era tabú y hoy es una realidad.

En Puebla, otra iniciativa espera 

Aunque en la Legislatura pasada, en Puebla se presentaron al menos cuatro bloques de iniciativas para reformar tanto el Código Penal como la Ley de Salud del estado, la última, remitida en junio del año pasado, a pocos meses de que se iniciara una nueva Legislatura, quedó pendiente y nunca fue retomada.

En enero de este año, ingresó una nueva iniciativa, promovida por diputadas de Morena y que solo despenaliza —sin reformar la Ley de Salud—, por lo que, de nuevo, está corriendo el tiempo de 120 días que los legisladores locales tienen para dictaminar, y que se cumplirá este mes. El escenario ideal, al igual que para todos los estados, sería con ambas reformas, pero para las colectivas, por lo menos la despenalización es un primer paso importante. 

“Se puede hacer por separado aunque de por sí, en varios contextos se ha mostrado la dificultad que implica, cuando hay reforma a la Ley de Salud, que se den los servicios, si no hay un marco normativo, al final podrían no darse de manera oportuna”, dice Natali Hernández, de la Campaña Aborto Legal Puebla.

Además, varias organizaciones han comenzado el diálogo en el estado para plantear la posibilidad de 14 semanas, dado que el marco de 12 está rebasado, aunque esa iniciativa todavía no ha sido presentada. A esto se suma que, junto con Aguascalientes, estuvieron entre los dos primeros estados en promover el amparo, acompañados por GIRE, para tratar de impulsar la homologación del Código Penal al criterio de la SCJN, sin pasar por la vía legislativa. 

“La reflexión que hemos tenido varias organizaciones que estamos trabajando en este tema es que las 12 semanas siguen siendo un criterio arbitrario; mantener la penalización después de cierto periodo sigue poniendo en riesgo a mujeres que, por distintas razones, no acceden a un servicio, no lo conocen. Sancionar después de esas semanas no es lo que queremos; ya no queremos que más mujeres sean castigadas, queremos que este sea un tema de salud pública”, explica Hernández.

Sin embargo, el escenario en el estado, algo en lo que coincide GIRE, es complicado: los sectores legislativos en el Congreso permanecen divididos, las pugnas internas mantienen a las activistas a la expectativa de si los partidos podrían ir o no en bloque y persisten las posiciones radicales de la derecha. Además, en el contexto político, ha sido notoria la cercanía del gobernador y de algunos legisladores con la jerarquía católica local. 

Aun así, Natali Hernández confía en que es un tema impostergable: “Tendrán que entrarle a esta discusión, porque el movimiento se ha fortalecido mucho, los costos políticos también se los pueden cobrar las feministas organizadas; la Marea Verde no solo es el pañuelo y la pose, sino que cada vez más mujeres confían en que esa es la gran deuda pendiente en el ejercicio de nuestra autonomía. Es increíble alrededor de Puebla: Oaxaca, Veracruz, Guerrero… si el asunto es que no abortemos, nos podemos ir a cualquier otro estado aquí al lado”.

Cristina Santana coincide en que en Puebla, con la toma del Congreso y la fuerza y presión de la sociedad civil, hay un movimiento muy fuerte del tema, pero ha faltado voluntad política y es difícil saber si ese contexto cambiará.

Otra preocupación radica, además, en estados en donde ya hay despenalización, pero las mujeres y personas con capacidad de gestar no tienen clara la legalidad ni las rutas para acceder a este servicio, como lo ha detectado la REDefine en Veracruz.

“En Ciudad de México tenemos un modelo donde hay clínicas especializadas para realizar abortos, pero en otros estados no tendrían que esperar a que hubiera, sino que en los propios hospitales, unidades médicas y clínicas tendrían que estar brindando este servicio. En Veracruz, hemos visto que sí hay complicaciones en la claridad de a dónde acudir para ejercer este derecho, y sería bueno fortalecer los mecanismos que tienen, como su línea telefónica, donde a veces no contestan. Después de una despenalización, es importante asegurarnos de que sí suceda el acceso a este derecho”, subraya Santana.

En otros estados, la despenalización por la vía legislativa es hasta ahora prácticamente imposible, particularmente, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas, Nuevo León y Yucatán, donde tendrán que explorarse otras alternativas.

Con información de Eréndira Aquino.