Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sostuvo una reunión con 220 reclusas (sentenciadas y procesadas) del penal de Santa Martha Acatitla, al oriente de Ciudad de México, donde algunas de ellas le contaron que no tuvieron acceso a la justicia o se cometieron abusos.
Por esa razón y tras la firma del convenio “Por una Justicia Cercana a la Gente”, la Defensoría Pública federal trabajará con algunos casos desde la próxima semana.
“La defensoría pública federal, de acuerdo al convenio que celebramos con la Ciudad de México, estará aquí desde la próxima semana para ver a quién podemos ayudar con sus casos”, declaró Zaldívar.
Aunque este convenio acaba de hacerse oficial, el ministro Zaldívar dijo que el 3 de mayo, una mujer del penal de Santa Martha Acatitla ya fue liberada con esta nueva asistencia legal.
El ministro presidente de la SCJN explicó que unas 663 mujeres firmaron una carta donde expusieron sus casos, pero finalmente la reunión se dio con 220 de ellas, incluida la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, acusada de ejercicio indebido del servicio público y omisión en un desfalco millonario.
Uno de los casos que ejemplificó Zaldívar fue el de una reclusa que lleva cerca de 20 años presa, sentenciada a más de 40 años por el delito de homicidio calificado.
Otro caso es el de Ana Hernández, quien lleva 18 años presa y aún le faltan 25 años de condena. Sus familiares se manifestaron a las afueras del penal para pedir al ministro Arturo Zaldívar que revise su expediente.
“La culpan de dos homicidios que no cometió, no se los probaron, no fue cierto, fue muy truculento y por eso la inculparon”, dijo el hermano de la interna.
Zaldívar dijo que los delitos fabricados, violaciones al debido proceso, las fallas de ministerios públicos, policías, fiscalías, juezas y jueces, es un panorama que refleja el drama de las mujeres en prisión en México y se comprometió con las internas para revisar caso por caso en lo general y lo particular.
Además, el ministro dijo que existe un abuso de la prisión preventiva oficiosa y pese a esto, la delincuencia no ha disminuido.
“Comprobé los vicios del sistema penal mexicano y que he venido denunciando desde hace mucho tiempo. La necesidad de revisar la prisión preventiva oficiosa, de establecer criterios más claros para la prisión preventiva justificada. Tenemos que desterrar que haya procesos tan largos y que las personas puedan estar presas 10 o 15 años sin haber sido sentenciadas”, agregó el ministro presidente de la SCJN.
Animal Político ha documentado que en los últimos tres años se ha incrementado el número de personas privadas de la libertad y llevadas a centros penitenciarios, más de 41%, legalmente son inocentes, al no tener una sentencia. A esto se suma que el sector más desprotegido es el de mujeres.
En el primer trimestre del año, las mujeres presas pasaron de 12 mil 490 a 12 mil 872, un incremento del tres por ciento, el doble que el 1.5 por ciento que creció la población de hombres al pasar de 209 mil 886 a 213 mil 61 internos, respectivamente.
La cifra de personas sometidas a prisión preventiva ha crecido desde que en 2019 se aprobaron las reformas constitucionales, impulsadas por el gobierno con el respaldo de todos los partidos, para incrementar el catálogo de delitos que ameritan encarcelamiento automático como medida cautelar.
